Las sospechas de fraude sobre la cúpula directiva de Conpymes, la patronal impulsada por el Gobierno para tratar de competir con Cepyme, suponen un duro golpe a su viabilidad futura.
Su vicepresidenta tercera, María José Landaburu, está siendo investigada ya por un presunto fraude en el cobro de ayudas públicas a las organizaciones de autónomos en 2021 y la jueza que instruye el caso ha ampliado ahora las diligencias para esclarecer también la posible implicación en 2020 de Antoni Cañete, vicepresidente segundo y presidente de la patronal catalana Pimec. Si se demostraran los hechos, Conpymes perdería cualquier tipo de representatividad, con la mitad de sus altos mandos implicados en la comisión de posibles delitos.
