Moncloa traslada a la UE su lucha política con las autonomías del PP al señalar el "deterioro" que las rebajas fiscales aprobadas por varios gobiernos autonómicos pueden provocar sobre el déficit público. El Plan Presupuestario elaborado por los departamentos que dirigen Nadia Calviño y María Jesús Montero recuerda al Ejecutivo comunitario que el catálogo de bonificaciones y reducciones de los gravámenes gestionados por las regiones, restarán 2.050 millones de euros a la partida de ingresos en 2024. El momento es crítico para las cuentas públicas, que el año que viene deben comenzar a pasar el examen de las reglas fiscales. "En cuanto a las medidas discrecionales de ingresos, en 2023 tendrán un impacto diferencial estimado de -513,8 millones de euros. Para 2024 el efecto sería de 2.040,3 millones de euros", explica Economía en el texto.
En concreto, el documento señala a las rebajas del tramo autonómico del IRPF como, a su juicio, las más dañinas para el objetivo de déficit. Moncloa cifra el roto en los ingresos en 1.728 millones de euros el próximo año. La cantidad triplica la merma prevista para este 2023, cuando se espera un recorte de 613,3 millones.
Batalla fiscal con el PP
El mensaje es claro. Durante el último año, las autonomías gobernadas por el Partido Popular han abierto una batalla fiscal contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, haciendo uso de su potestad, constitucionalmente reconocida, para competir tributariamente. Una contienda liderada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en solo dos años ha aplicado dos rebajas de los tramos del IRPF. En 2021, Isabel Díaz Ayuso anunció la reducción en 0,5 puntos en cada uno de los tramos autonómicos con un ahorro estimado para los madrileños de 334 millones de euros. El pasado mes de abril, la líder del Ejecutivo madrileño prometió una nueva rebaja idéntica a la anterior, que dejó el tipo mínimo en el 8%. Ayuso puso la guinda hace unos días en Nueva York, al revelar que en 2024 entrará en vigor la deducción en el IRPF para inversores que se instalen en Madrid.
A esta carrera por rebajar impuestos se sumaron otros barones populares. El gobierno andaluz de Juanma Moreno aprobó una rebaja progresiva de los tramos en septiembre del año pasado y decretó una reducción del impuesto en busca del inversor extranjero; poco después Ejecutivo murciano elevó el órdago. López Miras imitó el movimiento el pasado mes de marzo.
Pero no es este el único gravamen que pondrá en apuros la estabilidad de las cuentas que España ha prometido a la Comisión Europea. El Plan Presupuestario cifra en 297,4 millones el impacto que tienen sobre el déficit público las diferentes bonificaciones al impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobadas a lo largo y ancho de España. Aquí son mayoría las Comunidades Autónomas que tienen descontado casi al 100% el impuesto. De nuevo las populares Madrid, Andalucía y Murcia cuentan con un pago casi inexistente. En esta última región, el Gobierno decretó la eliminación del tributo entre familiares de hasta tercer grado.
El efecto de Grandes Fortunas
Mucho menor impacto tendrá el impuesto sobre el Patrimonio, según el documento presentado a los de von der Leyen. El Gobierno en funciones prevé que las bonificaciones autonómicas apenas arañen 24 millones de euros a los ingresos. La cifra es mucho menor a la calculada para este 2023, cuando Moncloa cuenta con 109 millones de euros menos por las concesiones regionales. El desajuste retrocede por la corrección técnica del impuesto temporal a las grandes fortunas aprobado en 2022 y que se descuenta lo abonado en el Impuesto sobre el Patrimonio. La redacción original del gravamen permitió a los contribuyentes restarse el Impuesto de Patrimonio aún en las comunidades autónomas con este tributo cien por cien bonificado. El fallo hundió las expectativas de la 'tasa a los ricos', que tan solo recaudó 623 millones de euros, lejos de los 1.500 millones esperados por Hacienda.
En contra, el Gobierno en funciones presume del efecto de las subidas de impuestos programadas para el próximo. Moncloa contrapone modelos ante Bruselas y promete ingresar más de 200 millones de euros por la subida del IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros y el incremento en tres puntos para las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros. También incluye en sus números el impacto positivo del final de las principales medidas adoptadas para combatir las consecuencias de la crisis de la inflación. Una de las más costosas, la supresión del IVA para los alimentos básicos, devolverá 1.350 millones de euros a las arcas custodiadas por la Agencia Tributaria. "Estas medidas han tenido un impacto negativo en la recaudación prevista de los impuestos sobre la producción e importaciones y están programadas para mantenerse vigentes hasta el 31 de diciembre", reconoce Hacienda en el texto.
Otras, como la extinción de la reducción al 5% del IVA de la electricidad o la rebaja al 0,5% del impuesto especial eléctrico, añadirán más de 2.000 millones. A ello, se añaden los ingresos previstos como consecuencia del gravamen temporal a la banca y las energéticas que Montero podría hacer permanente si Pedro Sánchez consigue revalidar la presidencia del Gobierno antes del próximo 27 de noviembre, fecha límite para la celebración de su debate de investidura.
En este caso, Moncloa sí prevé que los pronósticos de recaudación se cumplan al final del ejercicio 2023. El ministerio de Hacienda espera ingresar 2.900 millones de euros a través de esta figura. Su titular en funciones reveló hace semanas su intención de mantener el gravamen, una medida que apoya el que podría ser su principal socio de coalición. Sumar es más claro a la hora de abordar el futuro del impuesto. En el programa electoral con el que Yolanda Díaz se presentó al 23-J, propone reforzar su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados.