Economía

La jornada real cae a 35 horas y apunta a una economía que no crea empleo, solo lo reparte

El Gobierno ha aprovechado la celebración del 1 de mayo para relanzar su propuesta para reducir la jornada laboral a las 38,5 horas semanales ya en 2024 y a las 37,5 horas en 2025. Lo hizo apenas unos días después de la publicación de una EPA que revela que los asalariados españoles ya trabajan, en la práctica, una media de 35 horas semanales en el primer trimestre, en mínimos de la serie histórica. Una evolución que augura una economía que crea cada vez menos empleo y solo reparte los mismos puestos entre más personas. Un escenario en el que recortar el tope legal no pasa de 'brindis al sol' ante problemas mucho más acuciantes.

Que el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea, que además acaba de recuperar la cota del 12%, ponga el foco de su estrategia en materia laboral en reducir la jornada laboral resulta sorprendente. Aunque políticamente tiene todo el sentido: es el único apartado en el que el PSOE y Sumar están de acuerdo, hasta el punto de que acordaron el calendario para hacerlo al margen de patronal y sindicatos.

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, aspira a capitalizar lo que considera una demanda ciudadana (trabajar menos horas por el mismo sueldo) que también se ha producido en el resto de la Unión Europea. Aunque allí las medidas no han pasado de la fase experimental y por una buena razón: sus consecuencias despiertan muchas dudas.

Los sindicatos hablan de una mejora de los derechos laborales que supondrá mayor "reparto" del trabajo, reducirá el paro y mejorará la productividad, pero diversos análisis cuestionan este diagnóstico. Algunos análisis lo comparan con una subida del salario mínimo interprofesional y otros apuntan a un impacto en la inflación, porque las empresas subirán precios. En ambos casos, tendría consecuencias en las decisiones de unos empleadores obligados a pagar lo mismo por menos horas de trabajo, especialmente en países como España cuyo tejido productivo está compuesto por demasiadas firmas de reducido tamaño.

Por otro lado, se deben tomar en consideración las diferencias entre sectores y tipos de empleo. En España los sindicatos y la patronal están de acuerdo en que la fórmula general debe adaptarse convenio a convenio, como siempre se ha hecho. Las 38,5 o 37,5 horas semanales, al igual que las 40 actuales, son una referencia marco, pero en la práctica millones de trabajadores saben que se reparten de manera muy diferente para cada empresa en función de como se organice su negocio. No es lo mismo una fábrica que una oficina.

Pero hay otro factor a tener en cuenta: la pobre evolución de las horas trabajadas. Aquí entran los datos de la EPA. Aunque hay más asalariados (aquí conviene recordar que nada de este debate afecta a los autónomos) trabajando que nunca, también trabajan menos horas a la semana que nunca. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la media semanal de horas efectivas de trabajo de los asalariados se situó en una media de 35 horas en el primer trimestre: 34,8 para los del sector público y 35,1 para los del privado.

Estos datos fluctúan trimestre a trimestre y se ven afectados por la estacionalidad, pero al remontarnos a periodos anteriores se aprecia es una caída generalizada en todos los sectores y ramas de actividad. Además, es el dato más bajo de la serie histórica en un primer trimestre de año descontando 2021, un ejercicio marcado claramente por la pandemia. Que en un contexto de creación de empleo no solo no se recupere, sino que siga retrocediendo a mínimo resulta sorprendente.

Ni siquiera la Semana Santa sirve de explicación a este recorte de las horas trabajadas, ya que hablamos de la media de horas efectivamente trabajadas "por las personas que trabajaron en la semana de referencia" en la que se encuestó al trabajador, una métrica pensada precisamente para reducir la distorsión estacional..

Esta evolución apunta a que lo que ya se está produciéndose el reparto del trabajo del que hablan los sindicatos. Pero esto no es una buena noticia, porque disimula una creación neta de puestos disponibles más modesta de lo que parecen indicar las estadísticas de aumento del empleo. Algo preocupante en un país con una tasa de paro del 12,29%.

La amenaza del tiempo parcial

Hay un elemento de análisis adicional a tener en cuenta: ¿cuánto trabajan los asalariados a tiempo completo o a tiempo tiempo parcial? No es una cuestión baladí porque el cambio legal afectará ante todo a los primeros. Pero en este caso la EPA publica el total, no la media semanal por trabajador. Así, registra un incremento en ambas categorías, algo lógico porque, como hemos dicho hay más asalariados que nunca, pero que no aclara cómo se reparte este trabajo.

Para obtener una foto más clara hay que acudir a los datos de Eurostat, que sí calculan la media de las horas reales trabajadas por tipo de jornada, aunque con un decalaje de un trimestre respecto a la EPA. Lo que se aprecia es que los asalariados a tiempo completo superan las 36,3 horas de media en el cuarto trimestre y los de jornada parcial a 19,3 horas. Pero como estos datos fluctúan con fuerza por motivos estacionales, la media anual se sitúa en 37,8 horas semanales para los primeros y 19,6 para los segundos.

Los datos de trabajadores a tiempo completo no solo quedan por debajo del objetivo de las 38,5 horas legales previsto para 2024, sino que es un mínimo histórico, exceptuando 2020. Un dato que el Ejecutivo y los sindicatos pueden utilizar como argumento a su favor si no fuera también porque confirma que ni siquiera el empleo a tiempo completo ha recuperado sus horas medias de trabajo efectivas tras la pandemia. Y en paralelo, los que trabajan a tiempo parcial sí las superan y ganan peso en una media cada vez más baja.

Este contraste apunta a una denuncia de los sindicatos: muchas empresas aprovechan tiempo parcial para recortar una o dos horas de trabajo y así bajar los sueldos. Aunque no es una práctica generalizada, esta situación de subempleo aún afecta a 1,6 millones de trabajadores en España, el mayor número de la Unión Europea.

El temor de las centrales, y de muchos analistas, es que una reducción tan brusca como la que plantea el Gobierno, sin diálogo social, puede provocar que esta práctica se dispare. De ahí la insistencia en negociar para evitar distorsiones en lo que algunos califican de "reforma de brocha gorda" que puede castigar a trabajadores de determinados sectores.

Esperando a Díaz

En los últimos meses, el Gobierno ha dejado en manos de los interlocutores sociales diseñar el modelo y su aplicación para modular su impacto en las empresas y el empleo. En esta negociación juega un papel clave CEOE y Cepyme, con los que CCOO y UGT confían en lograr un acuerdo.

Sin embargo, en este contexto de negociación entra en conflicto con los tiempos políticos. Ante el impulso que Pedro Sánchez quiere dar a su estrategia política tras su 'periodo de reflexión', Díaz teme perder peso político y eso puede condicionar una negociación que hasta ahora conduce con discreción su número dos, Joaquín Pérez Rey.

El temor no es solo que se aceleren las prisas para una negociación muy compleja, sino que se busque una solución más 'espectacular' y acorde con el discurso de la líder de Sumar, que habla de salir antes del trabajo y mejorar la conciliación. Algo que, tal y como se articula la jornada laboral tampoco es tan evidente, ni siquiera para quienes trabajan ocho horas al día cinco días a la semana. A fin de cuentas, es muy posible que muchos trabajadores vean que la reducción se reparte de una forma diferente a las horas semanales y que la mayoría ni la perciban como tal.

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