Madrid
El rechazo del PP en el Senado a los objetivos de déficit y deuda del Gobierno abre el camino para que Hacienda propine un importante varapalo presupuestario a las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por los populares, y también a ayuntamientos y diputaciones.
En su afán de encontrar una senda fiscal ya aprobada, que no necesite la reválida del Senado, la vicepresidenta María Jesús Montero volverá a invocar el supuesto (ya que no es público) informe de la Abogacía del Estado que le permite recurrir a los topes de deuda y déficit públicos contenidos en la actualización del Plan de Estabilidad. Ese documento se envió a Bruselas la pasada primavera.
Ateniéndose a la letra de dicho informe, el ajuste del déficit que se exigirá a ambas Administraciones en 2024 se endurecerá sustancialmente. El margen de una décima de PIB que Montero aseguraba que concedería a los números rojos de las autonomías se borrará de un plumazo y pasará a exigirles un déficit nulo. En cuanto a las entidades locales no será suficiente con que se sitúen en situación de equilibrio presupuestario y deberán arrojar un superávit del 0,2% del PIB.
El Pleno ha rechazado el Plan de Reequilibrio previsto en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin novedades ni sorpresas, la senda fiscal propuesta por el Gobierno para el periodo 2024-2026, así como su Plan de Reequilibrio, contó con 147 votos en contra –de la mayoría absoluta del PP, a la que se suman los de Vox y UPN–, 113 votos a favor y 0 abstenciones.
De esta forma, ambas partes cumplen el plan trazado. Los de Feijóo hacen valer su mayoría en el Senado para frenar la aprobación de una norma que requiere el aval de ambas Cámaras. Y María Jesús Montero contraataca: "Quienes voten en contra lo que están planteando sencillamente es menos margen de gasto para los servicios públicos de esas administraciones territoriales", insistió la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda.
"Entrarán en vigor los objetivos del mes de abril, que serán más perjudiciales para las comunidades y ayuntamientos porque así lo ha querido el PP", explicó antes de la sesión la ministra Montero. "Varias comunidades que ya han elaborado sus proyectos de presupuestos con la regla del 0,1% -como Andalucía o Cataluña- se verían obligadas a ajustar sus cuentas", recordaba Montero en diciembre. Según Fedea, son catorce CCAA que incumplen los objetivos. La situaciones más complejas se estiman para la Comunidad Valenciana, con un desvío estimado del 2,3%, y Murcia con un déficit del 2,2% para 2023, según los cálculos del 'think tank'. Moncloa acordó con Bruselas rebajar el déficit público al 3% en 2024 a través de este objetivo.
¿Qué cambia en el calendario de las reglas fiscales para las Comunidades y los Ayuntamientos? En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.
En la actual tesitura, Montero defiende que el Gobierno volverá a traer los objetivos de déficit a las diferentes Cámaras, tal y como figura en la ley. Y si siguen bloqueándolo, se aplicarían los fijados en la actualización del programa de estabilidad del mes de abril de 2023, que marca unos objetivos más duros y con menos capacidad de gasto para las administraciones territoriales.
"Aunque el Partido Popular crea que vetando estos objetivos el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales de 2024, se equivocan y vuelven a perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos", usa como argumento la titular de Hacienda. Sin embargo, expertos fiscalistas consultados por este medio ponen en duda la situación que plantea el Gobierno, indicando que sin objetivos de déficit aprobados el Estado no puede exigir un ajuste de déficit vinculante a las CCAA ni a los Ayuntamientos.
Para Montero es "un sinsentido carente de toda lógica" que la mayoría de esta Cámara "se emplee a fondo para perjudicar" a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias. Aunque las CCAA se beneficiarán de mayores ingresos este año del sistema de financiación de las CCAA fruto de la liquidación del año 2022, donde se recaudó mucho más de lo previsto y la recaudación fue histórica.
Trabas para aprobar los nuevos Presupuestos
El Gobierno tiene otra bala en la recámara, aunque la composición del Senado no avanza grandes expectativas. Montero podrá llevar de nuevo los objetivos de estabilidad presupuestaria al Senado y tienen hasta abril para aprobar los nuevos Presupuestos. En últimas instancia, se mantendrán prorrogadas las cuentas de 2023.
Para sacar adelante los nuevos Presupuestos, Montero tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Pero el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia, recoge 'Europa Press'.
Aun así, Montero ha defendido en el Senado que se trata de un límite de gasto no financiero "realista, prudente y claramente consistente con la consolidación fiscal" en el medio plazo, que también incluye cierto margen en caso de que fuera necesario acudir a cualquier eventualidad, dada la compleja en el exterior en relación con los conflictos que actualmente están en desarrollo.
