El Gobierno deberá impulsar un buen puñado de grandes leyes y reformas en los próximos meses para seguir recibiendo la financiación europea, en un Congreso fracturado tras el repliegue de Junts lejos del bloque de investidura. Entre las más urgentes se sitúan la ley de servicios sociales, la de familias o la reforma fiscal, claves para recibir la totalidad del quinto desembolso. Pero también, la Ley de Industria, la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero, la ley del Cine, la regulación de profesionales del deporte, la Ley del Suelo o el paquete de medidas de eficiencia de la Justicia, esperan turno para su validación en la Cámara Baja. Varias de ellas, ni siquiera han sido –de momento- aprobadas por el Consejo de Ministros, y no se descarta que sean impulsadas a través de la ley de acompañamiento tramitada junto al proyecto de Presupuestos, que sirve como cajón de sastre para validar iniciativas pendientes, o poco populares.
Los hitos y objetivos comprometidos dentro del Plan de Recuperación se topan -ahora- con la inestabilidad parlamentaria. España se arriesga a recibir un pago parcial de los 7.600 millones de euros correspondientes al quinto tramo de los Next Generation, si no logra tramitar a tiempo dos iniciativas, de las que se sigue sin tener noticias. Hacienda se resiste a acometer la reforma fiscal que demanda Bruselas, y para la que Montero mandó elaborar un libro blanco que sigue en el cajón de la vicepresidenta primera. El grupo de expertos liderado por Jesús Ruiz-Huerta, elaboró un profundo análisis y remitió al Ejecutivo un catálogo de recomendaciones entre las que se incluyen una simplificación del IVA, una reforma del IRPF, la creación de impuestos verdes o la integración de un tipo mínimo estatal para Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, pese al informe, Moncloa señaló a la creación de los impuestos temporales a banca, energéticas y grandes fortunas, para dar por "cumplido" el hito. Aún así, los de Ursula von der Leyen exigen un texto que integre el consejo experto, y que Hacienda continúa sin desarrollar.
A ello, se suma la ley de servicios sociales, abandonada desde hace más de un año y medio a raíz del adelanto electoral del 23-J. El último texto fue aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2023, con Ione Belarra como titular de Derechos Sociales, pero decayó con la disolución de las Cortes aprobada cinco meses después. Desde entonces, el actual ministro –Pablo Bustinduy- no ha recogido el testigo, pese a que ser uno de los hitos necesarios para el cobro del quinto tramo de los NextGen. La norma debe establecer unos mínimos comunes estatales en materia de servicios sociales, reducir las barreras de acceso a la protección social y facilitar la movilidad territorial. Su tramitación se antoja muy complicada. El texto traza una regulación que choca con las competencias de las CCAA. Los partidos nacionalistas, e independentistas, ya han avisado de que votarán en contra de la norma, si es que finalmente llega a debatirse.
Más avanzada se sitúa la Ley de Familias. La norma se encuentra en pleno periodo de enmiendas, cuyo plazo ampliado se extingue mañana, y que el Ejecutivo podría utilizar para ampliar el permiso de paternidad de 16 a 20 semanas. Está previsto que el Congreso vote el texto antes de 2025. Todo dependerá del ritmo de trabajo en la Comisión, tras dos años de periplo parlamentario.
Otros 4.000 millones, en juego
En el horizonte del Gobierno se dibuja la retahíla de hitos que reclama la recepción del sexto tramo de los fondos europeos, de 4.000 millones de euros. Para lograr el pago completo, Moncloa debe de acelerar la tramitación de la Ley del Cine, que incluyó en el Congreso junio por el procedimiento de urgencia, o la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, en fase de enmiendas. Pero también otras como más abandonadas como la regulación estatal de profesionales del deporte, o la Ley de Industria, que sigue gestándose en el seno del ministerio que dirige Jordi Hereu.
La Comisión Europea demanda una ley que integre dos reformas. Por lado pide desarrollar una estrategia de Impulso Industrial, y por otro, una política de residuos y despliegue de la economía circular. El texto podría llegar al Congreso de los Diputados el próximo 2025, como una de las iniciativas estratégicas, que Moncloa podría utilizar para poner en valor a las compañías españolas que lideran el mercado comunitario. Además, Hereu debe asumir las recetas que el exprimer ministro italiano, Mario Draghi, enumeró a inicios de septiembre. El documento reclama colocar a la energía como uno de los núcleos de la futura ley, y demanda a los socios comunitarios desarrollar una propuesta para descarbonizar todas las políticas que se desarrollen en la Unión Europea. Para lograrlo –apunta el análisis- será necesaria "una inversión adicional anual mínima de entre 750.000 y 800.000 millones de euros", según las últimas estimaciones de la Comisión Europea, "lo que corresponde a entre el 4,4 y el 4,7 % del PIB de la UE en 2023".
Menos posibilidades tiene la Ley del Suelo, con la que Moncloa pretendía cumplir con el hito que exige regular la rehabilitación urbana. El texto no cuenta con el número suficiente de poyos como para ser aprobado. Ya ocurrió hace meses cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se vio obligada a retirarla de la tramitación. Poco después, el PSOE registró una nueva versión junto al PNV, que tampoco cuenta con el favor de Sumar.
