El Gobierno quiere tomar la vía rápida para reducir, en términos meramente estadísticos, la temporalidad, sin que eso suponga un refuerzo real de la estabilidad laboral. Su principal instrumento será el impulso que la nueva reforma del mercado de trabajo dará al polémico contrato fijo discontinuo, gracias al cual un millón de asalariados no serán registrados como temporales, pese a que sus condiciones de trabajo serán en la práctica idénticas a quienes sí se sujetan, oficialmente, a un contrato de ese último tipo.
Los fijos discontinuos son considerados indefinidos gracias a que la vinculación con su empleador no tiene una fecha de término definida. Sin embargo, de facto son trabajadores temporales, porque desempeñan su labor estacionalmente, solo unos meses al año, sin actividad durante la mayor parte del ejercicio, un periodo este último en el que cobran la parte proporcional de su prestación por desempleo.
Esta interinidad enmascarada vive un auténtico boom desde su creación en 2007, con un incremento acumulado desde ese año del 48%, una evolución que carece de parangón en las demás modalidades contractuales en idéntico periodo.
En los últimos años (excluyendo el completamente atípico 2020), la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa el volumen medio de los asalariados con contratos fijos discontinuos en más de 370.000 personas. Con la nueva reforma laboral, esa cifra está abocada a multiplicarse.
El afán declarado por el Ejecutivo pasa por limitar, en gran medida, las causas y la duración de los contratos temporales hasta ahora ortodoxos. Esto hará que los fijos discontinuos se conviertan en casi el único recurso al alcance de las empresas que tengan que hacer actividades de temporada y de carácter estacional, como por ejemplo las propias del sector turístico.
Temporales estacionales
En años de actividad económica normalizada, la EPA sitúa el número de trabajadores sujetos a los actuales contratos temporales estacionales o de temporada en 350.000 individuos.
Todo apunta a que engrosarán, a partir del próximo ejercicio, la rúbrica de fijos discontinuos lo que, sumado a los ya existentes, elevará el número de asalariados en esta categoría contractual a 720.000. Pero el número de falsos indefinidos no se detendrá ahí. Los abogados laboralistas consultados recuerdan que el objetivo del Gobierno pasa por que la contratación fija discontinua también se extienda en el ámbito de la prestación de servicios propio de las contratas y de las subcontratas.
No solo eso. El Ejecutivo también persigue que su uso sea generalizado en el sector de las empresas de trabajo temporal, las conocidas como ETT.
Para ello, la reforma laboral autorizará a estas empresas a contratar empleados bajo el régimen de fijos discontinuos cuyos servicios podrán ceder posteriormente a otras firmas. La suma de todos estos grupos hasta ahora desgranados (trabajadores ya en régimen de fijo discontinuo, antiguos asalariados temporales con carácter estacional, más el esperado impacto en contratas y subcontratas y en el ámbito de las ETT) permite augurar que el total de falsos indefinidos en España se situará en el entorno del millón de personas.
La pregunta que surge a partir de este momento es a qué se deben las prisas del Ejecutivo por aplicar este maquillaje a los registros de trabajadores temporales. La respuesta se encuentra en Bruselas.
Amonestaciones de la UE
Son varias las amonestaciones que la UE ha dirigido, en los últimos años, a nuestro país por causa de la amplia brecha que el mercado laboral español presenta entre indefinidos y temporales. Los estudios más recientes de Eurostat sitúan el porcentaje de españoles sujetos a un contrato de duración limitada en el 20,4%, muy por encima de la UE-27, cuya tasa es del 11,3%.
Dentro de la Unión, solamente Portugal se acerca a los malos datos españoles, con una tasa del 15,5%. Es más, resulta necesario acudir a un país ajeno a la UE, como es Montenegro, para encontrar un registro tan negativo en términos de temporalidad. A esta situación contribuyen en gran medida las propias Administraciones públicas, considerando el gran número de contratos de este tipo vigentes en la sanidad y en la educación.
Frente a este escenario, resulta obvia la premura que asalta al Gobierno para dar a conocer unas cifras más presentables sobre su mercado laboral a las autoridades europeas, aunque eso requiera pagar el peaje de propiciar el auge de los falsos asalariados indefinidos.
