La constitución de Sumar como partido político da el pistoletazo a unos días de negociaciones frenéticas para Yolanda Díaz, que tiene hasta el 9 de junio para cerrar una coalición en la que se integren las distintas sensibilidades de la izquierda. Pero la urgencia también afecta el diseño de un programa electoral unitario en el que la actual ministra de Trabajo contaba con poder jugar la carta del despido 'disuasorio': una vuelta de tuerca a la reforma laboral para elevar las indemnizaciones por encima de los 33 días en algunos casos, aunque la presión de Podemos puede llevar la propuesta aún más lejos.
Aunque su retórica parecía decir lo contrario, la coalición del PSOE y Unidas Podemos nunca se plantearon derogar la reforma laboral de 2012. Además de las novedades en materia de contratación o ERTEs, solo se modificaron aspectos ya cuestionados por los tribunales (en el caso de los despidos por absentismo causado por enfermedades graves, como el cáncer) o el diálogo social (como la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales). Muchos otros quedaron tal y como estaban, empezando por el abaratamiento del despido improcedente de 45 a 33 días.
Esta es una de las claves que explican que socios parlamentarios del Gobierno como ERC o Bildu rechazan la norma, que estuvo a punto de naufragar en el Congreso (paradójicamente, se salvó por el error de un diputado del PP al votar).
En Unidas Podemos tomaron nota: habían incumplido su promesa electoral de derogar unos de los aspectos más polémicos de la norma impuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy una década antes.
Díaz insistió que olvidarse de esta idea había sido imprescindible para alcanzar un acuerdo que sumara a patronal y sindicatos, pero también que volver al régimen anterior de indemnizaciones por despido era una línea roja para Bruselas. Pero era muy consciente de las críticas de la izquierda. Así que diseñó una alternativa que no rompía el acuerdo firmado con los empresarios, pero podía convencer a sus bases.
La 'pinza' con Bruselas y los jueces
La puerta la abrieron una serie de dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales que planteaban que la regulación del despido en Francia, Italia y Finlandia no cumplían con el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): la indemnización no era suficientemente disuasoria ni compensatoria.
Estos procesos habían sido emprendidos por los sindicatos de esos países, así que lo primero que hizo fue introducir ya en la propia reforma laboral española una disposición que permitía por primera vez a los interlocutores sociales presentar este tipo de reclamaciones. UGT y CCOO aprovecharon esta vía y sus denuncias fueron admitidas a trámite en otoño de 2022.
Para entonces, Díaz ya había introducido en varias de sus intervenciones la idea de un despido 'disuasorio' que elevara la indemnización por encima de los 33 días en función del perjuicio causado por el despido. Y en paralelo, se empezaron a conocer sentencias que empezaban a aplicar directamente lo que regulaban la Carta Social Europea y la OIT para en caso de demandas por despido. Aunque también hubo otras en sentido contrario.
Sin embargo, la estrategia de Díaz, apoyada por los sindicatos, tiene tres puntos débiles. El primero, que ninguno de los tres países 'abroncados' por el Comité Europeo de Derechos Sociales ha cambiado su régimen de indemnizaciones. El segundo, que es muy probable que cuando las sentencias dispares lleguen al Supremo, este se decante en favor de la legislación nacional.
Y el tercero, que, aunque el fallo del Alto Tribunal vaya en sentido opuesto, solo se refiere a los despidos declarados improcedentes, y dentro de ellos a una pequeña minoría de casos en los que la compensación legal es considerada insuficiente respecto al daño causado por el despido, por lo que su impacto sería en cualquier caso muy limitado.
Aun así la vicepresidenta segunda, también experimentada abogada laboralista, contaba con que esta una 'pinza' jurídica y política impulsaría un importante debate en el seno del Diálogo Social pero también del Gobierno, ya que la facción socialista es poco proclive a un cambio legal, que centraría buena parte de la actualidad en la segunda mitad del año, en plena presidencia Europea de la UE. La clave es que se prevé que el Comité Europeo de Derechos Sociales publique su fallo en junio o julio, lo que también daría tiempo a que Sumar definiera su programa electoral. El adelanto de los comicios al 23 de julio ha dado al traste con este calendario.
La ambigüedad morada
La resolución del organismo europeo puede coincidir con la campaña electoral (aunque algunas fuentes políticas especulan con que se podría retrasarse para no afectar a los comicios nacionales). Pero el problema que afronta Díaz no es solo la necesidad de definir y concretar el alcance su propuesta de despido disuasorio, sino garantizarse que convence a Podemos.
La posición de los morados ha sido ambigua sobe si se deben volver o no a la indemnización de los 45 días por año trabajado. El pasado mes de febrero, ERC y Bildu presentaron una proposición no de ley que abogaba por cambiar la legislación del despido, pero empezando por recuperar el coste del despido previo a 2012, incluyendo de paso el abono de salarios de tramitación.
El bloque parlamentario de Unidas Podemos votó sin fisuras favor de la medida, incluyendo a IU, aval claro de Sumar. Fuera de la órbita morada, también lo apoyó Más País, que también forman parte de la plataforma política. Sin embargo, esta unanimidad de la 'izquierda a la izquierda' del PSOE tuvo una sonada excepción: la propia Yolanda Díaz, que se ausentó de la votación y no ejerció la alternativa telemática.
En la Moncloa achacaron la grieta a las tensiones con el ala socialista debidas a la difícil negociación de la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'. Solo unas semanas después, los republicanos catalanes y la formación 'aberzale' intentaron repetir la jugada, aunque en esta ocasión, Unidas Podemos se abstuvo. Pero la necesidad de marcar distancias con los socialistas de cara a las elecciones generales amenaza con reabrir esta brecha.
Aunque Sumar no cuenta con un programa electoral definido, el documento previo de "participación ciudadana" remitido en mayo y que Díaz preveía cerrar este viernes 2 de junio con las aportaciones de sus votantes planteaba la cuestión del despido disuasorio. Aunque con un matiz a tener en cuenta: que este encarecimiento del despido improcedente recoja una "indemnización mínima", tal y como plantan varios laboralistas que han analizado la propuesta. Pero el texto no hace mención a que ese mínimo deba ser el actual de 33 días por año trabajado. Está por ver si esta ambigüedad supone un resquicio para volver al tope de 45 días anterior a la reforma de 2012
Sin reducción de jornada
Pero la premura de las elecciones también se ha llevado por delante otros de los proyectos estrella de Díaz para el finde la Legislatura: su plan para reducir la jornada laboral. Díaz pretende capitalizar el debate sobre la jornada de 4 días que encabezaba Más País, lanzando una Ley de Usos de Tiempos de Trabajo. Su idea era hacerlo tras recibir en los próximos días un informe que encargó hace meses a un grupo de expertos y llevarlo a la negociación con los interlocutores sociales.
Esto le hubiera permitido tener redactada una norma que se presentaría en los últimos compases de la Legislatura. Aunque no hubiera llegado a aprobarse antes de las elecciones previstas en diciembre, la baza de contar con un texto cerrado y pactado al menos con los sindicatos hubiera sido un aval. Pero toda esta hoja de ruta para blindar su propuesta se queda ahora en el tintero a la espera de los resultados electorales.
La redacción del programa provisional de Sumar se limita a señalar que los trabajadores tengan "derecho a la reducción del límite máximo de jornada anual en función del reparto del tiempo de trabajo y la productividad general". Una redacción que supone una referencia evidente tanto a las demandas tanto de los sindicatos como las de Más País. Pero que no concreta cómo se plantean materializar este 'derecho'.
