El Gobierno no recortará el gasto público para cumplir con las reglas fiscales europeas, pero se ve capaz de reducir el déficit público hasta el 0,8% del PIB en 2031 con medidas como una reforma fiscal de la que Economía no ha querido dar detalles, más allá de que está siendo trabajada con la Comisión Europea, y que incluirá la permanencia de los impuestos a la banca y energéticas. Además, el Ministerio prevé que esa norma quede aprobada este mismo año.
Moncloa traza así el escenario fiscal estructural, que envió ayer a Bruselas, en el que limita el crecimiento del gasto neto promedio al 3% en un horizonte hasta 2031. La hoja de ruta promete reducir el déficit hasta el 0,8% en 2031; y recortar la ratio de deuda por debajo del 100% (en el 98,4%) ya en 2027. "Este plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia adelante, y lo hace compatible con mantener el Estado del bienestar", aseguró el ministro, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El documento se apoya en la fortaleza del crecimiento potencial del PIB previsto para los próximos años –del entorno al 1,9% hasta 2028– para fijar una regla de gasto ambiciosa. Pasará del 3,7% el año que viene, al 3,5% el siguiente, y al 3,2% en 2027. A partir de entonces, caerá al 3%, tanto en 2028 y 2029; para volver a descender al 2,5% y 2,4% en 2030 y 2031. Fuentes del ministerio de Economía, recuerdan que la capacidad de gasto podría elevarse si se aprueban subidas de impuestos en el futuro.
El Ejecutivo presenta una estrategia con un horizonte a siete años, y no a cuatro, lo que le permite sortear un ajuste más severo –o incluso el recorte del gasto– pero lo hace a cambio de asumir una nueva hornada de reformas e inversiones que exige Bruselas. La Comisión Europea reclama medidas en el ámbito de la transición ecológica, el mercado laboral, la inmigración o la vivienda, con la intención de apuntalar el crecimiento de la economía y la reducción del déficit público.
También una reforma fiscal, que "promueva la convergencia a la fiscalidad europea", y que el Gobierno incluirá como compromiso a cambio del quinto desembolso de los fondos europeos, que Cuerpo quiere solicitar antes de que termine el año. "Podemos detallar que conlleva la permanencia a los dos tributos a eléctricas y banca, estamos en conversaciones con la Comisión Europea para desplegar el resto", aseguró Cuerpo, que no quiso entrar en detalles. Cabe recordar, que el Ejecutivo comunitario recomendó a España aplicar una simplificación del IVA, a través de la eliminación de los tipos reducidos. Una cuestión que la ministra de Hacienda llegó a valorar en 2021. Además, el libro blanco fiscal recoge otras recomendaciones para adaptar el marco tributario español al europeo, tal y como reclama el componente de los NextGen.
Además, la senda remitida al Ejecutivo comunitario se apoya sobre un ajuste fiscal de cuatro décimas anuales, que ya recomendó aplicar la AIReF. Esto supone que el Gobierno deberá aplicar un esfuerzo de unos 6.000 millones de euros cada año. El ajuste se habría situado por encima de los 9.000 millones de euros, si el Gobierno hubiera optado por condensar el plan en cuatro años –y no en siete– según cálculos de la AIReF.
A la espera de Presupuestos
A este plan estructural, le seguirá el plan presupuestario, cuyo envío se ha retrasado ante la ausencia de un proyecto de Presupuestos. Ese documento precisará las previsiones de ingresos y gastos, y detallará las medidas concretas que el Ejecutivo tiene previsto imputar a la partida de gasto público. Bruselas tiene ahora seis semanas para responder al documento enviado ayer por Economía. Está previsto que el documento cuente con una valoración inicial a finales del próximo mes de noviembre. La aprobación final está prevista para el mes de enero de 2025. A pesar de que el escenario que se dibuja se alarga hasta 2031, España deberá enviar una actualización más precisa en 2028. Además, las autoridades europeas supervisarán el progreso del cumplimiento del plan cada año, permitiendo un margen de corrección a cuenta del ejercicio siguiente.
Lo cierto, es que el plan fiscal aprobado ayer compromete el margen de negociación del Gobierno sobre la senda de estabilidad, que sigue negociando con Junts. El Ejecutivo mantiene el objetivo de déficit en el 2,5% el año que viene, pero reconoce que el Estado estaría dispuesto a asumir un esfuerzo mayor al previsto para dar mayor capacidad de gasto a las CCAA, tal y como exigen los de Puigdemont. "Creemos que es posible el acuerdo para que sea favorable a lo que demandan las comunidades autónomas, ajustándonos al 2,5%", reveló ayer Cuerpo.