Los autónomos de Sumar inflan su representación para cobrar más subvenciones

La Fiscalía de Madrid continúa investigando el presunto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental en el que estarían incurriendo la asociación de autónomos UATAE, ligada a Sumar y asociada con Comisiones Obreras (CCOO) desde 2013, y la patronal Pimec, ambas imputadas, para aumentar la representatividad de la primera y acceder a un montante más grande que el que les correspondería. Según el auto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elEconomista.es, la asociación dirigida por María José Landaburu habría cobrado una subvención 133.211,84 euros superior a la que le correspondería por representatividad.

Esto supuso que las otras dos asociaciones con representación en el diálogo social nacional no recibiesen 98.055,41 euros, en el caso de ATA, y 35.156,43 euros, que corresponderían a UPTA.

La jueza a cargo del caso imputa a ambas organizaciones, además de a sus secretarios generales, María José Landaburu y Josep Ginesta i Vicente, por haber cedido presuntamente trabajadores de Pimec y Pimem a UATAE con el fin de que esta pudiese acceder a la subvención del Ministerio de Trabajo, cuando no es legal que una organización empresarial, cuya razón social es la defensa de sociedades, pueda integrarse como una organización de autónomos, que defiende sindicalmente a personas físicas.

En este contexto, el apartado 3 del artículo 5 de la Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, que aborda los gastos de funcionamiento de las entidades de ámbito estatal e intersectorial de trabajadores autónomos, dispone que: "Para las subvenciones de los gastos de funcionamiento contempladas en el artículo 3.2 se tendrán en cuenta, como criterios de valoración […] el número de trabajadores que, en los seis meses anteriores al inmediatamente anterior al de la correspondiente convocatoria, integran la plantilla de la entidad solicitante y de cada una de sus asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de carácter intersectorial asociadas por comunidad autónoma".

A pesar de esto, Pimec y UATAE, formalizaron un acuerdo por el cual "los recursos que puedan obtenerse para la financiación de actividades y proyectos, infraestructuras e instalaciones, serán distribuidos entre ambas organizaciones en proporción a la dotación que para los mismos pueda establecerse", según se puede leer en el texto al que ha tenido acceso este medio.

En este dejan claro que la distribución de estos ingresos se habrá de acordar de forma anual "y transparente" en función de la disponibilidad de recursos que puedan ser obtenidos a través de los diversos mecanismos de financiación disponibles. También apuntan en el séptimo punto del acuerdo que la duración de este sería de un año desde el 6 de agosto de 2021 que se firmó, y apuntan que "podrá ser resuelto a su finalización por cualquiera de las partes sin necesidad de preaviso. En todo caso, la prórroga, que no será automática, requerirá documento específico donde se concreten las condiciones de la misma".

Por ende, y como recoge la Fiscalía, "se llega a la conclusión de que los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía".

Pimec, por su parte, se ha desmarcado de tales acusaciones y deriva todo el peso de la denuncia a UATAE. La asociación presidida por Antoni Cañete considera que después de realizar las verificaciones necesarias y notar que el documento mencionado en las publicaciones no coincidía con el enviado por Pimec a UATAE, la patronal inició un expediente en el Comité Ético de acuerdo con su normativa interna. Ante esto afirman que están en posición de demostrar de manera concluyente que no ha cometido ninguna irregularidad. "Pimec no ha solicitado la subvención referida en las noticias aparecidas, ni ha hecho ninguna tramitación directamente en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y tampoco ha sido beneficiaria de ninguna cantidad económica", explican.

Con todo, si ha quedado constancia que, tanto Pimec como Pimem, hicieron llegara la contabilización de sus plantillas a UATAE para tener una ayuda mayor. Los certificados de la plantilla proporcionados lo confirman, ya que fueron firmados y sellados por la propia organización, incluyendo datos personales y laborales de todos los empleados, a los que solo se puede acceder internamente.

Por su parte, UATAE ha indicado a este medio que no harán ninguna declaración al respecto del caso.

Sin presencia física

Destaca cuanto menos que, en la página web de la asociación que lidera María José Landaburu, se recoja su presencia "en todo el territorio nacional con sedes permanentes autonómicas o provinciales" y no figure ninguna sede propia más allá de la estatal, tanto en las Islas Baleares como en Cataluña, cuando además está recogida en el registro de asociaciones de autónomos de Cataluña. En el caso de Baleares no figura porque no existe registro, por lo que no acarrearía sanción por falsedad documental en la comunidad, ya que los trabajadores no están recogidos por el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas (REAPTA).

Problemas anteriores en Andalucía

UATAE ya tuvo que enfrentarse a la Junta de Andalucía en 2021 por subvenciones concedidas a la asociación desde el año 2018 debido a irregularidades en el funcionamiento de la organización. Para la consecución de esas ayudas y para determinar la cuantía de la subvención es clave por ejemplo el número de empleados y sedes que tenga la asociación en la región. Pero UATAE había inflado supuestamente el número de trabajadores reales de la asociación con empleados de Coag Andalucía, presidida en ese momento por Miguel López, que compatibilizaba el cargo como responsable de UATAE en la región. En este caso, la asociación se benefició de ayudas por un valor cercano a un millón de euros.

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