Madrid
El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han presentado un informe que subraya la necesidad de implementar un plan de consolidación fiscal para lograr un déficit cero en la economía española. El presidente del CGE, Valentín Pich expresó que es fundamental dejar de autoengañarse y avanzar hacia el objetivo de déficit cero, e incluso hacia superávits. Pich señaló que "no es sostenible que desde 2008 se hayan mantenido déficits permanentes y que las soluciones para corregir esta situación son limitadas".
Explicó que, aunque se podrían contemplar tres posibles alternativas, aumentar los ingresos no parece ser la opción adecuada. Argumentó que, dada la productividad del país, su localización en el sur de Europa y la estructura del sector público, aumentar la recaudación no es el camino correcto para resolver el déficit fiscal. Además, desestimó la idea de mutualizar la deuda a nivel comunitario o generar nuevos ingresos a través de esta vía, ya que algunos países del norte de Europa muestran tensiones respecto a esta posibilidad.
Pich también subrayó que la estructura de gastos del país es difícil de modificar, especialmente debido a la tensión institucional existente. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de aprovechar el regreso de las reglas fiscales de la Unión Europea para encaminar a España hacia una mayor estabilidad económica.
Ángel de la Fuente, director de Fedea, por su parte, resaltó el problema de la excesiva complejidad del sistema, afirmando que "nadie entiende" cómo funciona realmente. Esta falta de claridad, sumada a lo que él considera una ineficiencia crónica, se agrava con la falta de responsabilidad fiscal por parte de las Comunidades Autónomas. Según su análisis, estas entidades tienden a gastar más de lo que tienen, confiando en que, de alguna manera, siempre serán rescatadas.
Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presente también en el acto, recordó durante la presentación del informe que su organismo ya había advertido que, para cumplir con las reglas fiscales de Bruselas, sería necesario un recorte del 0,4% del PIB si no se implementaban medidas adicionales para reducir el gasto.
Herrero destacó la importancia del plan fiscal estructural que el Gobierno debe presentar a Bruselas antes del 20 de septiembre, aunque se espera que el plazo se extienda hasta octubre. Este plan debe detallar cómo el Ejecutivo planea reducir la deuda pública en los próximos años. Herrero expresó preocupación por no conocer el contenido exacto del plan ni la información que el Gobierno ha compartido con la Comisión Europea. AIReF tendrá que evaluar la coherencia y efectividad del plan en relación con los presupuestos.
La presidenta de AIReF también enfatizó la necesidad de reformar el marco fiscal nacional para abordar las incoherencias con las nuevas normas fiscales europeas, especialmente en lo que respecta a la inclusión del gasto en pensiones.
En cuanto a las propuestas de acción que plantean en el documento conjunto de CGE y Fedea, consideran que la consolidación fiscal debe centrarse principalmente en el control del gasto público, con especial énfasis en el destinado a las pensiones. Este ajuste debe ir acompañado de reformas estructurales que mejoren la eficiencia en la gestión de las administraciones públicas. Además, sugieren reformas tributarias dirigidas a ampliar la base impositiva, lo que implicaría la eliminación de los tipos reducidos del IVA y la revisión del sistema de módulos, priorizando los impuestos medioambientales que favorezcan la transición energética. En paralelo, se debería reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Crítica a la financiación singular
Además, han expresado una fuerte crítica hacia el pacto entre el PSOE y ERC, que propone que Cataluña gestione el 100% de sus impuestos y se desvincule del régimen general. Según los expertos, esta medida es "invialible" y compromete la equidad fiscal.
De la Fuente ha calificado la propuesta de "desastre" potencial. Según De la Fuente, permitir que los territorios más ricos retengan la totalidad de su excedente fiscal podría obstaculizar la financiación de la nivelación territorial y de políticas sociales uniformes en el país. Además, advierte que el Estado podría quedar sin recursos tributarios propios, lo que lo colocaría en una posición de debilidad frente a los territorios y le privaría de las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones.
Además, lamentó que sus advertencias no hayan sido atendidas y anunció que continuará defendiendo su posición.
Herrero, en este punto, indicó que desde AIReF no se han manifestado sobre cómo deben estructurarse las cosas, destacando dos líneas rojas. Destacó la necesidad de cumplir con las reglas fiscales, asegurar la sostenibilidad del sistema de financiación autonómica y permitir que las comunidades vuelvan a acceder a los mercados.
Según ella, la institución se pronunciará únicamente si las medidas propuestas impactan en la sostenibilidad o en la viabilidad del nuevo marco de gobernanza fiscal. Señaló que el pacto podría no ofrecer una solución definitiva a los problemas de sostenibilidad de las finanzas en Cataluña y podría no resultar en un "balance cero". Además, advirtió que abordar los desafíos de manera "fragmentada" podría tener repercusiones negativas en la sostenibilidad fiscal, ya que la recepción de fondos adicionales por parte de una administración podría llevar a un aumento del gasto sin compensación por otras administraciones, afectando las métricas fiscales del país.
La presidenta de AIReF advirtió que, si Cataluña recibe más fondos y los gasta en un solo año, podría enfrentarse a un aumento en el nivel de gasto en el ejercicio siguiente sin resolver los problemas de sostenibilidad. Esto podría llevar a una pérdida de sostenibilidad y viabilidad en las finanzas regionales.
Además, Herrero hizo hincapié en la importancia de cumplir las reglas fiscales y destacó que, mientras persistan razones para no hacerlo, el marco fiscal de España no tendrá la credibilidad necesaria. Criticó la idea de aplicar una tasa de crecimiento del gasto uniforme para todas las administraciones, argumentando que esto podría exacerbar los problemas de sostenibilidad financiera en las regiones.
Una prórroga presupuestaria no restringirá el gasto
La presidenta de la AIReF afirmó también que una posible prórroga de los presupuestos para el próximo año no limitará el gasto, aunque señaló que esta situación "no es la ideal". No obstante, indicó que "una prórroga implica ciertas limitaciones, ya que no permite aumentar el gasto". Sin embargo, en la práctica, los gobiernos suelen encontrar maneras de sobrepasar estos límites presupuestarios.
Herrero bromeó sobre cómo los grandes proyectos nuevos sin crédito presupuestario suelen requerir "ingeniería presupuestaria y contable" para hacerse realidad. Aunque en la práctica una prórroga presupuestaria no tiene un impacto significativo, ella subrayó que no es la opción más deseable, ya que el presupuesto refleja las intenciones del Gobierno y es una herramienta importante para la rendición de cuentas.
Subida del SMI y reducción del IVA
Otras de las medidas para abordar los retos económicos de España que proponen Fedea y el Consejo General de Economistas son una subida "prudente" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para evitar impactos negativos en el empleo, la eliminación de los tipos reducidos del IVA y la revisión del sistema de módulos, priorizando los impuestos medioambientales que favorezcan la transición energética.
Los expertos argumentaron que vincular los aumentos del SMI a mejoras en la productividad podría mitigar el crecimiento de los costes laborales y mejorar la competitividad. De la Fuente advirtió sobre la caída de la productividad en España y subrayó la necesidad de alinear los salarios con la productividad para evitar una mayor reducción del empleo. Reconoció que España no ha logrado buenos resultados en este aspecto y que nunca ha destacado en productividad, lo que ha llevado al país a perder posiciones relativas frente a aquellos con los que se aspira a compararse.De la Fuente afirmó que para mejorar esta situación es esencial cuidar el funcionamiento de las instituciones y prestar atención a la inversión en intangibles, es decir, a la educación. Por ello, enfatizó la importancia de una formación adecuada y adaptada a las necesidades del mercado como clave para mejorar la productividad y la competitividad del país.
El informe también cuestiona la efectividad de los fondos Next GenerationEU, señalando que hasta ahora no han demostrado un aumento significativo en la productividad. Se espera, sin embargo, que estos fondos tengan un impacto positivo en la eficiencia a largo plazo. En el bienio 2021-2022, la productividad real apenas creció un 0,5% anual, lo que sugiere que el impacto de estos fondos, si bien positivo, podría tardar en manifestarse plenamente en los sectores y regiones más afectados.
En cuanto a educación y transportes, los expertos pidieron reformas profundas en el sistema educativo y una planificación integrada de infraestructuras de transporte, así como un acuerdo institucional sobre su financiación. También instaron a retomar la Ley del Suelo para mejorar la oferta de vivienda, criticando la Ley por el Derecho a la Vivienda por su impacto negativo en la oferta de viviendas.
Medidas para las pensiones
Además, De la Fuente sugirió medidas para las pensiones, como ajustar la edad de jubilación a la esperanza de vida y basar los cálculos de las pensiones en toda la vida laboral, con revalorizaciones solo para las pensiones mínimas.
En su intervención expresó que la última reforma del sistema de pensiones ha sido contraproducente, ya que en lugar de poner límites al gasto, lo ha incentivado. Sostuvo que es necesario establecer fórmulas para controlar el gasto, entre ellas, prolongar el periodo de cómputo de las pensiones hasta abarcar la vida laboral completa. Sin embargo, matizó que, de no implementarse esta ampliación, al menos deberían eliminarse los meses más desfavorables del cálculo.
Criticó que la reforma haya anulado el efecto positivo de las medidas anteriores en cuanto al primer cómputo, y sugirió reconsiderar la indexación universal de las pensiones, compensando al 100% las pensiones mínimas, pero dejando un cierto margen de flexibilidad para las demás.
De la Fuente también propuso extender la vida laboral, considerando que las personas viven más años y pasan más tiempo educándose, aunque subrayó la necesidad de mantener una proporcionalidad en esta extensión. Apuntó que existen diversas formas de hacerlo, como revisar el factor de sostenibilidad o vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, siempre teniendo en cuenta las particularidades de las profesiones más exigentes físicamente.
A largo plazo, abogó por un sistema similar al sueco, basado en cuentas nacionales, que proporcionan flexibilidad y aseguran la sostenibilidad del sistema al vincular la rentabilidad al crecimiento de la economía. Reconoció que durante las próximas décadas, en particular con la jubilación de la generación del baby boom, será inevitable recurrir a otras fuentes de financiación, pero insistió en que debe hacerse de manera menos distorsionante y más transparente.
Propuso la introducción de un recargo sobre el IRPF y todas las rentas, señalando que, aunque la cláusula del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aborda parte del problema, no lo resuelve completamente, por lo que considera necesario replantear la reforma en su conjunto.
La atención sanitaria de MUFACE
Herrero también fue preguntada en el acto sobre el concierto económico entre el Estado y MUFACE para la atención sanitaria de los funcionarios. Herrero reveló que AIReF envió un primer análisis al Gobierno en julio, en vista de la próxima renovación del acuerdo. El análisis completo será entregado a finales de año. Herrero destacó que el estudio preliminar ha identificado una tendencia creciente de los funcionarios hacia la sanidad pública, lo cual podría requerir un ajuste en la cuantía del concierto económico. Este fenómeno sugiere la necesidad de recalibrar el acuerdo para reflejar las nuevas preferencias en la atención sanitaria.