Los retos de Saiz: las pensiones necesitarán un ajuste de 10.700 millones esta legislatura

La nueva titular de la cartera de Seguridad Social y Política Migratoria, Elma Saiz, ha abierto las puertas de la política nacional con su nuevo cargo al mando de las pensiones y la migración. La navarra hereda de José Luis Escrivá un ministerio de fuerte carácter económico y también político. Sobre estos dos ejes giran los grandes retos de Saiz durante la legislatura. La auditoría que hará la Comisión Europea sobre la reforma de pensiones en 2025, la primera revisión prevista, avanza medidas necesarias por valor del 0,8% del PIB, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el equivalente a un desajuste de 10.700 millones que deberá pactar la nueva ministra.

Además de la propia auditora independiente pública, otra gran institución como el Banco de España también viene alertando de la necesidad de incluir nuevas medidas por la vía del gasto, de los ingresos o una combinación de ambas para cubrir las necesidades del sistema de las pensiones. Precisamente dos opiniones de peso y autorizadas sin sospechas de estar intoxicadas.

La cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la nueva cotización cuyo resultado final fue ideado por los sindicatos y pactada por Escrivá con la Comisión Europea, supone un examen cada tres años del sistema español.

Si al gasto en pensiones previsto por el Ageing Report que elabora la Comisión Europea se le restan los nuevos ingresos generados con las nuevas medidas supera el 13,3% del PIB, entonces el Gobierno debería trabajar con el diálogo social y el Pacto de Toledo para cubrir un 20% del desfase previsto.

Esta cuota, que no genera derecho a pensión, ya grava el 0,6% de las nóminas, subirá al 0,7% en 2024 y otra décima, hasta el 0,8%, en 2025.

La próxima actualización del informe de Bruselas aproximará la cuantía de los ajustes que ya prevé la AIReF o el Banco de España. En todo caso, la fórmula para balancear el sistema no será solo a través de esta cláusula de cierre o salvaguarda que impondría aumentos de ingresos por cotizaciones, recortes del gasto o combinar ambas. El resto del desfase previsto restante se asumirá como un déficit constante del sistema o se recurrirá, en mayor medida, a los ingresos extraordinarios a través de las transferencias del Estado a coste cero. Son las fórmulas que también deberá encajar Saiz en base a la configuración de la ley y el desajuste previsto por los expertos de la AIReF.

Por ello, no es casualidad que la nueva ministra recibiera la cartera de Seguridad Social ante la atenta mirada de los agentes sociales en la sede del Ministerio. Había miembros de todas las partes, sindicatos y empresarios. También los autónomos. Caras visibles y negociadores que tendrán una estrecha labor de trabajo durante la presente legislatura con bolas calientes.

Traspaso a País Vasco

La navarra deberá abordar las negociaciones con las formaciones vascas, que defienden su petición histórica de traspasar la Seguridad Social a la región, según recoge el Estatuto de Guernica. Saiz deberá ponderar y destensar la cuerda de la que tirarán los vascos, y lo hará teniendo en cuenta que no puede ceder la gestión si quiere respetar el principio de solidaridad de la administración de las pensiones.

Sobre la mesa está el posible enfrentamiento con la Constitución: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad".

Y es que el sistema de pensiones también funciona como modelo de redistribución de renta entre regiones más ricas y más pobres: la deuda y el déficit se asume entre todas, como una caja única, aunque los vascos no pagan intereses por deuda. A la vista de su conocimiento de Bildu, deberá hacerse valer en las negociaciones.

Tramos de autónomos, planes de pensiones, jubilaciones...

Saiz deberá negociar los nuevos tramos de los autónomos, que cotizan desde este curso por ingresos reales en el nuevo sistema. La reforma planteó la equiparación de trabajadores por cuenta propia y asalariados en términos de cotización en 2032. En esta década de transición, cada tres años se negocian las tablas.

No prevé ser tarea sencilla pactar con las asociaciones de autónomos y el arco parlamentario una subida de las cuotas. No en vano, ya estrechó el calendario reformista en 2022 y se atrasó más de lo previsto.

La jubilación parcial será uno de los frentes abiertos e implicará cambios en el contrato de relevo para ampliar su uso más allá del sector industrial e incentivar la salida paulatina del mercado laboral y aprovechar en mayor medida la fuerza laboral sénior. Es una de las máximas: acercar la edad real de jubilación a la edad legal, penalizando las jubilaciones anticipadas y bonificando las tardías de forma voluntaria.

No solo se habla de pensiones públicas, también del resto de pilares para complementar la paga de la Seguridad Social. El Gobierno tiene pendiente el desarrollo del fondo público de pensiones que gestionarán cinco empresas privadas. El inicio del ahorro en este macrofondo dependerá del desarrollo de la plataforma informativa. Por su parte, las gestoras no esperan comercializar los vehículos de ahorro al menos hasta comienzos de 2024.

De igual manera, los planes del Ministerio pasan por resucitar el ahorro del plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado (AGE) durante la próxima legislatura, tal y como desvela este medio en exclusiva. El Estado lleva desde 2011 sin realizar aportaciones en favor de los funcionarios y el personal contratado.

Además, siguiendo con el objetivo de complementar las pensiones públicas, Seguridad Social aun debe seguir siendo el apoyo de sectores como la Construcción que están desarrollando un plan de pensiones de empleo a nivel sectorial, además de otros interesados (industria química, grandes almacenes, hostelería...).

Por último, la conocida como hucha de las pensiones -el Fondo de Reserva- ha comenzado a reicibir fondos por primera vez en más de una década. Una labor del secretario de Estado de Pensiones, número dos de Saiz, será la de realizar el seguimiento del volumen patrimonial de la hucha de las pensiones y negociar posibles cambios de gobernanza y de política de inversiones para un fondo que prevé acumular hasta 130.000 millones.

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