Bilbao
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, asistió la pasada semana al Pleno del Congreso de los Diputados en Madrid, donde se debatió y aprobó la modificación de la Ley del Concierto Económico.
Con esta cambio se incluye la concertación de tres nuevos impuestos y la modificación de otro ya existente, así como la nueva Ley de metodología del Cupo para el quinquenio 2022-2026.
Azpiazu, que estuvo acompañado por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban y varios miembros de su departamento, puso en valor la estabilidad financiera que esta aceptación aporta a las instituciones vascas, "añadiendo una certidumbre que en épocas de inestabilidad económica como las que nos está tocando vivir supone una garantía de solvencia y solidez".
Comisión Mixta
Esta aprobación es fruto de los acuerdos logrados en la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE), celebrada en noviembre y diciembre. "El Concierto Económico es la base de nuestro régimen de financiación, y es nuestro deber trabajar para conseguir este tipo de acuerdos".
Según Azpiazu, los acuerdos reflejan la normalización de las relaciones financieras entre instituciones, y la materialización del respeto al Concierto, donde el pacto bilateral es la seña de identidad.
Así, entre otras cuestiones, con la modificación del Concierto se aprueban las siguientes concertaciones: el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables; el gravamen sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, el impuesto temporal de solidaridad de las Grandes Fortunas; y la adaptación a los cambios introducidos en el de los gases fluorados de efecto invernadero.
En materia financiera, el Congreso aprobó el proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026, que fija el cupo provisional del año base en 1.472 millones, 1.468 descontando una compensación histórica a Álava). Este importe es similar al que se abona al Estado y la metodología aprobada mantiene el índice de imputación en el 6,24%.