Madrid
El coste neto que afronta cada trabajador del sector privado para mantener el gasto en pensiones asciende a 9.960 euros anuales. Si se añade a la fórmula a los trabajadores del sector público, la factura a pagar por la población activa se coloca en los 6.771,9 euros por ejercicio. El coste neto de las pensiones suma la recaudación por impuestos que pagan los pensionistas y los desembolsos de la Administración pública frente a los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores.
Los datos extraídos se corresponden con el año 2019 y se recogen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De esta forma, el coste al que tiene que hacer frente cada trabajador del sector privado es más elevado que el del sector público. El cálculo lo explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe publicado, Por una mejor de la eficiencia del gasto público en España.
El dato del gasto en pensiones es un síntoma que traduce el deterioro del Sistema. En 2009, el gasto en pensiones igualó a los ingresos por cotizaciones sociales. Este punto de inflexión decantó la balanza hacia a favor de un mayor desembolso que ha ido agrandando el agujero financiero de las pensiones hasta alcanzar, en 2020 y según los datos disponibles, una brecha entre ingresos por cotizaciones y desembolso en pensiones superior a los 40.000 millones de euros.
Uno de los puntos que juegan a favor del Sistema es el incremento de la recaudación del IRPF sobre pensiones, que en 2019 alcanzó casi 11.000 millones de euros. No obstante, este dato de mayor recaudación significa que la pensión media se ha visto incrementada por las nuevas altas que, de media, también han contado con vidas laborales mejor retribuidas y acceden a unas retribuciones más elevadas.
Según el Instituto de análisis privado ligado a la patronal empresarial CEOE y haciendo referencia a los últimos datos disponibles, casi 16 millones de ciudadanos (15,17 millones sin tener en cuenta los ERE) recibe ingresos públicos, bien sea del Estado, autonomías o ayuntamientos. En el lado contrario, 12,8 millones de personas (12,05 sin tener en cuenta los ERE) perciben esos ingresos del sector privado.
Tal y como recoge el IEE, "de estos, cerca de trece millones setecientos, una parte importante son los pensionistas, que son 10,3 millones", explican. "Para decirlo en román paladino, comen de las Administraciones Públicas casi dos millones (casi tres, si se tienen en cuenta los ERE) de ciudadanos más de los que lo hacen de la actividad privada".
Cada persona que trabaja en el sector privado se tiene que hacer cargo, como media, de 19.109,7 euros anuales para pagar a pensionistas, desempleados y empleados públicos. En el capítulo de pensionistas el coste atribuible a cada trabajador del sector privado es el más alto, con 830 euros por mes; después el de los desempleados, 92 euros por mes; y, por último, el de los empleados públicos, que nos cuestan, cada mes, 670,5 euros a cada trabajador del sector privado.
La conclusión es que la España pública cuesta, como media, 1.592,5 € por mes a cada trabajador del sector privado español. "Es una hipoteca de un buen piso para cada asalariado, con la diferencia de que la hipoteca dura unos años determinados, mientras que estos cargos permanecen durante toda la vida laboral", explica el IEE.
La factura por trabajador amenaza con engrosarse a costa de la revalorización de las pensiones en torno al IPC, con unas previsiones para 2022 que superan todo lo estimado antes del conflicto y compromete aún más las cuentas del Sistema. La actual factura mensual es ya superior a los 10.000 millones, un 2,31% más que hace un año. Más de dos tercios de la nómina, 7.262,42 millones de euros, se destinaron al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía experimentó un crecimiento del 2,93% en los últimos doce meses.
