Bruselas
Tras los años de manga ancha de gasto para hacer frente al golpe económico de la pandemia, la UE vuelve a las reglas fiscales que limitan los niveles de déficit y deuda al 3% y 60% sobre el PIB, respectivamente. Lo ha hecho tras varias advertencias de Bruselas sobre que observaría con detalle las cuentas de 2023. Y finalmente, la Comisión Europea ha anunciado este miércoles que abrirá un procedimiento por déficit excesivo a Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Bruselas salva a España, por tanto, de ese expediente sancionador pese a incumplir los indicadores de las reglas fiscales.
En sus previsiones económicas de primavera, del pasado mayo, el Ejecutivo comunitario se mostraba optimista con los datos de España y alineaba sus estimaciones de déficit con las previsiones del Gobierno: un 3% para el 2024 y un 2,8% para 2025. La Comisión Europea ya advirtió que tendría en cuenta los datos de 2023 a la hora de valorar la apertura de procedimientos por déficit excesivo este junio. Un ejercicio que España cerró con un déficit del 3,6%, es decir, por encima de ese límite.
Sin embargo, en la negociación con el Ejecutivo español, Bruselas ha optado por conferir cierta flexibilidad y más peso a la senda descendiente que dibujará el déficit en los próximos años, corrigiendo el exceso del pasado ejercicio. Así es que ha considerado que la desviación de Madrid sería temporal y volverá sobre las cifras el próximo otoño.
"La Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas", ha señalado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control en relación a la decisión de Bruselas de no incluir a España en el expediente sancionador.
En lo que respecta a la deuda, la previsión del Ejecutivo comunitario es que España cierre el año en niveles del 105,5% sobre el PIB para que caiga en 2025 al 104,8%. La cifra del presente año se alinea con la que manejaba el Gobierno en su previsión, sin embargo, la del próximo año rebasa las expectativas del Ejecutivo español, que apuntaba al 104,1%. Supera, en todo caso, ese umbral del 60% del PIB que fijan las reglas fiscales. En septiembre, España tendrá que negociar con Bruselas un plan de ajuste para rebajar tales niveles en los próximos años.
En sus recomendaciones por país, la Comisión Europea advierte a España de que tiene todos los números para desviarse de la senda de gasto que hace un año le fijaba Bruselas. En 2023, la Comisión Europea recomendaba a España que el techo de gasto no superara un incremento del 2,6% sin embargo, las previsiones de Bruselas apuntan a que se elevará un 3,8%, por encima del máximo recomendado por el Ejecutivo comunitario.
En el caso de España, hace pocos días que el Ejecutivo de Pedro Sánchez avisó de su intención de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos, pese a que en la información remitida a Bruselas en abril apuntaba a que retiraría tal medida, Estaba previsto, a priori, expirara en poco más de dos semanas, el próximo 30 de junio, en línea con la extensión concedida por la Comisión Europea para mantener tal medida.
Además, Bruselas advierte a España sobre las medidas para bajar los precios de la energía. Si bien su retirada paulatina está prevista a lo largo de este año, la Comisión Europea considera que existe un riesgo de que los ahorros derivados de tal movimiento no se utilicen para la reducción del déficit.
Hace pocos días que el Ejecutivo de Pedro Sánchez avisó de su intención de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos, pese a que en la información remitida a Bruselas en abril apuntaba a que retiraría tal medida, Estaba previsto, a priori, expirara en poco más de dos semanas, el próximo 30 de junio, en línea con la extensión concedida por la Comisión Europea para mantener tal medida.
Siete países expedientados
Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia son la lista de países que la Comisión Europea incluirá en el procedimiento por déficit excesivo del total de once Estados miembro que han superado el límite del 3% el pasado año. A diferencia del procedimiento aplicado otros años, no será hasta noviembre, coincidiendo con el paquete de otoño de la Comisión Europea, que Bruselas proponga a estos países la senda de ajuste para rebajar tal déficit.
Este ejercicio marcaba el punto de inflexión para la vuelta a la disciplina fiscal. Después de que la UE aprobara definitivamente la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en abril, este año se planteó como un ejercicio de transición para su aplicación, que no se ejecutaría de forma exhaustiva hasta 2025. Es así que en septiembre los países tendrán que presentar sus planes de ajuste fiscal para los próximos cuatro años, extensibles a siete si se incluyen reformas e inversiones que se justifique.
El Ejecutivo comunitario ha avisado en numerosas ocasiones de que abriría procedimientos por déficit excesivo este junio atendiendo a las cuentas de la segunda mitad de 2023. Fueron reiterados los llamamientos a que la política fiscal tomando un cariz más comedido, a que las medidas dispuestas para contener los altos precios de la energía fueran temporales y específicas.
El mensaje de la Comisión Europea buscaba que la política fiscal no contradijera a la política monetaria de subidas de tipos de interés emprendida por el Banco Central Europeo para contener el alza de la inflación. Aunque no todos los Gobiernos respetaron el mandato y Bruselas terminó por ampliar el plazo en el que permitió a los países disponer estas medidas.
Con las elecciones europeas de este junio todavía delineando una nueva composición de los altos cargos de las instituciones comunitarias, es importante recordar que, si bien esta Comisión establece las bases de los procedimientos por déficit excesivo y analizará, a priori, los planes de ajuste fiscal, será la próxima la encargada de hacer seguimiento de su implementación.
Crisis económica
En 2019, la Comisión Europea cerró a España el procedimiento por déficit excesivo en el que estaba inmersa desde 2009. España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5% de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2% marcado por Bruselas. Sin embargo, el recorte fue suficiente. El déficit público se disparó en 2009 hasta el 11%. Desde 2012 se fue estrechado, aunque a menor ritmo del que pedía Bruselas. De hecho, España solicitó cuatro prórrogas. El momento más crítico fue 2016, cuando Bruselas propuso multar y congelar fondos a España por no haber tomado medidas suficientes para corregir el desvío en sus cuentas públicas. Una decisión de la que dio marcha atrás por su impacto económico.
