Bruselas
El 15 de octubre marcaba la fecha límite para que los países del euro remitieran a Bruselas su plan presupuestario para el próximo ejercicio. España ya anunció la pasada semana que rebasaría el plazo y dilataría en el tiempo la entrega de las cuentas del año que viene. Pero la Comisión Europea no está conforme con tal retraso. El Ejecutivo comunitario ha insistido a España que debe entregar los presupuestos para 2025 "lo antes posible".
"Esperamos que todos los Estados miembros de la zona del euro que aún no han presentado sus planes presupuestarios, incluida España, lo hagan lo antes posible y, en cualquier caso, antes de que el proyecto presupuestario se presente al Parlamento nacional", ha indicado un portavoz comunitario a ElEconomista.es.
La Comisión Europea marca, así, a España ciertas líneas rojas que no quiere que cruce. Le reitera, de acuerdo con lo que señalaba la semana pasada, que el 15 de octubre es la fecha límite para enviarle las cuentas del año que viene. Y, consciente de complejas dinámicas nacionales que imposibilitan cerrar acuerdos con otros grupos políticos, le aclara que el plan presupuestario debe ser aprobado en Consejo de Ministros, sin necesidad de haber sido respaldado en el Congreso de los Diputados.
Hasta ahora han sido 14 de los 20 países del euro los que han presentado a Bruselas sus cuentas para el año que viene. Se cuentan entre ellos Alemania, Italia o Grecia, pero no España. El plazo no es estricto, pero Bruselas espera que los Gobiernos remitan sus planes presupuestarios como tarde "unos días después", pero en ningún caso con un retraso de semanas.
El plan presupuestario se articula como valedor de la hoja de ruta fiscal que los países debían presentar para los próximos cuatro años, en línea con lo que requiere la aplicación de la reforma de la gobernanza económica a partir de 2025. Dicho de otro modo, el plan fiscal estructural que España remitía a Bruselas esta semana corre el riesgo de quedarse en un plan vacío e inconsistente sin el respaldo de unos presupuestos.
A duras penas puede ser creíble un plan de control de las cuentas públicas para el próximo cuatrienio si el Estado español no fija una hoja de ruta fiscal para el próximo ejercicio. En esta línea se pronunciaba el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, tras conocerse la noticia del aplazamiento de las cuentas la pasada semana. Aunque la Comisión Europea siempre ha sido flexible con los plazos, "hay límites en esa flexibilidad" y reclamaba "no perder esa conexión entre los borradores presupuestarios y los planes fiscales estructurales". Su mensaje fue claro: ambos documentos "deben ir conectados y esto implica que el nivel de flexibilidad de los plazos es limitado".
Previamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba que, si bien el Gobierno entregaría a tiempo el plan fiscal a Bruselas, para la fecha pactada del 15 de octubre, no ocurriría lo mismo con el plan presupuestario. "En un entorno normal donde para el 15 de octubre no tenemos ese borrador habríamos presentado un plan presupuestario sin medidas de política económica y eso no va a suceder porque la Comisión Europea ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica", justificaba para descartar la prórroga presupuestaria.
De cara a allanar el camino a la implementación de las nuevas reglas fiscales, que fijan que los niveles del déficit sobre el PIB y de deuda sobre el PIB no deben superar el 3% y el 60%, respectivamente, los países debían enviar a Bruselas sus planes fiscales estructurales para los próximos cuatro años el día 20 de septiembre. España, igual que el grueso de Estados miembro, pactaron con la Comisión Europea una prórroga. Finalmente, el horizonte para entregar la hoja de ruta de reducción de la deuda y el déficit de los próximos cuatro años se acordó para el 15 de octubre, fecha en la que también se debían entregar los presupuestos.