Uatae maniobra para cobrar 1,5 millones de subvenciones pese a deber dinero a la Junta de Andalucía

La asociación de autónomos, Uatae, vinculada a Conpymes y asociada con Comisiones Obreras (CCOO), ha creado una organización para concurrir a las ayudas de la Junta de Andalucía. Según fuentes consultadas por elEconomista.es, Uatae todavía debe unos 700.000 euros que el gobierno regional le reclama desde el 2021 por el cobro indebido de la misma ayuda, recibida en 2018. Desde entonces, habría cobrado por diversas administraciones de la comunidad una cantidad cercana a los 1,5 millones de euros, según datos a los que ha tenido acceso este medio.

La asociación de autónomos habría cambiado la asociación provincial Uatae Huelva en una autonómica, manteniendo el CIF de esta, pero con otro nombre para poder concurrir al cobro de subvenciones, a pesar de la orden de devolución emitida por la comunidad para el reintegro del 100% de la subvención por gastos de funcionamiento, entregada durante la etapa de Susana Díaz (PSOE) al frente del gobierno andaluz. Desde las fuentes consultadas por este medio indican que la asociación podría estar incurriendo en un alzamiento de bienes.

"El problema es que tienes una responsabilidad de la que no te haces cargo, y concurres con la nueva organización, con un CIF distinto, que se han montado para concurrir a las ayudas", explican, pero mantienen el mismo domicilio social, así como su finalidad, según unos documentos a los que ha tenido acceso este medio.

Las ayudas cobradas en 2018 se cobraron con un CIF que correspondía a la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Andalucía, que era el CIF G90063744. En el caso de las recientes subvenciones, el CIF ha cambiado a G21512751.

Durante este último año, las subvenciones otorgadas ascienden a más de 1,2 millones de euros, incluidos casi 400.000 entregados por la misma consejería que entregó las ayudas reclamadas, pero ahora bajo el mando de Juanma Moreno al frente de la región.

Desde 2020 a 2022, ambos incluidos, la asociación de autónomos se benefició de subvenciones por valor de 277.215 euros. De estos, 71.215 euros corresponden a 2020, 6.000 a 2021, y 200.000 euros a 2022. En el caso de las ayudas recibidas en 2020, la asociación mantuvo el CIF original (G90063744), para cobrar gran parte de las ayudas, 65.215,51 euros.

Al frente de la 'nueva' Uatae Andalucía, conocida ahora como La Unión de Autónomos de Andalucía, ya no está el presidente de COAG, Miguel López, que también era el máximo responsable de la asociación en la región cuando se produjeron los hechos ya mencionados. El presidente de la nueva asociación es Pepe Galván, antiguo secretario general de la matriz.

Este "lavado de cara" parece querer eludir las responsabilidades adquiridas en 2021, cuando la junta andaluza reclamó unas ayudas concedidas en 2018 debido a irregularidades en el funcionamiento de la organización. En cualquier caso, esta acción "les puede venir peor, porque la Junta puede abrir un proceso" y pedir la responsabilidad a la 'nueva asociación' por la deuda adquirida.

Más asociaciones

Por otro lado, fuentes de elEconomista.es también indican que la asociación de cuidadoras de atención social, Adecuadas, que preside la pareja de Pepe Galván, Marta Gutiérrez, habría recibido cerca de 75.000 euros en ayudas desde diciembre de 2022 hasta el mismo mes del año siguiente. "Son una organización fantasma, no están presentes en ningún órgano representativo. Simplemente ejecutan programas", cuentan a este medio.

Investigados por la Fiscalía de Madrid

La asociación nacional también está siendo investigada por un presunto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental en el que estarían incurriendo la asociación, y la patronal Pimec, ambas imputadas, para aumentar la representatividad de la primera y acceder a un montante más grande que el que les correspondería. Según el auto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, la asociación dirigida por María José Landaburu habría cobrado una subvención 133.211,84 euros superior a la que le correspondería por representatividad.

Esto significó que las otras dos asociaciones con representación en el diálogo social nacional no recibieran 98.055,41 euros en el caso de ATA y 35.156,43 euros que corresponderían a UPTA.

La jueza a cargo del caso imputa a ambas organizaciones, así como a sus secretarios generales, María José Landaburu y Josep Ginesta i Vicente, por presuntamente haber cedido trabajadores de Pimec y Pimem a Uatae para que esta pudiese acceder a la subvención del Ministerio de Trabajo. Esto no es legal, ya que una organización empresarial, cuya razón social es la defensa de sociedades, no puede integrarse como una organización de autónomos que defiende sindicalmente a personas físicas.

En este contexto, el apartado 3 del artículo 5 de la Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, que aborda los gastos de funcionamiento de las entidades de ámbito estatal e intersectorial de trabajadores autónomos, dispone que: "Para las subvenciones de los gastos de funcionamiento contempladas en el artículo 3.2 se tendrán en cuenta, como criterios de valoración […] el número de trabajadores que, en los seis meses anteriores al inmediatamente anterior al de la correspondiente convocatoria, integran la plantilla de la entidad solicitante y de cada una de sus asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de carácter intersectorial asociadas por comunidad autónoma".

A pesar de esto, Pimec y Uatae, formalizaron un acuerdo por el cual "los recursos que puedan obtenerse para la financiación de actividades y proyectos, infraestructuras e instalaciones, serán distribuidos entre ambas organizaciones en proporción a la dotación que para los mismos pueda establecerse", según se puede leer en el texto al que ha tenido acceso este medio.