
El incremento en la oferta pública de empleo ha elevado las alarmas en un contexto de dificultades para encontrar mano de obra en varios sectores. El temor a que las administraciones puedan estar 'robando' talento a la economía 'productiva' parece verse confirmado con el perfil de los opositores: el 45% trabaja en una empresa, el 16% son estudiantes y solo un 6% son desempleados. Es trasvase desde las firmas duplica al proveniente de otro empleo público: solo un 22% de los opositores lo hacen para ascender en su carrera funcionarial.
Los datos provienen de un informe elaborado por ADAMS, compañía especializada en formación y preparación de oposiciones, en colaboración con la firma de investigación de mercado More Than Research. Y el análisis revela que esta 'fuga de talento' se debe a la búsqueda de estabilidad profesional. Un 43% de los encuestados lo citan como su objetivo, mientras un 34% habla de "mejores condiciones laborales".
"Además de la estabilidad y las excelentes condiciones laborales que ofrecen estos puestos, la seguridad en el empleo y la posibilidad de conciliación familiar son los principales factores que impulsan a los candidatos a prepararse para una oposición": añade Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de ADAMS.
El estudio habla de "máximos históricos" en el volumen de opositores gracias al "aumento sin precedentes en el número de plazas disponibles", impulsadas por el envejecimiento de las plantillas públicas. Seis de cada diez opositores se encuentran en el rango de 25 a 44 años, lo que sugiere que la mayoría son adultos jóvenes y personas en la mitad de su vida laboral, "que buscan consolidar su futuro profesional a través de la función pública".
En este sentido, el 55% de los candidatos son mujeres, lo que apunta a que las trabajadoras son cada vez más proclives a buscar una estabilidad que no ven asegurada en su carrera actual. Ello a pesar de que la temporalidad en el sector público dobla la del privado.
Pero hay que recordar que las oposiciones priorizan el personal funcionario propiamente hablando, el más estable: más de la mitad de las plazas convocadas en 2023 se dirigían a estos puestos, frente al 28% destinado a personal estatutario, militar y otros cuerpos, y el 18% restante para personal laboral. "Esta distribución abarca desde funciones administrativas hasta roles especializados, adaptándose a una amplia gama de necesidades y perfiles", apuntan desde ADAMS.
Que el 45% de los opositores provengan de empresas privadas y el 16% se considere "estudiantes" implica que un 61% de los candidatos podrían trabajar en empresas privadas. En comparación, los desempleados solo suponen un 6% y los autónomos un 5%, lo que refleja que las circunstancias laborales (y el flujo de ingresos para subsistir) influyen en las dificultades para la preparación de la oposición.
Un 33% de los opositores invierte entre cuatro y seis meses en su formación, mientras que un 28% dedica más de nueve meses. Esta exigencia ayuda a entender por qué encontrar trabajo, cuando no se tiene, no es la razón principal para presentarse a estas pruebas, pero también por qué la oferta pública de empleo no crea empleo neto, sino que los 'trasvasa' desde el sector privado.
Y lo hace, en mayor medida, entre profesionales cualificados: el 36% de las plazas convocadas en 2023 requieren un grado universitario o licenciatura Al mismo tiempo, 23% de las plazas están destinadas a quienes tienen el bachillerato y otro 23% a quienes poseen el título de graduado en ESO,
La paradoja de los interinos
La Administración General es el área más demandada, con 4 de cada 10 opositores enfocándose en este ámbito. En términos geográficos, 7 de cada 10 plazas se concentran en el nivel estatal, destacando la alta demanda en instituciones nacionales y la centralización de funciones clave, mientras que el 24% se asigna al ámbito autonómico. A pesar de que el mayor porcentaje de empleo público está en el ámbito territorial.
Aparte de las actividades administrativas, entre los sectores destacados figuran Sanidad (18%), Educación (17%) y los Cuerpos de Seguridad (11%), lo que sugiere, según ADAMS, "una preferencia por la estabilidad en áreas esenciales y con alta demanda en el contexto actual". Hay que recordar que, educación y sanidad apenas han mejorado su estabilidad laboral tras la reforma laboral, al menos en relación con otros sectores considerados más precarios, como la construcción o la hostelería.
Pero precisamente cuando los candidatos hablan de estabilidad y mejora de las condiciones laborales sorprende que solo un 22% de los opositores sean funcionarios. Pero es queapenas un 4% son interinos, cuando estos deberían ser los más interesados en optar a una plaza fija. Si embargo, se ven rebasados con creces por los profesionales del sector privado e incluso por los desempleados.
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