Unidas Podemos ha presentado este jueves una propuesta a su socio de Gobierno en la que solicita incluir un nuevo delito en el Código Penal para castigar a las empresas de bienes de primera necesidad que repercutan en los precios a los consumidores las subidas de impuestos que se les apliquen.
"Acabamos de enviar a nuestro socio de coalición nuestra propuesta para un nuevo delito en el Código Penal de repercusión de precios. Pensamos que es una práctica que atenta contra el interés general y por eso consideramos que hay que incluir un nuevo delito de repercusión artificial en los precios de modificaciones impositivas", ha indicado en declaraciones a los medios Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.
La propuesta legislativa se materializaría en el artículo 284bis del Código Penal. El texto trasladado al PSOE, dicta que "serán castigados con penas de prisión de uno a cinco años y multa de 12 a 24 meses, los administradores de hecho o de derecho de entidades [...] que presten servicios o suministren bienes considerados de primera necesidad, que con motivo de modificaciones del sistema tributario que afecten a su actividad económica, alteren los precios de venta al público con el fin de trasladar a los consumidores y usuarios el aumento de la carga tributaria derivada de dichas modificaciones".
Quedarían excluidos, según el artículo 31 quinquies del CP, el Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público, o aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
La propuesta de Unidas Podemos establece que "cuando la entidad opere en un sector estratégico para la economía nacional y la conducta afecte gravemente al interés general, la pena a imponer será de dos a diez años de prisión y multa de dos a cinco años".
Por último, la redacción indica que "la pena se impondrá en su mitad superior cuando las cantidades indebidamente repercutidas superen un 50% del precio total en el período impositivo".
La propuesta llega diez días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara sendos impuestos a energéticas y banca sobre los beneficios extraordinarios que están cosechando en plena crisis económica y que serán presentados en las próximas semanas.
"Hay un debate público en estos momentos sobre la posibilidad de que eléctricas, banca o petroleras puedan repercutir en el precio final a los clientes la subida extraordinaria de impuestos que va a llevar a cabo el Gobierno", ha explicado Echenique sobre la medida avanzada durante el Debate sobre el estado de la nación.
Ambos tributos se aplicarán durante dos años para gravar los beneficios caídos del cielo de 2022 y 2023 y con ellos el Gobierno espera recaudar un total de 7.000 millones de euros.
El informe semestral de coyuntura económica 'La inflación y la incertidumbre frenan la recuperación de las empresas' presentado este jueves por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) estima que las subidas de impuestos temporales y extraordinarias al sector financiero y energético podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros, es decir, cuatro décimas de PIB de 2021, lo que se correspondería con una pérdida de 72.000 empleos.
Las reacciones de los sectores señalados no se hicieron esperar. La última queja la ha verbalizado Bankinter, que ha tachado de "burda manipulación" el argumentario del Gobierno para sostener el ya denominado impuestazo. "Si hay que hacerlo, lo haremos, pero, desde luego, si tenemos resquicios para no hacerlo porque jurídicamente nos asiste el derecho, y yo creo que es un impuesto absolutamente injusto, lo pelearemos", ha reconocido este jueves la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.
En respuesta a esta información, el propio Echenique ha compartido en redes sociales que precisamente eso es lo que "hemos propuesto PSOE que sea un delito con penas de 2 a 10 años de cárcel".