Luxemburgo
La reforma de las reglas fiscales comunitarias afronta retrasos para llegar a un acuerdo antes de final de año. Si la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, planeaba presentar una propuesta de texto legislativo para avanzar en el Ecofin de este martes, sus ambiciones han quedado finalmente diluidas en un encuentro en el que apenas hubo debate. Mientras, Berlín y París sortean la batuta de Calviño en las negociaciones para tratar de acercar posturas entre el eje franco-alemán, en un diálogo bilateral.
La vicepresidenta primera se encomendó, al cierre del encuentro, a la reunión de minsitros de Economía y Finanzas de la UE para avanzar en este texto. Ha asegurado que los trabajos continuarán en las próximas semanas para "presentar un proyecto de texto legislativo en el Ecofin del 9 de noviembre que reflejará el debate de los últimos meses que permita abrir las fases finales de la negociación".
El motor de toma de decisiones de la UE, el eje Berlín y París, aprieta ahora los pasos con una negociación en paralelo a los Veintisiete. "Todo el mundo sabe que, al final, un acuerdo sobre las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento requiere un acuerdo francoalemán", ha allanado el terreno a su llegada al encuentro el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire. Una conversación que ya ha iniciado con el titular de Finanzas germano, Christian Lindner y que "continuará las próximas semanas para intentar alcanzar un acuerdo francoalemán que puede servir de base para un acuerdo más global", ha explicado Le Maire.
"Las iniciativas francoalemanas a menudo tienen probabilidades de ser aceptadas por muchos Estados miembro porque combinamos los mismos valores y el mismo compromiso por la unidad europea", ha justificado el titular de Finanzas alemán. La postura germana, tradicionalmente frugal, defiende ahora que el nivel 3% de déficit sobre el PIB sea el límite máximo, pero cree que el objetivo debe ser más bajo, en fórmula en línea a la que aplicaban ya las reglas fiscales anteriores.
Preguntado por esta cuestión, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha subrayado que "el déficit del 3% sobre el PIB es, de hecho, el límite máximo y no el objetivo". Es así que ha razonado que el balance estructural debe oscilar entre el 0% y el 1% del PIB y a medida que los Estados miembro implementen sus planes fiscales estructurales deben llevar el déficit a una trayectoria sostenible a la baja y por debajo del 3% del PIB.
En un intento por marcar un "calendario ambicioso", París y Berlín quieren formalizar progresos concretos para el próximo encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la UE del 9 de noviembre. La propuesta del francés pasa por centrarse "en un único indicador: la deuda", aclaró a su entrada al encuentro el que considera un "indicador clave para definir las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento".
El mensaje tiene su relevancia considerando que Alemania cuenta meses demandando una senda mínima de reducción anual de la deuda del 1% para aquellos países que superen niveles del 60% sobre el PIB. Una condición que el propio Le Maire rechazaba en junio, en choque frontal a reglas "automáticas e uniformes" y abogando por la individualidad coyuntural de cada Estado miembro.
Es así que trata de acercar posturas con un Lindner que en los últimos meses ha ido endureciendo en tono hasta el punto de que, en agosto, reclamaba extender tales salvaguardias también para el déficit. "Para nosotros la reducción de la deuda sobre el PIB y del déficit anual están conectados", ha señalado Lindner este martes, para concretar que el 3% de déficit sobre el PIB es el "límite máximo" ya que "en circunstancias normales" debe situarse por debajo de tal umbral.
Por su parte, Le Maire aboga por un nivel de deuda "sostenible" y "compatible con su nivel de crecimiento e inversión" en lugar de llegar al nivel "más bajo posible". Y se topa con la postura italiana que aboga con insistencia por "una consolidación gradual y sostenible", que contemple "inversiones públicas y gastos como la defensa como objetivos políticos estratégicos".
No es que un mano a mano entre Berlín y París sea especialmente extraño para pactar una reforma del calado económico como la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero en cierta forma sí deja en un segundo plano el liderazgo de Calviño a la hora de ejercer de árbitro en tal diálogo. Las ambiciones que marcaba en la cita informal de ministros de Economía de Santiago, de poner sobre la mesa una propuesta de texto legislativo en esta reunión de octubre se han visto postergadas un mes.
Puso Calviño sus esperanzase en la cita de noviembre peese a que en Santiago reiteró que había acordado "el 70% del texto y a los ministros vamos a plantearles pasar a la negociación política del 30%". La ministra de Asuntos Económicos evitó concretar los motivos de tal retraso, pero, por lo pronto, no emergen inquietudes sobre una posible pérdida de control de las negociaciones.
Un acuerdo a nivel de Veintisiete sería más apetecible para la presidencia española de la UE, según fuentes diplomáticas, que uno que se teja a partir de negociaciones bilaterales, aunque a que Calviño ha dicho a la prensa que alienta las conversaciones "constructivas". Hay consenso sobre una reforma se configure entre salvaguardias e incentivos para las inversiones y reformas, también sobre el control que los Estados miembro deben tener sobre sus propias finanzas y todo después de que la presidencia española de la UE presentara una propuesta que, en un intento por acercar posturas, plantera incluir el gasto en defensa como atenuante en circunstancias excepcionales.
La conversación sobre la reforma de la gobernanza económica en el Ecofin de este martes en Luxemburgo fue escueta: solo intervinieron los comisarios comunitarios, Paolo Gentiloni y Valdis Dombrovskis, y el ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti. Tanto los plazos marcados, como la complejidad de la reforma suponían un gran desafío para la vicepresidenta primera que, en calidad de presidencia semestral del Consejo de la UE, tiene la responsabilidad de buscar un consenso entre países para la nueva gobernanza económica antes de cierre del ejercicio. Antes, en todo caso, de que vuelvan a aplicarse las reglas fiscales que fueron suspendidas por la pandemia.
