Madrid
El Ministerio de Hacienda promoverá a través de incentivos que las empresas que salieron de Cataluña por el referéndum del 1 de octubre de 2017 sitúen la sede social donde tengan más actividad. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoce que no puede obligar a las compañías a cambiar su sede social puesto que España está sujeta a la normativa europea donde existe la libertad de establecimiento, pero sí busca que tributen en el territorio donde tienen mayor actividad.
Montero aseguró este jueves durante un acto de Forum Europa que cambiará la actual Ley de Sociedades de Capital para vigilar que las compañías no realicen "ingenierías fiscales" al declarar la actividad principal en un sitio, mientras que mantienen el domicilio social en otro. Con esta futura modificación en la norma, el Ejecutivo persigue que las empresas tributen en el territorio donde tienen mayor actividad y, por tanto, lleven allí su sede.
Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi abogados, asegura que los incentivos fiscales que se quieren otorgar a las empresas para que vuelvan a Cataluña deben quedar sometidos a las normas de derecho comunitario y éstas prohíben las ayudas ilegales ya que vulneran la libre competencia. El Gobierno aún no ha aclarado cómo serán estos incentivos porque serán medidas que tendrá que acordar con Junts en los próximos meses. Juan Ignacio Navas recuerda que las CCAA pueden establecer incentivos siempre dentro de la normativa comunitaria, pero que existen normas que prohíben el fraude fiscal vía deslocalización.
Junts también pidió al Ejecutivo a cambio de apoyar el miércoles en el Congreso la ley ómnibus, necesaria para que España pueda solicitar el cuarto desembolso de 10.000 millones de euros en fondos europeos, derogar el Real Decreto-ley de 2017, aprobado por el exministro de Economía, Luis de Guindos, que facilitó la salida de empresas a Cataluña. Desde el 1-O se marcharon de las CCAA más de 9.000 empresas. Este Decreto-ley eliminó trabas a los grupos para cambiar de sede social dando el poder al consejo de administración de decidir el nuevo destino de la sede sin necesidad de que sea apoyado por la junta.
Cualquier modificación que realice el Ejecutivo en la Ley de Sociedades de Capital tendrá que aplicarse a todas las empresas que operan en España, de lo contrario, y más si se prevé sacar adelante nuevos incentivos fiscales, se podría considerar una ayuda de Estado ilegal.
No habrá sanciones
El Gobierno ya ha dejado claro que no podrá cumplir la pretensión de Junts de multar a las empresas que no regresen a Cataluña. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló ayer en una entrevista a Antena 3 que es "imposible" sancionar a las empresas porque en España hay libertad de mercado y "cada empresa puede decidir dónde se instala, faltaría más". Alegría abogó por buscar la fórmula para que las compañías tributen donde tienen su mayor actividad.
Si se deroga el Decreto-ley de Guindos se volvería a la situación previa, es decir, a que el consejo de administración tenga que contar con el respaldo de la junta para poder mover la sede social. Un hecho, que según los expertos jurídicos consultados complicaría aún más la vuelta de las empresas a Cataluña porque entre los accionistas de grandes empresas que salieron, como CaixaBank, Sabadell, Gas Natural, Cellnex, Abertis o Colonial, hay grandes inversores institucionales que temen la inseguridad jurídica que se vive en la comunidad autónoma con la continua amenaza de un nuevo movimiento independentista. Así que, según los mismos expertos, todo dependerá de si los cambios legislativos que prevé el Ejecutivo en esta materia son realmente beneficios para que las compañías valoren su vuelta.
De momento, y según fuentes del mercado consultadas por este diario, los dos grandes bancos afectados no están dispuestos a regresar a Cataluña ante el temor de que la inseguridad jurídica que vive la región se vuelva a traducir en una fuga de depósitos por parte de los clientes, tal y como ya ocurrió en 2017, propiciando su salida.
El Gobierno tiene dos vías para derogar el Real Decreto-ley de Guindos. De un lado puede promover desde el inicio una nueva ley que anule la norma de 2017. Esto supondría iniciar todos los trámites que conlleva sacar adelante una ley, que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley, se recaben todos los informes de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, pertinentes, que salga a audiencia pública y que inicie su tramitación parlamentaria primero por el Congreso y, después por el Senado, cámara esta última donde el PP tiene mayoría.
Los expertos jurídicos señalan que, en este caso, es más probable que el Ejecutivo utilice la segunda vía que pasa porque el Consejo de Ministros apruebe un nuevo Real Decreto-ley que derogue el de 2017 y se publique en el BOE para que entre en vigor. Con esta opción, el Congreso también tendrá que convalidar el Decreto-ley en un plazo de 30 días. Aunque con el sí de Junts, el Ejecutivo podrá sacarlo adelante.
