Valencia
Las Comunidades Autónomas han multiplicado por más de cuatro su deuda desde el año 2008, cuando el volumen total de las 17 administraciones no alcanzaba los 75.000 millones de euros. Hoy su importe total se sitúa cerca de los 315.000 millones de euros, según los datos del Banco de España, y aunque los fondos de financiación extraordinarios del Estado han permitido que el grifo no se cortase, aún hay cinco Gobiernos autonómicos para los que no es posible acudir a los mercados para financiarse.
"Somos ya el segundo país del mundo en que los gobiernos intermedios tienen más deuda como porcentaje de PIB", según Santiago Lago, investigador de Funcas y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, que situó a España sólo por detrás de Canadá. Lago fue uno de los expertos invitados por el Laboratorio de Análisis y Evaluación de Políticas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) a la jornada Deuda y sostenibilidad de las finanzas autonómicas.
El propio Lago mostró su predilección por "encapsular" o "congelar" la deuda autonómica que actualmente está en manos del Ministerio de Hacienda "para que no entorpezca el día a día de las CCAA" mediante un pacto político que permita aplazarla a largo plazo, como 50 años, con un plazo de carencia y garantizando tipos de interés asumibles.
Una solución que además se basaría en lo que el economista definió como "la magia de la capitalización compuesta", por la que el crecimiento del PIB nominal en un plazo tan largo contribuiría a diluir el coste real de la deuda. "Un crecimiento del 4% del PIB en 50 años significa dividir por 5 ese volumen y eso lo hace un problema resoluble", comentó.
Una fórmula que choca con la opinión de otros técnicos, que abogan por un enfoque mas activista. Antes que prolongar o aparcar el problema de la deuda, defienden directamente una quita o condonación, precisamente la denominación es uno de los puntos que menos consenso despierta. "Como lo llames importa", resumió Carmen López Herrera, socia de la consultora Afi para explicar la polémica sobre el nombre. "En términos de política económica ahora mismo que se acepte una quita es muy difícil porque va a haber agravios comparativos entre regiones", señaló. En su caso abogó por una reestructuración a largo plazo, de hasta 75 años, algo que reconoció que era hablar prácticamente de deuda perpetua.
Quita e infrafinanciación
Entre los partidarios de coger el toro por los cuernos con una quita, el propio director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, que llegó a proponerla sin éxito en el comité de expertos que en 2017 convocó el Ministerio de Hacienda. Una medida que se basa en el origen de la mayoría de la deuda, la falta de recursos del modelo de financiación autonómico que caducó en 2014 y que ha hecho que regiones como la valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha se hayan tenido que endeudar más.
En esa línea, un informe del Ivie refleja que la financiación efectiva por habitante ajustado de las CCAA se redujo un 11,3% desde que se modificó el sistema en 2009, con lo que se ha acentuado el desequilibrio. Según el investigador Francisco Alcalá, la financiación efectiva homogénea de Cantabria, la mejor tratada, fue un 31,4% superior a la peor, la valenciana, que recibe 729 euros menos por habitante ajustado que Cantabria. Para Alcalá eso condiciona un mayor esfuerzo fiscal: en el caso valenciano fue tres veces superior a la media autonómica en 2019, con 225 euros por habitante ajustado recaudados frente a los 75 de media.
Por ello desde Valencia se insiste en la condonación o quita utilizando como baremo la infrafinanciación como la solución más adecuada "a los principios de eficiencia y equidad". También en esa línea, el economista Antoni Zabalza, exsecretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1994, propuso condonar un porcentaje de la deuda a cada región basado en un índice que refleje la deuda permitida sobre la deuda contraída. Un ratio que considera que beneficiaría también a autonomías que como Madrid han sido más prudentes al endeudarse. Zabalza por contra criticó la opción de congelar la deuda con el Estado porque "es barata" al considerar que es "hacerse trampas en el solitario" y supone privar "a estas administraciones de hacer aflorar la responsabilidad financiera ante sus electores".
Parte de los expertos consideran que aunque la infrafinanciación es un argumento técnico de peso, resultaría ingenuo no tener en cuenta el peso de la negociación política. "Me parece legítima la infrafinanciación como argumento para vincular a la quita, el problema es que no se puede aplicar a todas las que están más endeudadas, especialmente a Cataluña", apuntó Santiago Lago por parte de Funcas para reflejar porque considera poco factible que una propuesta así salga adelante.
Además de en la necesidad de una solución, en lo que también coincidieron los economistas es en que ahora mismo no es planteable que el Gobierno corte los mecanismos extraordinarios y fije un plazo para que las regiones salgan al mercado a financiarse. "El coste es inasumible. Cataluña y Valencia tendrían que destinar más del 10% de sus presupuestos solo a pagar intereses", según Lago.
Necesidades para 2023
Las CCAA necesitarán recurrir esta año a financiación por más de 40.000 millones de euros, según apuntó Carmen López Herrera, de AFI. De ese volumen, apenas 12.000 millones se obtendrán en los mercados. Los ratios financieros de Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia hacen ahora mismo inviable esa opción por lo que siguen enchufados a mecanismos en teoría provisionales como el FLA.
