El pasado 30 de marzo, el Gobierno logró sacar adelante en el Pleno del Congreso de los Diputados el real decreto-ley con el que pone el colofón a su reforma de las pensiones. Para lograr el apoyo de sus socios parlamentarios, tuvo que ceder y tramitarlo como proyecto de Ley. Estos días, los diputados de todos los grupos parlamentario preparan sus enmiendas al texto, pero se están encontrado con un problema: los cálculos y justificaciones que les ha suministrado el departamento de José Luis Escrivá en la memoria económica que acompaña al texto.
No es la primera vez que sucede, tal y como denuncia en unos recientes artículos e informes Ángel de la Fuente, de Fedea. En ellos repasa la documentación que Seguridad Social ha remitido a las Cortes acompañando las normas y decretos que dibujan la hoja de ruta dibujada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Una reforma que, a grandes rasgos, regresa al IPC como indicador de referencia y deroga el factor de sostenibilidad diseñado (pero nunca aplicado) por el PP en 2013, con una alternativa que obvia cualquier recorte en las pensiones y se encomienda a un aumento de las cotizaciones (especialmente las que abonan las empresas y autónomos) como garantía de la sostenibilidad. La norma ha sido apoyada por los sindicatos, con lo cual desactiva el riesgo de una respuesta en la calle, al tiempo que avala una subida del 8,5% de las pensiones en pleno año electoral.
Y, sin embargo, nunca las cifras aportadas para justificar una reforma de la Ley de Seguridad Social han sido tan cuestionadas por los economistas de organismos públicos como privados, que han cuestionado la fiabilidad de las estimaciones que sustentan estos planes. Ni el Banco de España, donde Escrivá inició su trayectoria profesional, ni la AIReF, organismo del que fue el primer presidente en 2014. Pero ni siquiera al servicio de Estudios de BBVA, que dirigió entre 2004 y 2010.
Trámites parlamentarios a ciegas
Entre estas críticas destacan las de Fedea, que han dedicado múltiples estudios a analizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social con las nuevas reglas y han advertido reiteradamente de las dudas sobre las cifras esgrimidas por el ministro, que ha seguido la práctica de responder con frecuencia a estas críticas desde su propia cuenta de Twitter. Pero el debate ya no se queda en las redes sociales, ni tampoco en los medios de comunicación que nos hacemos eco de los argumentos de unos y otros.
La cuestión llega a Congreso y el Senado desde que afecta de lleno a la información que reciben los parlamentarios a la hora de votar las normas y presentar sus enmiendas. El Gobierno tiene la obligación de presentar una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que incluye también un análisis del efecto presupuestario y económico de cada norma aprobada. Las leyes de Seguridad Social no solo no son una excepción, sino que deberían cumplir esta exigencia con una mayor exhaustividad, incluso en el caso de documentos abreviados como el que acompaña a los reales decretos ley. En el caso del decreto aprobado el 30 de marzo y que actualmente se tramita como proyecto de ley, el análisis de impacto económico y presupuestario apenas llega a 40 páginas.
Según denuncia Ángel de la Fuente, "las memorias técnicas y económicas de las leyes se han convertido en muchos casos en puros trámites formales que se solventan a posteriori, con el núcleo del proyecto ya redactado, y que rara vez sirven, por tanto, como filtros para descartar proyectos de baja calidad o para mejorar su diseño". Pero no solo eso: las explicaciones de cómo ha tomado el Gobierno su decisión presentan "serias deficiencias" y los cálculos son "poco plausibles".
El investigador y director ejecutivo de Fedea denuncia que suponen "una base sumamente endeble sobre la que apoyar las estimaciones de los efectos financieros" de las reformas. Esto supone que los diputados y senadores han discutido y aprobado una "importantísima reforma" sin disponer de los elementos necesarios "para valorar su impacto presupuestario de una forma fiable". "Como mínimo, esto no parece la forma más prudente de proceder", advierte.
Devolver la ley al Gobierno
El problema no solo se refiere a la votación inicial en Pleno. También afecta de lleno a la redacción y elaboración de enmiendas que, en muchos casos tienen un impacto económico. E incluso el Gobierno puede vetarlas si suponen incremento de ingresos o minoración de ingresos. Por ello, en los trabajos técnicos para su elaboración no suelen perder de vista las previsiones contenidas en la memoria económica. Ello a pesar de que la oposición ha expresado en las últimas meses y semanas sus dudas sobre las estimaciones de Escrivá
En el caso particular de las reformas de pensiones esta falta de datos es aún más sangrante porque se supone que los grupos parlamentarios, a través de la Comisión del Pacto de Toledo, sí suelen recibir y escuchar periódicamente a expertos que ofrecen a análisis alternativos a los del Gobierno. Pero esto se produce en el marco de la elaboración del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, que se aprueba cada cinco años: la última a finales de 2020. Con ello, las únicas comparecencias que ha recibido el órgano parlamentario de mayor relevancia en materia de pensiones han sido las del propio ministro, y a veces con lapsos de hasta seis meses entre unas y otras.
De la Fuente propone que la nueva Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas prevista en la Ley de Evaluación de Políticas Públicas aprobada a finales de 202 tenga capacidad de "filtrar las memorias técnicas de las normas con mayor impacto presupuestario" para asegurarse de que "cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica". Si estos no se cumplen, podría llegarse a "devolver" la norma al Ministerio para que revise la memoria y el propio proyecto legislativo.