Economía

El Supremo anula el modelo de financiación del bono social eléctrico

  • La sentencia no impide la continuidad de la aplicación del bono
  • En otros países se sufraga con los Presupuestos, no se carga a empresas
  • El TS entiende que el sistema discrimina a unas compañías frente a otras
Factura de luz. Foto: EP

El Tribunal Supremo ha anulado el modelo de financiación del bono social de la electricidad, al entender que no se ajusta a la legislación europea y discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.

En una sentencia fechada el pasado 31 de enero, la sala de lo contencioso destaca que lo que se anula es el mecanismo de financiación, pero no la continuidad de su aplicación, que consiste en otorgar a consumidores vulnerables un descuento en el precio de la luz.

En otros países de la Unión Europea, señala el fallo, está establecido que ese coste lo sufraguen los presupuestos del Estado mientras que en España se optó por hacer recaer esa obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.

Se estima que 1,2 millones de hogares se benefician del bono. El Gobierno elevó los descuentos del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos. En octubre, además, se añadió al bono un cheque de 90 euros para hacer frente a los gastos de la calefacción.

El sistema fijado en el decreto ley preveía que el gasto correspondía a "las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario".

En la práctica, señala el Supremo, ello implicaba imputar el 94% del coste de financiación a las empresas comercializadoras, en contra de lo establecido por la legislación europea.

La UE lo tachó de discriminatorio

El pasado 21 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el régimen de financiación del bono social de las eléctricas en España era discriminatorio, pues las obligaciones de servicio público "deben imponerse con carácter general a las empresas eléctricas y no a algunas empresas concretas".

El TJUE añadía que "si un Estado miembro opta por imponer la obligación de financiación solo a algunas empresas del sector, corresponde al órgano jurisdiccional comprobar si la diferenciación efectuada entre las empresas que deben soportar el peso de dicha carga y las que están exentas de ella está justificada de manera objetiva".

El sistema de financiación fijado por el Gobierno de España, añade el Supremo, es contrario a la legislación europea y discriminatorio "para las empresas que asumen el coste, a las cuales se les reintegrarán los costes abonados en aplicación del sistema anulado".

La reacción del Gobierno

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha confirmado que la sentencia no afecta a la percepción del bono ni a su cuantía, de modo que los consumidores vulnerables con derecho a recibirlo ahora seguirán haciéndolo con total normalidad.

Fuentes de Transición Ecológica consultadas por Servimedia, explicaron también que el Ministerio está estudiando la sentencia del Tribunal Supremo publicada hoy.

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