El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan económico de 16.000 millones como respuesta al impacto de la guerra de Ucrania. Además de prohibirse los despidos por causas relacionadas con el alza de los precios de la energía, la rebaja de 0,20 euros en el precio de los carburantes a partir del viernes 1 de abril y la limitación de la subida de los precios de los alquileres por la inflación, el Gobierno ha dado luz verde a un total de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales y una nueva línea de avales de créditos ICO.
En concreto, estos préstamos ascenderán a un total de 10.000 millones de euros y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, los nuevos créditos tendrán un plazo de carencia de 12 meses y estarán destinados a cubrir las necesidades de liquidez de las empresas derivadas del aumento del coste de la energía y combustibles como consecuencia de la guerra de Ucrania.
Asimismo, con respecto a los créditos vivos vinculados al covid, el Gobierno ha anunciado la flexibilización del Código de Buenas Prácticas, por lo que se rebajarán los requisitos para extender los vencimientos y no se exigirá haber tenido una caída en los ingresos de al menos el 30% en 2020 respecto a 2019. En este sentido, para los deudores más afectados, se dará un plazo de carencia de seis meses y se establece la obligatoriedad para entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.
Ayudas directas para agricultura, ganadería y pesca
Por su parte, Nadia Calviño también ha destacado que se han aprobado ayudas directas para agricultura y ganadería por importe de 362 millones de euros, para el sector pesquero 68 millones; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad; 125 millones para la industria de gas intensiva, y 450 millones para empresas del sector del transporte de mercancías y pasajeros.
"El impacto de esta crisis en el PIB y la inflación dependerá de la respuesta que demos", ha destacado la vicepresidenta primera, al tiempo que ha remarcado la voluntad del Gobierno de preservar "al máximo" la senda de recuperación iniciada en 2021. En este sentido, ha defendido que el Gobierno está actuando con "responsabilidad" y ha puesto en valor el "intenso proceso de diálogo" del Ejecutivo con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos y las comunidades autónomas para abordar este real decreto-ley, sobre el que espera que reciba el apoyo necesario para su aprobación.
