Bruselas
Los Estados miembro afrontan una semana clave en materia de política económica. Tras la aprobación de la nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la UE el pasado abril y la vuelta a la disciplina fiscal, la Comisión Europea desvelará el miércoles cuáles son los países que se verán sometidos a un procedimiento por déficit excesivo. Un procedimiento sancionador a 11 Estados miembro entre los que podría estar España.
Las previsiones económicas de primavera presentadas en mayo por el Ejecutivo comunitario se convirtieron en la antesala de lo que pasará esta semana. Según Bruselas, España cerrará el ejercicio con un déficit del 3% para luego reducirlo al 2,8% en 2025. No obstante, España superó tales umbrales en 2023, situándose en el 3,6%.
Si bien esa previsión de 3% para este 2024 se ajusta a los límites que marcan las reglas fiscales, no está del todo claro que España vaya a estar exento del procedimiento sancionador. El año pasado la Comisión Europea avisaba que valoraría las cifras de cierre de 2023 para tomar esta decisión. Y el pasado mayo, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, era muy concreto acerca de que los países que hubieran superado tal umbral estarían sometidos a sanciones de Bruselas.
No obstante, a veces en la dinámica comunitaria se contradicen los mensajes. En una entrevista para el Financial Times, hace más de un mes, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis se mostraba más proclive a la flexibilidad. "Si hay un país cuyo déficit excesivo se acerca al 3%, pero de forma temporal, podríamos decidir no utilizar el procedimiento de déficit excesivo. Entraría en juego el presupuesto de 2024".
De cumplirse las premisas del comisario letón, España se salvaría de entrar en ese grupo de países a los que Bruselas abrirá el expediente sancionador. Las reglas fiscales fijan un techo de déficit sobre el PIB del 3%. Si bien el umbral se habría superado en el pasado ejercicio, la desviación podría leerse como temporal atendiendo a las previsiones.
Francia, Italia y Bélgica se encuentran entre los países que tienen todos los números de verse sometidos a un procedimiento por déficit excesivo. No es sólo que sus déficits superen tales niveles, sino que se han visto incrementados en este último año de llamada a la contención fiscal. A ello se suma que no se espera un descenso de estos niveles hasta dentro de cinco años. Pero si estos son los casos más evidentes, en la palestra están entre los once Estados miembro con números para entrar en este grupo.
En una situación similar a la de España se encuentra la República Checa, para la que Bruselas estima un recorte del déficit del 3,7% en 2023 al 2,4% en 2024. Polonia podría verse amparada bajo la casuística de excepcionalidad al argumentar que su incremento del déficit está relacionado con el crecimiento del gasto en defensa que como país colindante con el conflicto en Ucrania ha tenido que hacer.
El procedimiento por déficit excesivo, medida correctiva que aplicará también a Italia, Francia y otros diez países, obligaría a los Estados miembro a recortar su déficit estructural en un mínimo del 0,5% del PIB al año. Además, los somete a un escrutinio detallado por parte de Bruselas, con informes bianuales sobre la situación presupuestaria. Un cómputo en el que cabe considerar que París y Roma no solo superan los umbrales, sino que han aumentado su déficit en lugar de recortarlo como lleva exigiendo Bruselas los últimos años.
A efectos prácticos, el grueso de países se ha visto obligados a llevar a cabo ajustes, con reducciones del gasto o aumento de impuestos, durante la pasada crisis financiera. Fórmulas como el crecimiento económico o la reducción de los intereses de la deuda soberana también contribuyen a reducir los desvíos presupuestarios.
Los ecos de la crisis financiera
En 2019, la Comisión Europea cerró a España el procedimiento por déficit excesivo en el que estaba inmersa desde 2009. España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5% de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2% marcado por Bruselas. Sin embargo, el recorte fue suficiente. El déficit público se disparó en 2009 hasta el 11%. Desde 2012 se fue estrechado aunque a menor ritmo del que pedía Bruselas. De hecho, España solicitó cuatro prórrogas. El momento más crítico fue 2016, cuando Bruselas propuso multar y congelar fondos a España por no haber tomado medidas suficientes para corregir el desvío en sus cuentas públicas. Una decisión de la que dio marcha atrás por su impacto económico.
