Valencia
La dimisión como vicepresidenta de Mónica Oltra al perder el pulso que mantuvo tras ser imputada genera un panorama desconocido hasta ahora para el Gobierno de coalición de izquierdas que preside Ximo Puig. Con el fin del tándem que formaban el líder socialista y la responsable de Compromís se acaba con siete años en que, pese a los continuos altibajos, la cohabitación ha permitido una estabilidad que, por ejemplo, sirvió para aprobar los presupuestos autonómicos antes del inicio de cada ejercicio.
La propia Oltra justificó su cambio de postura, tras haberse negado en rotundo a plantearse la renuncia, para garantizar la continuidad del Consell de izquierdas y sus políticas durante lo que queda de legislatura. Entre las asignaturas pendientes hay cuatro que pueden considerarse estratégicas para los socios del Botànic: la ley para fijar una tasa turística, continuar con las reversiones de servicios públicos, la nueva normativa medioambiental con 3 nuevos impuestos verdes y la Ley de Igualdad apadrinada por la propia Oltra.
Sin embargo, parece difícil que estos la traumática marcha del emblema de Compromís, con sus críticas a las filas socialistas y al propio presidente valenciano por la falta de apoyo, no vaya a tener efectos en la capacidad para cerrar estos deberes pendientes cuando queda menos de un año para la próxima cita electoral. Eso si Puig no repite la jugada de la anterior legislatura, en que adelantó las urnas sin consultar con su socios y que supone un plus de tensión y de desconfianza para Compromís y Podemos.
Probablemente la cuestión más espinosa en la agenda de los partidos de izquierdas del Consell es la creación de una nueva tasa turística en la autonomía. Una medida que Compromís y Podemos han tomado como bandera desde su llegada a la Generalitat, pero que el propio Puig ha intentado frenar ante el fuerte rechazo que genera en uno de los grandes motores económicos de la Comunidad Valenciana. De hecho, la futura tasa turística no parte del Gobierno como tal, sino que es una proposición de ley en Les Corts que se lanzó después que ambos partidos arrancaran el compromiso a los socialistas para pactar los últimos presupuestos.
El impuesto que contempla el proyecto ya nace descafeinado, al dejar en manos de cada ayuntamiento la decisión de aplicarlo o no. Salvo la Valencia de Joan Ribó, el resto de grandes municipios ya han dejado caer que no lo aplicarán. Su entrada en vigor no se formalizaría hasta 2024, una venda con la que se ha intentó suavizar su impacto en un sector que todavía está superando el parón total del Covid.
En principio los tres partidos que dan soporte al Botànic tienen encarrilado el texto e incluso las cantidades a cobrar, pero lo cierto la incomodidad que genera en las filas socialistas del Palau de la Generalitat es evidente. La medida enerva a las empresas, que con la patronal hotelera Hosbec a la cabeza han lanzado una campaña contra la tasa, y da argumentos a una de las bazas electorales del PP: la subida de impuestos en el infierno fiscal valenciano. Para Compromís es una victoria de su programa electoral que quiere exhibir tras no haber logrado que se aprobase en los 7 años anteriores. Por eso su trámite parlamentario será un buen termómetro de hasta donde llegan las heridas abiertas por el caso Oltra.
Uno de los grandes eslóganes electorales de los partidos de izquierda valencianos ha sido la reversión de los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Pese a las promesas para acelerarlo, el Consell ha tenido que esperar a que finalicen los contratos en vigor. Y la siguiente fecha marcada en rojo es el próximo 1 de enero, cuando vencen las concesiones de las estaciones de inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Aunque se ha iniciado la creación una empresa pública para asumirlas, las empresas han pedido ampliar el plazo como alternativa a la compensación económica por los meses cerrados por el Covid.
En el frente sanitario, también se debe iniciar el proceso para asumir el tercer hospital en concesión, el de Dènia. En teoría, porque en ese caso está en vigor hasta febrero de 2024, por lo que el resultado de las próximas elecciones será el que marque su futuro.
Impuestos verdes
Otro de los ejes fijados por el pacto del Botànic, es el de la lucha contra el cambio climático. El parlamento debe aprobar una nueva ley en que además de fijar los objetivos medioambientales se establecen tres nuevos impuestos verdes, uno de ellos a las emisiones de vehículos y otro a grandes superficies. Aunque el texto ha superado la criba del Gobierno, la política medioambiental es uno de los asuntos en que Compromís y Podemos marcan distancias con los socialistas. Unas disputas que retrasaron y pusieron en peligro el decreto ley con las medidas urgentes por la crisis económica y energética de Ucrania, a cuenta de la normativa para agilizar las centrales renovables. También el puerto de Valencia o los vuelos entre Madrid y Castellón subvencionados por la Generalitat han subido la temperatura entre los socios.
Entre los apartados pendientes se encuentra un proyecto estrella de la vicepresidenta dimitida, la nueva Ley de Igualdad de Género, que incluye medidas como que las empresas de más de 50 empleados que liciten con la Administración tendrán que publicar las tablas salariales y la brecha entre hombres y mujeres. Aunque debería haber consenso, los postulados feministas también han sido motivo de enfrentamientos por la estrategia socialista de prohibir la prostitución.
