Bruselas
La Comisión Europea ultima los detalles para volver a la aplicación de las nuevas reglas fiscales a partir de 2025. Un marco de gobernanza económica reformado marcará las pautas para los Estados miembro, que, tras años de manga ancha de gasto por la pandemia, deben volver a la contención fiscal para cumplir con los objetivos de déficit y deuda europeos. Bruselas presentará este martes su evaluación sobre el plan fiscal del Gobierno para reducir el déficit al 0,8% en 2031 y volverá a pedirle que remita unos presupuestos para 2025.
En esta cita en Estrasburgo, al amparo del pleno del Parlamento Europeo que se celebra esta semana, la Comisión Europea presentará la primera parte de su paquete de otoño, que incluirá la evaluación de los planes fiscales a medio plazo, las recomendaciones para los países que se encuentran en procedimiento por déficit excesivo –como Francia o Italia-, y los análisis de los presupuestos para 2025. Dado que Moncloa tiene esta última tarea pendiente, el Ejecutivo comunitario insistirá a España que presente sus cuentas de 2025.
El mensaje no es nuevo. En los últimos meses, el Ejecutivo comunitario ha reiterado a España que debe enviar unas cuentas para el próximo año. El plazo máximo finalizaba el 15 de octubre, pero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya avisó de que se retrasaría. La justificación apuntaba a evitar una prórroga presupuestaria que no fuera efectiva y obligara al Ejecutivo comunitario a duplicar sus análisis.
Pero desde Bruselas ya advirtieron a España de que el límite legal para remitir los presupuestos era mediados de octubre y que el margen se limitaba a una cuestión de días. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, avisaba en el Eurogrupo de octubre que la "flexibilidad" de la Comisión Europea es "limitada". Así instaba al Gobierno a remitir unas cuentas para el próximo año, conjuntamente con el plan fiscal que sí entrego para esa fecha. El riesgo patente es que un plan fiscal, sin unas cuentas que lo apoyen, corre el riesgo de convertirse en papel mojado. A efectos prácticos, las cifras del plan fiscal no tendrían un sustento que garantice su cumplimiento.
Sin embargo, las consecuencias de la Dana en el este y sur de España suavizarán y mucho el tono del Ejecutivo comunitario. Lo cierto es que Bruselas entiende que la catástrofe natural ha obligado a reestructurar las partidas presupuestarias y, por tanto, que este proceso fuerce a retrasar todavía más la entrega de las cuentas del próximo ejercicio.
En lo que se refiere a la evaluación de los planes fiscales y al cumplimiento del marco de gobernanza económica, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, informaba que España contará con mayor flexibilidad fiscal. Las nuevas reglas fiscales incluyen disposiciones específicas para hacer frente a situaciones de emergencia, como las relativas a acontecimientos graves que escapan al control del Gobierno. Por ello, si se produce cierto desvío respecto a las indicaciones de la Comisión Europea se considerará "excepcional".
Por tanto, la Comisión Europea tendrá en cuenta tal excepcionalidad a la hora de evaluar una posible desviación del objetivo de déficit del 3% que fijan las reglas fiscales para todos los Estados miembro o de la senda de gasto primario neto que fija Bruselas para cada país en el contexto de su supervisión fiscal.
El plan fiscal estructural es un documento que los países debían presentar por primera vez a Bruselas este año como antesala de las nuevas reglas fiscales. La idea de este documento es dar cierto control a los países para responsabilizarse de sus cuentas al tiempo que introduce una nueva variable para que la Comisión Europea evalúe el cumplimiento: el gasto primario neto en lugar del déficit del anterior marco de gobernanza económica. Se trata de una hoja de ruta a cuatro años, extensible a siete, si se comprometen reformas e inversiones adicionales.
Es una idea que gustó al Gobierno. En su plan fiscal, España plantea una senda descendiente del déficit público hasta el 0,8% en 2031. En este mismo horizonte, limita el incremento del gasto primario neto a una media del 3%, una cifra que supera el límite del 2,8% que le fijaba Bruselas. Además, España se comprometía a bajar los niveles de deuda por debajo del 100%, al 98,4% concretamente, ya en 2027.
El documento respalda tales cifras en la fortaleza del crecimiento potencial del PIB para los próximos años –del 1,9% hasta 2028– para fijar una regla de gasto ambiciosa. Pasará del 3,7% el año que viene, al 3,5% el siguiente, y al 3,2% en 2027. A partir de entonces, caerá al 3%, tanto en 2028 y 2029; para volver a descender al 2,5% y 2,4% en 2030 y 2031. Además, el ministerio de Economía apuntaba que la capacidad de gasto podría elevarse si se aprueban subidas de impuestos en el futuro.
Procedimiento por déficit excesivo
Si bien España se salvó de entrar el pasado junio en un procedimiento por déficit excesivo, no ha ocurrido lo mismo con Francia o Italia y otros cinco países. La Comisión Europea presentará este martes las líneas a seguir para que estos Estados miembro lleguen a cumplir con el objetivo de déficit el 3% del PIB. A priori, se trataría de un ajuste mínimo del 0,5% del PIB, y los países que incumplan se exponen a multas por parte de Bruselas.
Roma y París cerraron el 2023 con los dos niveles de déficit más elevados de la eurozona, del 7,4% y del 5,5%. Este era el año que Bruselas tendría en cuenta a la hora de evaluar qué países entrarían en procedimiento sancionador o no. Si bien España terminó con un déficit del 3,6%, la Comisión Europea consideró tal desvío como algo temporal ya que la previsión es que el déficit de España cierre en el 3% este año. No obstante, la Junta Fiscal Europea, la autoridad fiscal europea, ha criticado la decisión relativa a España que tilda de "discrecional" y apunta la "falta de coherencia".