La persistente desigualdad económica entre territorios es uno de los muchos problemas a los que se ha enfrentado la economía española en las últimas décadas. Para intentar suavizar estas diferencias, España cuenta con un sistema fiscal progresivo que tiene varias herramientas de distribución de renta, entre los que se encuentra el sistema de financiación autonómica. El objetivo de este es reducir la brecha económica entre personas y territorios para ofrecer una financiación suficiente a cada ciudadano viva donde viva. A priori, esta herramienta, junto al resto del sistema fiscal, debería ayudar a reducir la distancia de renta bruta per cápita entre regiones... o no. Este es el curioso caso del País Vasco, cuyo privilegiado sistema de financiación (el cálculo del cupo vasco) permite a sus ciudadanos mantener unos niveles de renta bruta disponible (los más altos de España) que apenas varían en términos relativos respecto a su renta per cápita. El País Vasco disfruta de una financiación efectiva que más que duplica al resto de comunidades.
Todo hace indicar que no todas las regiones realizan el mismo esfuerzo a la hora de arrimar el hombro. El caso del País Vasco es especialmente llamativo, puesto que siendo una región extremadamente rica (tiene el segundo PIB per cápita más alto de España) aporta relativamente muy poco. En un sistema justo y basado en la capacidad de cada región (más bien de la capacidad de los ciudadanos que conforman cada región), las comunidades más desarrolladas deberían aportar (vía impuestos y transferencias) una parte de su producto (PIB) para que las regiones menos avanzadas gocen, al menos, de unas oportunidades similares. Lo cierto es que esto no ocurre de este modo. Por un lado, por las deficiencias del sistema de financiación autonómico general. Por otro lado, por el ventajoso sistema de financiación del que disfruta el País Vasco. Si ese sistema se extendiese a todas las regiones, Madrid y Cataluña 'ganarían' miles de millones que perderían las regiones menos desarrolladas.
Para comprender mejor cómo se produce esta 'injusticia' conviene acudir primero a los datos de PIB de cada región, es decir, lo que produce cada autonomía antes de que entren en juego el saldo de las transferencias corrientes (impuestos sobre la renta o el patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales). En términos de PIB per cápita (dividiendo todo lo que produce cada región entre su número de ciudadanos), la Comunidad de Madrid es la región próspera de España. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, cada madrileño toca 38.435 euros de producto (PIB). Para que este indicador dé algo más de información resulta utilizar el PIB per cápita medio de España (28.162 euros) como índice 100. Es decir, si una región tiene un PIB per cápita superior a la media de España, el índice saldrá por encima de 100 y viceversa. En el caso de Madrid, este índice es del 137,1%. De modo que supera con creces la media española.
En segunda posición aparece el País Vasco, con un PIB per cápita de 35.440 euros (un 126,9% de la media española). En tercera posición se encuentra Navarra, con una renta per cápita de 33.798 euros (120,3% respecto al PIB de España) y en cuarto lugar aparece Cataluña, con una renta per cápita de 32.550 euros (índice 116% respecto a España). Por la parte de abajo, (exceptuando Ceuta y Melilla), aparecen Extremadura (75,6% de la media española), con una renta per cápita de 21.343 euros, y Andalucía, con una renta per cápita de 21.091 euros (74,9% de la media española). Las diferencias son notables para un mismo país. Mientras que el PIB per cápita de los madrileños supera con creces la media incluso de la Unión Europea (35.440 euros), el de los andaluces solo supone un 54,87% del PIB per cápita madrileño.
La política fiscal y el sistema de financiación autonómico
Sin embargo, para suavizar estas diferencias, España cuenta con un sistema fiscal progresivo (paga más el que más gana), que incluye un sistema de financiación autonómico (tiene un régimen común y otro foral para País Vasco y Navarra) que, en principio, redistribuye parte de los ingresos públicos desde las regiones más ricas a las más pobres. Además, este sistema procura que buena parte de la recaudación recaiga sobre las personas con menores niveles de renta y que son más vulnerables.
De modo que los ciudadanos con menor renta se 'benefician' por una doble vía: por un lado, porque en las regiones más prósperas cuentan una mayor porción de ciudadanos con salarios y rentas altas (pagan tipos más altos en impuestos en los que el Estado aún controla en parte). Por otro lado, porque el sistema de financiación autonómica redirecciona directamente una parte de los recursos de las regiones más desarrolladas a las regiones menos desarrolladas.
El impacto de esta distribución se puede ver en un indicador clave, que goza de poco protagonismo, pero que aquí resulta esclarecedor para mostrar el desigual esfuerzo que tienen que hacer regiones con un desarrollo similar: la renta disponible bruta. Este indicador, al contrario que la renta per cápita, tiene en cuenta el saldo de las transferencias corrientes (impuestos sobre la renta o el patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales y otras).
Es aquí, en este indicador, donde se produce un hecho curioso que a la vez destapa los privilegios fiscales de los que goza el País Vasco, gracias al opaco cálculo del conocido como cupo vasco. Cuando se analiza la renta bruta disponible, el País Vasco pasa a ser la primera del ranking nacional con una renta de 20.865 euros, el 126,6% de la renta disponible bruta de España, muy cerca del 126,9% que representaba su renta per cápita respecto a la media nacional.
Por el contrario, la renta disponible bruta de Madrid es de 20.357 euros, el 123,5% de la media nacional. Atendiendo a los porcentajes, tras tener en cuenta el saldo de las transferencias corriente, los madrileños 'convergen' a la baja con el resto de España en casi quince puntos. Por el contrario, el País Vasco, la segunda región más rica del país y, que, por lógica, debería contribuir de forma notable, mantiene su posición. Este 'sinsentido' se debe al muy favorable sistema de financiación del que goza dicha comunidad.
Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía Aplicada e investigador de Fedea, explica en declaraciones a elEconomista.es que este fenómeno se debe "a que el País Vasco tiene privilegios derivados del cálculo del cupo y de que no aportan a las transferencias del Estado, pese a que la emisión de deuda pública que se dirige a la Seguridad Social para cubrir el déficit del sistema contributivo de pensiones está generado en parte por las elevadas pensiones que reciben los ciudadanos de esa comunidad autónoma. En definitiva, se puede decir que "el cupo vasco es un privilegio", sentencia este experto.
La financiación efectiva por región
Como se puede ver en el siguiente gráfico, País Vasco y Navarra disfrutan de una sobrefinanciación (abismal en el caso del primero) gracias al cupo vasco y la aportación navarra. Las series de financiación efectiva a competencias homogéneas intentan aproximar los recursos que el sistema ordinario de financiación autonómica habría proporcionado a los gobiernos regionales durante el período analizado para financiar las competencias comunes a todas las comunidades autónomas si éstas hubiesen aplicado una escala tributaria común en los impuestos sobre los que tienen capacidad normativa, explica Ángel de la Fuente, el mayor experto de España en financiación autonómica e investigador de Fedea.
La financiación efectiva del País Vasco llega casi al 250% (lo lógico para un sistema igualitario es que todas las regiones estuviesen en el 100%), mientras que la de Navarra se queda en el 160%. La siguiente comunidad 'privilegiada' es Cantabria, que ya entra dentro del régimen de financiación común, y supera ligeramente el 100% de financiación. Por el lado opuesto aparecen la Comunidad Valencia y Murcia, con financiaciones efectivas por debajo del 100%.
En un sistema más igualitario, en el que la aportación de navarros y vascos fuese acorde a sus niveles de renta, la financiación efectiva por habitante sería más homogénea. Además, esto permitiría reducir, en parte, la todavía enorme brecha de renta disponible bruta que se observa entre las diferentes regiones de España.
Es importante señalar la importancia de la financiación autonómica para las regiones menos desarrolladas. "El sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios propios, por un importe de algo más de 16.000 millones de euros. Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta unos 8.900 millones de euros en términos netos) y en parte de las comunidades con mayor renta (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros 7.400 millones", según señalaba Ángel de La Fuente en un documento en el que analizaba el sistema de financiación foral.
No solo dentro de España. Hace unos años, el banco alemán Deutsche Bank publicó un informe en el que destacaba que "las reglas fiscales desiguales agravan los problemas de España", tanto en lo económico como en el sentimiento separatista de algunas comunidades. En dicho documento, los investigadores de la entidad alemana sostenían que "sorprende que teniendo en cuenta que el sistema está basado en la solidaridad, las regiones más ricas apoyan a las más pobres, Navarra y País Vasco sean receptoras netas de fondos en lugar de contribuyentes. Las direcciones poco comprensibles de los flujos y la asimetría de los regímenes fiscales hacen mucho más comprensible el descontento de los catalanes".
Esta divergencia en la financiación efectiva permite, probablemente, que los ciudadanos vascos disfruten de unos servicios públicos de mejor calidad. Esto, su vez, puede incidir en una mayor desigualdad entre regiones, puesto que unos servicios públicos (educación, sanidad...) de mejor calidad suelen desembocar en mayores y mejores oportunidades para los ciudadanos de la región que los disfruta, además de un mayor bienestar, frente a las regiones que parten de un nivel de renta menor. Si uno de los objetivos de la política fiscal es redistribuir la renta y suavizar las desigualdades económicas entre ciudadanos y regiones dentro de España, el cupo vasco no solo no ayuda, sino que tiene el efecto opuesto.