El Gobierno se ha mostrado abierto a introducir sanciones en el proyecto de la ley de vivienda contra los propietarios que incumplan la norma, atendiendo a una petición trasladada por parte de los sindicatos de inquilinos.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado una entrevista en Ràdio 4 y La 2 que las reivindicaciones que el sindicato le entregó el viernes parecieron "razonables" y que el Gobierno las estudiará. "El texto que hemos propuesto es un buen texto. Podemos asumir enmiendas que se presenten por los grupos políticos y por los colectivos", siempre y cuando se respete la distribución competencial con las comunidades autónomas, ha recalcado en la entrevista recogida por Europa Press.
Una delegación de los sindicatos de inquilinos de Cataluña y Madrid entregó a Sánchez el pasado viernes sus propuestas entre las que se encuentran un régimen sancionador. El proyecto no lo incluye si bien la ley paralela que presentó Unidas Podemos en el Congreso mientras la negociación estaba atascada en el seno del Gobierno sí incluía sanciones por saltarse los límites de precios en las zonas tensionadas: apuntaba a multas de entre 90.000 y 900.000 euros por pasarse un 10% del máximo establecido.
De momento, el proyecto incluye recargos de hasta el 150% en la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como castigo a las viviendas vacías pero su aplicación dependerá de cada ayuntamiento y, por ejemplo, los del PP ya lo descartaron según se presentó la medida.
Nueve propuestas más
En total, el documento entregado recoge diez propuestas para que la regulación de los alquileres tenga "efectos significativos" y para garantizar un alquiler "justo, estable y asequible", según recoge Efe.
Además de las multas, los representantes de los inquilinos quieren que la regulación de los alquileres afecte a todos los arrendadores, no solo a los grandes propietarios.
También solicitan que sea suficiente para declarar una zona tensionada un crecimiento del precio de la vivienda de dos puntos (y no cinco) por encima de la inflación o bien con que la carga media destinada a la vivienda (con gastos y suministros básicos) supere el 30% de los ingresos.
De igual manera, piden que la regulación de precios sea de aplicación inmediata cuando se apruebe la ley (sin periodo de carencia de dieciocho meses) y que el texto garantice la vigencia de los regímenes de contención de rentas ya existentes y en funcionamiento, como el de Cataluña.
Que los gastos de las inmobiliarias los paguen los propietarios
Otras de sus propuestas, que Unidas Podemos defenderá en forma de enmiendas en la tramitación parlamentaria, son que los arrendadores paguen los gastos de las agencias inmobiliarias, que los contratos sean renovables automáticamente, si no hay incumplimiento de las condiciones o necesidad propia del arrendador, y que los alquileres se actualicen según el IGC, lo que limitaría las subidas a un máximo de 2%.
El documento de enmiendas también exige que la ley reconozca el papel de representación, intermediación y asesoramiento de las organizaciones inquilinas y que se limite el alquiler turístico en los entornos urbanos residenciales.
En materia fiscal, reclama que las desgravaciones para arrendadores se apliquen solo cuando la renta sea al menos un 15% inferior a la del índice de precios (no un 5%, como incluye el proyecto de ley) o cuando se trate de una vivienda de alquiler social y que se eliminen los beneficios de las socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).
Prorrogar el escudo social, en estudio
El Gobierno, ha dicho Sánchez, buscará "los máximos consensos posibles" con los grupos políticos para sacar adelante el proyecto de ley, que próximamente se debatirá en el Congreso de los Diputados, aunque PP y Ciudadanos ya han confirmado su rechazo.
Mientras estudian las propuestas, la ministra ha detallado que valoran también si prorrogar o no más allá del 28 de febrero las medidas de escudo social que incluían una moratoria en los desahucios por la pandemia. A este respecto ha señalado que estas medidas se establecieron cuando "se dieron circunstancias excepcionales y particulares que ahora no se dan".
