Madrid
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado sus objetivos para la próxima legislatura asumiendo que la formación de Gobierno está en el aire. Unai Sordo, su secretario general, ha planteado recuperar el salario por tramitación. Esta figura se eliminó en la reforma laboral de 2012 y protegía al trabajador ante un despido improcedente o declarado nulo por un juez y le permitía cobrar las nóminas que le correspondían durante esa etapa en la que no pudo trabajar en la empresa. Eso sí, desde CCOO ven complicado acordar esta medida con la patronal.
En la reforma laboral de hace ahora once años, este tipo de compensación se modificó y actualmente solo deben abonarse cuando el despido sea declarado nulo por motivos discriminatorios. En un improcedente, si el empresario opta por no readmitir al trabajador, este salario por tramitación no se abonaría. Es decir, en la actualidad sólo se cobran cuando el trabajador con despido nulo o improcedente es readmitido.
Sus puntales de lanza en el plano laboral es el de alcanzar lo que su secretario general, Unai Sordo, ha denominado el "paro friccional", es decir, bajar la tasa de desempleo hasta el 7-8%. El secretario de Estado de Economía en funciones, Gonzalo García Andrés, dijo en julio que esta cifra rondaba el 8%.
Además, mantienen su propuesta de abordar con los empresarios en la mesa de diálogo social la jornada laboral hasta las 35 horas en aquellos sectores en los que se pueda hacer realidad y buscar la fórmula en aquellos puestos en los que sea más complejo.
En un contexto mediático en el que la investidura lo es todo, la realidad socioeconómica no debería quedar atrás. Así lo plantea la central sindical, consciente de que la parálisis política pausa todas las cuestiones laborales, al menos por unos meses. "Sin investidura no hay legislatura, pero debe ser para algo. En nuestra opinión tienen que abordar temas de índole laboral y económico que son de máximo interés para nuestro país", ha dicho Sordo.
Así, temas como la jornada laboral de 35 horas semanales, el anclaje por ley del SMI con, al menos, el 60% del salario promedio consensuado y calculado anualmente, endurecer el coste del despido para disuadir a las empresas y también penalizar más a las empresas de reparto a través de la denominada Ley Rider están sobre la mesa para el próximo ciclo político.
Los sindicatos españoles reclamaron al Comité Europeo de Derechos Sociales de Europa a encarecer el despido improcedente hasta los 45 días de sueldo por año trabajado, una propuesta que rechazaron Gobierno y patronal. Yendo más allá, CCOO planteará a los grupos políticos introducir un coste por despido mínimo independientemente de la antigüedad del trabajador para disuadir a la empresa a prescindir de los empleados de más reciente incorporación.
Sobre la Ley Rider plantean endurecer las multas para evitar que las empresas incumplan los términos pactados. Por ejemplo, la empresa matriz de Glovo (Delivery Hero) asume multas del Estado hasta por valor de 400 millones de euros entre Hacienda y Seguridad Social.
"Los empleos que se están creando están en los segmentos de productividad media-alta, y esto es una oportunidad siempre que no se repitan los viejos temores, inercias y resignaciones sobre cómo tiene que funcionar el modelo laboral. Queremos emplazar a hacer mejoras estructurales en el modelo productivo español", ha firmado Sordo.
