Una vez más hemos asistido a un nuevo engaño por parte del Gobierno en el diálogo social. La negociación de la subida del SMI para este ejercicio se ha convertido en un acto más del teatro en el que la vicepresidenta segunda está convirtiéndolo. Y no puedo más que lamentarlo.
Cuando tras la constitución del Ejecutivo y los anuncios sobre la nueva subida del SMI los empresarios fuimos convocados a la negociación, no teníamos buenas expectativas: en los últimos meses nos hemos encontrado con demasiadas rupturas de los acuerdos alcanzados, entre ellos el de la reforma laboral y, por lo tanto, demasiada foto vacía; demasiada imposición sin la más mínima consulta -las modificaciones en los Eres y la nulidad del despido o la reforma del desempleo son buenos ejemplos-; demasiado cambio caprichoso de las reglas del juego, como el desmantelamiento de la negociación colectiva nacional con la prevalencia del convenio autonómico que resquebraja aún más la unidad de mercado.
Ese era el escenario en el que acudimos a negociar el SMI; un índice que acumulaba ya muchas subidas arbitrarias basadas en premisas meramente electorales e ideológicas, que han situado a España en el país de toda la UE con el SMI más elevado con gran diferencia respecto a su media salarial, y en el único que lo sigue subiendo a este ritmo a costa de tener hundida su productividad. Aun así, y puesto que la fijación del SMI es una competencia del Gobierno -que sin embargo no puede ejercer caprichosamente como señalaré más adelante- aceptamos sentarnos en la mesa con dos objetivos: intentar mostrar qué consecuencias está teniendo esta forma de gobernar y minimizar en lo posible la nueva subida.
Enfrente de la patronal, solo hay argumentos políticos e ideológicos
El desafío último era que las pequeñas empresas del campo o las ubicadas en un pequeño pueblo de Soria, Cáceres, Jaén o Cuenca, sin opción de vender más, vieran incrementado lo menos posible unos costes que de manera continuada han sufrido alzas en los últimos años.
Porque conviene no olvidar que la subida del SMI tiene dos consecuencias: la electoral, que reporta réditos a quien por ley sube sueldos como en las autocracias comunistas, buscando titulares estilo Pravda, y la económica, que implica la elevación de costes salariales y de cotizaciones que irremediablemente frena la contratación en las empresas, sectores y territorios en los que los sueldos están ya al límite de la realidad económica. Si lo primero nos parece indefendible, a nosotros siempre nos ha importado lo segundo.
En los últimos cinco años, la subida del 54% del SMI ha impedido la creación de más de 170.000 empleos y tiene asfixiado principalmente al campo que lleva 27 meses con crecimiento negativo en el empleo; pero también está golpeando gravemente a empresas de determinadas provincias y comarcas, rurales en su mayor parte, y a las de servicios que trabajan con las Administraciones Públicas que; estas últimas han visto cómo, tras firmar contratos a varios años por un precio cerrado, el propio Gobierno les ha sometido a un fuerte incremento de costes que no pueden repercutir.
Sin interés por la prosperidad
Así las cosas, en la negociación intentamos que el Gobierno tuviera en cuenta las consecuencias negativas de sus políticas. Por desgracia lo hemos hecho sin ningún éxito, constatando que la motivación del Gobierno no necesariamente pasa por la defensa del interés general como le marca el artículo 97 de la Constitución española: al contrario, llegados a este punto hemos confirmado que la empresa y, por tanto, la prosperidad del país, no se encuentra en la hoja de ruta del Gobierno.
A lo que hemos asistido es a un desenmascaramiento de las formas autoritarias que este Ejecutivo emplea en el diálogo social, basadas en el chantaje (es como si el chantaje que sufre en otros frentes, tuviera que compensarlo), el castigo y la presión sin límites por conseguir una foto que le dé supuestos frutos políticos.
Al negarnos a aceptar un acuerdo con una subida inferior a la adoptada finalmente por Empleo, sé que hemos obligado a un mayor sacrificio a pequeñas empresas que lo están pasando mal, y a las que les podíamos haber ahorrado un punto de subida si nos hubiéramos plegado al chantaje.
Pero la política de compensación de daños no tiene recorrido a medio plazo cuando nos enfrentamos a la intervención de nuestra economía plasmada en los pactos del PSOE con sus múltiples socios. Cuando no hay negociación, cuando el Ejecutivo no ha estado nunca dispuesto a asumir nuestras propuestas de que los contratos públicos pudieran incrementar sus precios de acuerdo a la subida del SMI y de bonificación de las cuotas del campo, parece evidente que toda cesión estaba condenada a ser contraproducente.
En la práctica, lo que ocurre es que, tanto en la negociación como en el debate público, los empresarios usamos razonamientos económicos, técnicos, pero enfrente sólo tenemos argumentos políticos, ideológicos y propagandísticos, esgrimidos sin el menor criterio. El SMI es un buen ejemplo: el Estatuto de los Trabajadores marca en su artículo 27 los parámetros que deben contemplarse para su fijación (por simplificar: PIB, inflación, empleo y productividad) y el Gobierno está obligado a valorarlos. En una España en la que el SMI ha crecido un 54% en cinco años, cuando la economía sólo ha crecido un 2% y la productividad se ha reducido un 3,8% -mientras Europa ha ganado un 4%- no parece que se esté cumpliendo la Ley, ni siguiendo ningún criterio económico.
Afán intervencionista
Es obvio que detrás de ellos subyace algo que vengo denunciando desde hace años y que está en el mismo núcleo del problema al que nos enfrentamos los empresarios españoles: el descarado afán intervencionista del actual Gobierno.
En lo que se refiere concretamente al SMI, ese intervencionismo pretende hacer recaer las políticas sociales en el bolsillo de los empresarios, pervirtiendo el mismo concepto de salario. Como he repetido una y otra vez, el sueldo debe determinarse entre empresa y trabajador y considerando cuestiones como la productividad, la situación de la empresa y el sector, la cualificación del trabajador, el valor que aporta, la demanda y la oferta de este trabajo, y otras muchas cuestiones.
Me opongo radicalmente a esa concepción que pretende imponer el Gobierno, el salario poco menos que como una prestación social, que no encaja con el sistema económico que nos dimos en la Constitución y que ha generado prosperidad en los últimos 45 años.
No me cansaré de defender -aunque en su cerrazón ideológica el Gobierno sea impermeable a nuestros mensajes- que la mejor forma de mejorar los salarios en España es tener mejores empresas, impulsar la economía de nuestro país, fomentar el crecimiento y la competitividad de nuestras pymes, mejorar la productividad permitiendo a las empresas invertir e innovar. Como he dicho también muchas veces: lo que España necesita no son menos empresas, sino más; y no más pequeñas, sino más grandes.
Chantajes e imposiciones como las que han protagonizado el último episodio sobre el SMI van justamente en la dirección contraria.