La deuda pública costará 12.000 millones más por la subida de tipos, según la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado en 12.000 millones de euros su cálculo del coste de los intereses de la deuda pública en 2025 como consecuencia del encarecimiento de la financiación a causa de la subida de tipos que planea el Banco Central Europeo para julio y, posiblemente, otra de mayor calibre para septiembre.

Durante su intervención en el curso "Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación" organizado por la APIE, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha recordado que ya elevó el coste de la deuda en el periodo 2022-2025 en 20.000 millones en el informe que publicó en abril. Destacando el riesgo de la inflación, la presidenta también calculado que por cada punto extra de IPC eleva en 700 millones de euros el coste de los intereses de la deuda española, con 65.000 millones de euros de toda la cartera vinculada a la evolución de los precios.

La presidenta, Cristina Herrero, ha reiterado la posición de la auditora pública sobre el nivel de deuda pública española, que ya alcanza 1,44 billones de euros y supone más de 117% de la producción nacional en un año. Herrero avisa de que, para contener la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) endurecerá las condiciones con subidas de los tipos de interés y restricciones en la compra de deuda, con los países del sur muy pendientes de la hoja de ruta que marque la banquera Christine Lagarde.

Ahora, la institución eleva en otros "12.000 o 14.000 millones este coste" por el encarecimiento de la financiación, aunque "todo depende de cómo de firmes sean las actuaciones del BCE en este instrumento antifragmentación y de la revisión de tipos".

Esta estimación se basa en una previsión de aumento de tres décimas del tipo implícito de la deuda, hasta el 2,3 %, y de cuatro décimas de PIB de la carga financiera, hasta el 2,4 %.

Herrero ha advertido de que aunque la inflación es favorable para la corrección del déficit a corto plazo -suma 2.000 millones por cada punto-, perjudica a medio plazo a pensiones y coste en intereses, lo que unido a la incertidumbre sobre el contexto internacional y las reglas fiscales, coloca la situación fiscal en una posición débil, insuficiente para corregir la deuda.

De hecho, Herrero calcula que el déficit estructural ha aumentado en medio punto con respecto a antes de la crisis, por lo que ha insistido en la necesidad de contar con una estrategia fiscal a medio plazo, porque en un entorno como el actual "la actuación de las administraciones públicas no puede añadir más incertidumbre".

Según sus cálculos, para mantener la deuda en el 100 % del PIB sería necesario reducir el saldo primario de déficit en una décima al año y para estabilizarla en el 80 %, en 0,35 puntos al año. Herrero se ha referido a la recomendación de la Comisión Europea de no aumentar el gasto público corriente por encima del crecimiento potencial de la economía y ha asegurado que, si se aplicara en 2023, el déficit público bajaría del 3 % del PIB en ese ejercicio.

La AIReF estima que, de seguir la recomendación, el déficit cerraría 2023 en el 2,7 % del PIB, por debajo de la estimación de la propia institución (3,3 %) y del Gobierno (3,9 %).

Sobre la marcha de la economía, la presidenta de la AIReF señaló la necesidad de diseñar una estrategia fiscal a medio plazo creíble y realista para que la sostenibilidad sea una palanca de la recuperación. Máxime, cuando el crecimiento ha tomado una velocidad menor de la esperada. Y así lo demuestran las previsiones del organismo público, también recogidas en la presentación de su presidenta, que muestran como sus proyecciones de crecimiento para este año han bajado dos puntos, desde el 6,3% esperado en otoño al 4,3% de sus últimas previsiones de mayo.

Sube la cesta de la compra

En materia de precios, Herrero avisó de que su escalada "no solo afecta a los productos energéticos y alimentos, sino que se está trasladando al resto de la cesta" de la compra. Si se neutraliza la evolución de la energía y productos alimentarios, apuntó que "más de la mitad" de los productos se han encarecido por encima de un 3% y "más del 40% por encima del 4%".

Y el escenario internacional podría añadir complejidad. "Lejos de estar suavizándose los problemas de las cadenas de valor, se siguen acrecentando", agregó y expresó particular "preocupación" por el riesgo que para la seguridad alimentaria entraña la decisión, denunciada por el Banco Mundial, de algunos países han dejado de utilizar fertilizantes ante su fuerte encarecimiento.

A escala doméstica, puso foco además en el riesgo de segunda vuelta de ligar los salarios al IPC. "Hasta el momento la subida salarial vinculada a los convenios no está siendo especialmente elevada, del entorno del 2,4%, pero es verdad, según un informe del Banco de España, que se observa un porcentaje de convenios con garantía salarial que inciden en que, a partir de 2023, es elevado".