Madrid
El presidente del Gobierno inició el miércoles el curso político con un mensaje contundente, buscando calmar las críticas sobre la financiación especial de Cataluña. Ha prometido que, en el nuevo sistema, se duplicará el fondo de compensación interterritorial y se asegurarán más recursos para todas las comunidades en comparación con la etapa de Mariano Rajoy.
El Fondo de Compensación Interterritorial, cuyos recursos se han reducido a una tercera parte tras la gran crisis, tuvo una dotación de 432 millones de euros en 2023, más 115 millones adicionales en concepto de remanentes que quedaron sin ejecutar en ejercicios previos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda. Esta cifra es similar a la de 2021 y ligeramente superior a los 324 millones de euros destinados en 2020.
Los fondos de compensación interterritorial llegaron, por tanto, a 547 millones de euros el año pasado. Si el Gobierno sigue adelante con sus planes y duplica esta cantidad, estaríamos hablando de superar los 1.000 millones de euros. Pero, claro, según la perspectiva de algunos economistas, esa suma seguiría siendo "insignificante".
El impacto de la medida será prácticamente nulo, ya que estos recursos representan solo el 0,3% de toda la financiación disponible para los territorios. ¿Y este porcentaje de dónde viene? Hay que fijarse en el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, que es el principal pilar del modelo de financiación, que superó los 113.000 millones de euros en 2022. A esto se suman otros fondos menores, con un total de casi 124.000 millones en recursos.
Aunque el objetivo de Sánchez era desviar la atención del debate sobre el concierto catalán al proponer un aumento en la financiación para cada barón, la realidad es que se ha añadido más leña al fuego. Y es que los datos muestran que igualar la compensación para todas las comunidades autónomas al nivel de Cataluña requeriría un gasto equivalente a dos puntos del PIB, es decir, unos 30.000 millones de euros. Esta cantidad es comparable al déficit total del sistema de pensiones y podría llevar la deuda pública española a un estado de insostenibilidad y posible impago.
Igualmente, duplicar la cantidad del Fondo de Compensación Interterritorial también aumentaría la aportación de las haciendas forales a la solidaridad interterritorial, aunque en una cantidad muy moderada.
Críticas de la oposición
El Partido Popular ha criticado duramente el compromiso del Gobierno. El portavoz económico del PP, Juan Bravo, calificó la medida de "burla" en una entrevista, y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, señaló en la red social X que el fondo no forma parte del sistema de financiación autonómica y acusó al Gobierno de dejar que los españoles "vivan de las sobras" tras sus acuerdos con el independentismo.
Feijóo indicó que el Fondo de Compensación Interterritorial no forma parte del sistema de financiación autonómica y que resulta una medida insuficiente. Describió el fondo como una solución "insultante" para las regiones que considera de segunda clase. Feijóo acusó a Sánchez de tener una "visión bananera" de las instituciones y de usar los actos oficiales para atacar a las comunidades autónomas, lo que lo muestra como un mal gestor. Además, opinó que Sánchez intenta silenciar las críticas con menos de 450 millones de euros, a pesar de haber hablado previamente de la necesidad de 16.000 millones.
Por su parte, Fedea ha propuesto la creación de un fondo de nivelación temporal para reducir las disparidades en la financiación autonómica entre regiones. Según sus estimaciones, las autonomías con menos recursos necesitarían 3.277 millones de euros para alcanzar el promedio de ingresos por habitante en España, lo que representa cuatro veces más que la cantidad que ha sugerido Pedro Sánchez.
En 2023, Andalucía fue la comunidad más beneficiada en términos absolutos del Fondo de Compensación Interterritorial, recibiendo 160 millones de euros, lo que representó el 37% del total. Le siguieron Canarias con 62 millones, Valencia con 53 millones y Galicia con 38 millones. Según estimaciones del think tank, el impacto del concierto catalán se situará entre 6.600 y 13.200 millones de euros, lo que equivale al 30-60% del presunto expolio fiscal que los secesionistas catalanes han denunciado.
Estos recursos, destinados a promover la solidaridad y establecidos por la Constitución, están diseñados para beneficiar a las comunidades con una renta per cápita inferior al 75% de la media de la Unión Europea. En la práctica, solo las comunidades de Madrid, Cataluña, Baleares, Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja no tienen acceso a ellos.