El líder del PP y todavía aspirante a la presidencia del Gobierno (a falta de la segunda votación en el Congreso), Alberto Núñez Feijóo, aprovechó el debate de investidura para presentar su programa de Gobierno con algunas novedades en el ámbito laboral, como el compromiso explícito de llevar el SMI al 60% del salario medio. Un anuncio con el que buscaba arrebatar al Ejecutivo en funciones de PSOE y Unidas Podemos (ahora Sumar) la propiedad 'intelectual' sobre una medida que el político gallego presentó como ya pactada con la Unión Europea. En lo que se mostró mucho más moderado fue en su aportación al debate sobre el tiempo de trabajo, una de las claves que marcarán la próxima Legislatura y ante la que el candidato 'popular' desempolvó la misma propuesta de un "banco de horas" que siete años atrás presentó Mariano Rajoy sin que entonces llegara a materializarse.
Fue en 2016 cuando Rajoy prometió impulsar un "pacto nacional para la conciliación familiar y la racionalización de horarios", que incluía incluso la demanda histórica de cambiar el huso horario. El PP de Núñez Feijóo no llega a tanto, pero sí reedita el plan también verbalizado por Fátima Báñez a finales de ese año, nada más ser renovada como ministra de Empleo, para apostar por la "flexibilización de la jornada laboral", con la implementación de "fórmulas de teletrabajo" y la "creación de una bolsa de horas" cuya utilidad sería gestionar "asuntos propios".
Pese a lo mucho que ha llovido desde entonces, incluida una pandemia, el PP apenas ha cambiado su retórica salvo en lo relativo al teletrabajo, que Núñez Feijóo omitió en su discurso. Ello a pesar que la legislación al respecto impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una enmienda en toda regla a la reforma laboral de 2012, que dejaba bastante laxitud en este ámbito, pero que también ha sido bastante criticada por empresas y trabajadores que consideran que impone una rigidez (y costes) excesivos que lo desincentivan, siquiera cuando se aplica bajo la fórmula 'híbrida' con solo un día o dos de trabajo en remoto. Pero los 'populares' entienden que reabrir este melón le supondría un choque con la patronal, bastante conforme con el texto actual que, no en balde, surgió con su apoyo.
Pero ¿qué es exactamente un banco de horas y porqué el compromiso de Mariano Rajoy no llegó a ver la luz? ¿Por qué las bolsas de horas no existen en todas las empresas? La respuesta puede ser sorprendente para algunos: el hecho es que las hay. Pero su concreción es muy diferente a lo que esta denominación, y la forma en la que la presenta el PP, sugieren.
Vigente desde 2012
Ante todo, hay que aclarar que ni siquiera en 2016 este anuncio era una novedad. Porque cuando se habla de bancos o bolsas de horas, a lo que se alude realmente es a la "distribución irregular de la jornada" introducida en la reforma laboral de 2012. Un apartado que, por cierto, la de 2021 no ha modificado.
El artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que "mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores", se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Pero si no hay acuerdo, la empresa también podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año hasta el diez por ciento de la jornada de trabajo. Siempre respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá contar con un "preaviso mínimo" de cinco días.
¿Dónde encaja aquí el banco de horas? La norma precisa que el tiempo de trabajo "supera la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada" el trabajador será compensado. Eso sí, no se trata de un 'regalo'. A diferencia de los famosos días de asuntos propios de los funcionarios y otros trabajadores, si el tiempo de trabajo efectivo queda por debajo de la jornada pactada también tendrá que recuperarlo. La fórmula para hacerlo se determinará por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y, si no es así, la ley se limita a señalar que habrá un plazo de doce meses para hacerlo.
Las causas que justifican esta modificación de la jornada deberían fijarse en los convenios, aunque de no ser así el artículo 41.1 del Estatuto establece que la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (incluida la jornada) cuando existan "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción".
El caso es que la distribución irregular o variable de la jornada se recoge en la mayoría de los convenios, precisamente como una forma de responder a los picos de producción o valles en los que la necesidad de mano de obra fluctúa. De hecho, el III Acuerdo de Negociación Colectiva firmado en 2015 señalaba que contenido mínimo del convenio debía "fijar el cómputo anual de la jornada y su distribución irregular" y la compensación de las horas, como instrumento para evitar, siempre que sea posible, las horas extraordinarias o la contratación temporal.
Esta es la razón por la que muchas empresas, durante la pandemia, se acogieron a esta fórmula como alternativa a los ERTEs. Algo que generó algunas polémicas e incluso denuncias y sentencias peor que no se tradujo en un cambio legal por parte del Gobierno. Ni siquiera en el cuestionado supuesto de los trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos, a los que también se aplica esta distribución irregular.
Una complejidad 'quirúrgica'
La pregunta es: ¿si su base legal está implantada desde hace más de una década, por qué el PP insiste aún en pedir un pacto para impulsar las bolsas o bancos de horas? El motivo está en algo de lo que, seguramente, el lector ya se habrá dado cuenta: el andamiaje legal de la distribución irregular de la jornada y su aplicación se dirige a facilitar que las empresas (preferiblemente con acuerdo con los sindicatos) se puedan adaptar a un escenario de crisis económica como aquel en el que el PP aprobó su reforma laboral y, el que se produjo en 2020. La prioridad no es potenciar la conciliación entre vida laboral y personal.
Con ello se llega a un escenario en el que, según los datos que el propio Núñez Feijóo citó en su discurso hace dos días, el 80% de los empleados en España afirman no tener poder de decisión sobre la organización de sus horarios laborales, frente al 30% de Suecia o Finlandia, el 50% en Alemania o el 60% de Francia. Pero tampoco contempla cambiar la Ley.
"Propongo afrontar este reto, pero que no lo hagamos de cualquier manera. Por supuesto, no a golpe de decreto porque esa no es la solución", aseveró el líder 'popular'. ¿Cómo entonces? Su idea es negociar con los agentes sociales un "marco general" que pueda luego desarrollarse "vía convenios colectivos" en cada centro de trabajo y que contemple la semana laboral flexible y el banco de horas. Aunque ambos sean en realidad las dos caras de la misma moneda de la distribución irregular de la jornada.
¿Por qué este objetivo no se logró en 2016, cuando era uno de los ejes de la política laboral del Gobierno de Rajoy en su segunda Legislatura? En primer lugar, recordemos que aquel Ejecutivo operó en unos tiempos políticamente convulsos y apenas duró año y medio hasta que fue desalojado por la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa. Pero, aun así, el clima del diálogo social entre patronal y sindicatos, y Rajoy se despidió tras lograr un acuerdo con los interlocutores sociales para fijar una senda de subida del SMI que luego Sánchez actualizó.
La clave está en algo a lo que también Núñez Feijóo aludió con una contundente frase de su discurso: "El tejido económico es suficientemente complejo para que este tema se resuelva con precisión quirúrgica en cada empresa". Pronto quedó claro que pilotar un gran pacto por la flexibilidad de la jornada era tarea imposible ante las posturas cada vez más alejadas de patronal y sindicatos, aunque no tanto como hoy, cuando las centrales CCOO y UGT aplauden sin ambages la propuesta de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de reducir el máximo legal de la jornada de trabajo a 37,5 horas ya en 2024.
El 'melón' de otra reforma laboral
La ministra de Trabajo en funcionas y aspirante a vicepresidenta de un eventual nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, ha logrado capitalizar este debate frente a propuestas más difusas, como los experimentos para estudiar la viabilidad de la jornada de cuatro días pactados por el PSOE y Más País (formación hoy integrada en el grupo parlamentario de Sumar). Incluso arrastró a Pedro Sánchez a sus posiciones con el 'órdago' de la una Ley de Usos de Tiempo que presentó justo antes d la convocatoria de las elecciones generales.
Todo ello con el rechazo frontal de las empresas que llevan desde 2019 asistiendo a lo que consideran cada vez mayores restricciones para organizar el tiempo de trabajo, con mediadas como el Registro de Jornada o las continuas campañas de la inspección de trabajo jaleadas por Díaz en varias ocasiones desde mítines electorales.
Ane esta tesitura s entiende que el PP, muy consciente de que no puede renunciar a un debate que ha resucitado n la sociedad tras la pandemia y será clave en los próximos años (siempre que una crisis económica o laboral de otro calibre no lo diluya de la agenda) opte por ofrecer su propia alternativa en la que la flexibilidad se logra aprovechando las herramientas legales que ellos mismos introdujeron en 2012 y sin nuevas imposiciones generales a las empresas.
Su negativa a cambiar la ley también le protege de las presiones por apte de algunas empresas, pero también de Vox, que apoya la investidura de Núñez Feijóo, para lanzar una nueva reforma laboral que no solo corrija la hecha por Sánchez o Díaz, sino que abra la puerta a propuestas para que los cambios en el tiempo de trabajo vayan n dirección contraria y se aproximen, incluso, a los introducidos por Grecia en las últimas semanas. Una posibilidad que en Génova prefieren que ni siquiera se vea insinuada.
