Bruselas
Francia e Italia se sitúan en el ojo del huracán de la política económica comunitaria. Tras cuatro años de barra libre de gasto, la UE retoma la aplicación de las reglas fiscales que fueron suspendidas por la pandemia. Bruselas anunció ayer que abrirá un procedimiento por déficit excesivo a siete países: entre ellos se encuentran la segunda y tercera economía de la eurozona, es decir, París y Roma, que presentan los déficits más altos del conjunto de los Veinte. Se incluyen también Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Todos ellos superan ese límite del 3% de déficit sobre el PIB que fija la gobernanza económica de la UE.
La situación es especialmente sensible para Francia. El resultado de las elecciones europeas del pasado 9 de junio dejó al ejecutivo de Emmanuel Macron al borde de una crisis: el auge de la extrema derecha de Marine Le Pen obligaba al Gobierno galo a replantearse su continuidad y a convocar elecciones legislativas, que tendrán lugar este 30 de junio para una segunda vuelta el 7 de julio.
Las dos convocatorias siembran tanta incertidumbre sobre la deriva económica que tomará el país como temor ante la perspectiva euroescéptica de una posible victoria de la extrema derecha de Reagrupación Nacional. El Ejecutivo comunitario es tradicionalmente reacio a posicionarse en cuestiones políticas que afecten a los Estados miembro y esta ocasión no ha sido diferente, pero Bruselas conoce las inclinaciones de Le Pen a saltarse los mandatos de Bruselas.
Es cierto que París acostumbra a ser uno de los intocables de la UE. Sin embargo, la apertura de este procedimiento sancionador llega en un momento delicado tanto para Macron como para la propia económica gala. "Todos sabemos que lo que presentamos hoy es un primer paso. No es una sorpresa. Se esperaba", afirmó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, preguntado por las repercusiones en Francia.
Las dudas sobre si un Ejecutivo liderado por la ultraderecha francesa respetará los mandatos de Bruselas está ahí. Entre las promesas proferidas hasta la fecha por Reagrupación Nacional figura la anulación de la reforma de las pensiones, bajadas de impuestos en sectores como la energía, aumento de los salarios del sector público, mejoras en las ayudas a la vivienda y a los jóvenes o exoneraciones fiscales a la industria. Todas ellas medidas que amenazan la contención del déficit que con este expediente Bruselas exige a París.
La perspectiva italiana puede iluminar, en cierta forma, el camino de lo que podría pasar en una Francia de Le Pen. El perfil euroescéptico con el que llego la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Bruselas se fue diluyendo, al menos fuera de casa. Roma se sitúa como la economía del euro con un déficit más alto, en niveles del 7,2% que, en principio, rebajará este año al 4,4%. Pese a ello, Meloni tiene en el bolsillo guardadas una serie de medidas destinadas a rebajar la carga fiscal. En todo este cómputo, es importante no olvidar que tanto París como Roma presentan unas deudas más elevadas de la UE, en niveles del 110% y del 137%, respectivamente, a cierre de 2023.
Procedimiento sancionador
Hace cuestión de un año que la Comisión Europea empezó a avisar a los Estados que esta primavera abriría procedimientos por déficit excesivo y que lo haría mirando las cuentas del 2023. Llamaba así a la contención, a una política fiscal más restrictiva y específica, que no se contradijera con la política monetaria emprendida por el Banco Central Europeo para contener los altos niveles de inflación.
Las previsiones económicas de primavera, del Ejecutivo comunitario allanaban el camino para saber qué países se incluirían finalmente en este procedimiento sancionador. Italia, que cerró el 2023 con un déficit del 7,4%, recortará la cifra al 4,4% en 2024 para elevarla, en 2025, al 4,7%. Francia, por su parte, registró un déficit del 5,5% en 2023, que bajará al 5,3% en 2024 y al 5% en 2025.
Se incluyen en la lista de países expedientados Bélgica, con un déficit del 4,4% a cierre del pasado año. Hungría, con un 6,5% en 2023, Eslovaquia, con un 4,9%, Polonia con un 5,1% y Malta con un 4,9%. Se han salvado de este procedimiento Estonia y la República Checa, Estados miembro para los cuales la Comisión Europea ha considerado que su rebote en el déficit respondía al gasto en defensa, una excepcionalidad incluida en las nuevas reglas fiscales. Ha sido también flexible con España y Austria al considerar que sus desviaciones eran de carácter temporal.
No será, sin embargo, hasta el próximo otoño que Bruselas proponga a estos países expedientados la senda de ajuste para rebajar tal déficit. La Comisión Europea vuelve a las reglas fiscales, pero no sin cierta cautela, pues los países tendrán que presentar sus planes de ajuste a cuatro años el próximo septiembre, que debe aprobar.
Con todo, Bruselas mantiene a Rumanía en el procedimiento por déficit excesivo en el que entró en 2020 y le da un tirón de orejas. Si bien el Ejecutivo comunitario concede que la suspensión de las reglas fiscales en la pandemia le permitían continuar con la barra libre de gasto, también ha avisado que no ha hecho los esfuerzos suficientes.
El 2024 es un año de transición para la vuelta a las reglas fiscales, con 2025 como horizonte real para su aplicación definitiva. Los países bajo procedimiento por déficit excesivo deberán realizar un ajuste mínimo del 0,5% del PIB, y se exponen a multas por parte de Bruselas en caso de incumplimiento de tales sendas. En cualquier caso, el comisario italiano hizo hincapié en que no se debe confundir la "cautela con la austeridad". Un mensaje en el que ha querido diferenciar la intención de Bruselas de orientar hacia "una prudencia en el gasto" frente a la dureza vivida durante la crisis financiera de la pasada década.