Madrid
La Comisión Europea ha reinterpretado el Reglamento del MRR para flexibilizar los plazos de ejecución a la vista de los retrasos en la mayoría de los países y ganar tiempo más allá de 2026. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública llevará la tramitación urgente de la creación de la Sociedad Estatal de Tecnologías de Transformación (SETT) al próximo Consejo de Ministros, con la meta de que esté operativa en un plazo de dos o tres meses, para así alargar los fondos europeos más allá del límite de 2026, siempre y cuando, tengan el balance saneado, muestren avances en los proyectos, hayan asignado todos los recursos a los adjudicatarios y, además, deben tener una parte ejecutada para cuando Europa haga el desembolso.
De esta manera, se daría la inversión por completada porque se han transferido fondos a la entidad con un fin muy detallado. Como siguiente paso, la empresa pública firmaría un acuerdo de implementación, por el cual tendría que asegurarse de que se lleva a cabo el proyecto. Y, finalmente, habría un acuerdo de financiación con el beneficiario final.
PERTE Chip y NextTech
La SETT coordinará diversos fondos e iniciativas, entre los cuales se encuentran el PERTE Chip, con una asignación de 12.000 millones de euros para el desarrollo de semiconductores, el fondo NextTech (bajo la supervisión del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que cuenta con 4.000 millones de euros (2.000 millones provenientes de inversores privados) para invertir en empresas con un alto componente de innovación, y el fondo del Hub Audiovisual, que dispone de 1.700 millones de euros. En conjunto, estos recursos proporcionarían a la SETT una capacidad de inversión cercana a los 20.000 millones de euros.
Y es que a pesar de que el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, instó hace unas semanas a los gobiernos de la Unión Europea (UE) a ejecutar a tiempo las inversiones y reformas previstas en sus planes de recuperación puesto que no podrán recibir fondos europeos más allá del año 2026, la realidad es que ya se acordó en la Adenda que los programas ejecutados por entidades autónomas públicas podrían considerarse "cumplidos" al conceder la ayuda, y extender su ejecución algo más del 26 (un año o dos), como también sucede con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), entidad dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Por tanto, esta nueva empresa pública se acoge al mismo modelo y se interpreta que los fondos pueden transferirse a una compañía, aunque sea pública, con el compromiso firmado de que esta se hará cargo de la ejecución.
Entre las empresas y entes que hasta ahora se sabe podrán beneficiarse de este sistema para ayudas y créditos se encuentran, además, del ENISA, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Comité Científico para la Evaluación de Riesgos en Seguridad Alimentaria (CERSA), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), el Fondo de Coinversión (FOCO) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
