Economía

La futura Ley de vivienda abrirá una guerra entre ayuntamientos y CCAA

  • Las autonomías que no apliquen la ley dejarán a sus ciudadanos fuera de los beneficios fiscales
  • El Estado establecerá un sistema para regir las limitaciones sobre alquileres en zonas tensionadas
  • El Gobierno da 18 meses para regular las zonas tensionadas
Madrid

El Consejo de Ministros aprobó este lunes el anteproyecto de la Ley de la Vivienda que permitirá que las Comunidades Autónomas decidan su aplicación o no en sus territorios, los que generará grandes tensiones con los Ayuntamientos que disientan de la decisión adoptada por los gobierno regionales, puesto que para la aplicación de los beneficios fiscales que se introducen en el texto para los propietarios de viviendas será precisa la adopción de las obligaciones de la norma.

En esta misma línea, el PP reiteró ayer que la futura Ley de Vivienda generará "incertidumbre e inseguridad jurídica" y la recurrirá ante el TC, tal y como ya habían anunciado las CCAA presididas por miembros de esta formación.

El Anteproyecto incorpora medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a la vivienda a través de instrumentos que incrementen la oferta para reducir los precios. Además, no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social.

La calificación de la vivienda protegida tendrá un carácter indefinido, garantizando siempre, al menos, un periodo de vigencia de la calificación de 30 años. Además, se incentiva la vivienda asequible incentivada. Es una nueva modalidad de titularidad privada para el alquiler a precios reducidos a personas con bajos ingresos. Para estos casos, se desarrolla el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Y Se incluye un marco jurídico del derecho a la vivienda con un conjunto de derechos y deberes generales, delimitando su función social y se reforma el procedimiento de desahucio en situaciones vulnerables.

Mecanismos de alquiler

Se establecen mecanismos para contener y bajar los precios, a través incentivos fiscales para la rebaja del arrendamiento y se regulan áreas declaradas como de mercado residencial tensionado, con el objetivo de incorporar más viviendas habituales al mercado del alquiler, limitando los alquileres.

Se ha diseñado un mecanismo excepcional y acotado en el tiempo, que podrá permitir la intervención del mercado para reducir los precios del alquiler.

Así, se establece la posibilidad, en estos casos, de que el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

Se incluye un marco jurídico sobre el derecho a la vivienda y se reforma el desahucio

En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se establece la limitación del alquiler en estas zonas, con carácter general a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente), permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos establecidos en el Anteproyecto de Ley.

Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia.

El Estado establecerá un sistema que pueda ser utilizado para estas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas, con un plazo máximo de 18 meses.

En las zonas tensionadas se reducirá la renta entre un 50%y 90% para nuevos contratos que rebajen la renta del anterior inquilino, alquileres por primera vez a jóvenes con el precio rebajado; vivienda asequible incentivada o protegida; o rehabilitación.

Se define lo que se entiende por vivienda vacía y se modula el recargo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI ) que podrán aplicar los Ayuntamientos sobre las que lo estén durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas temporal. Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del titular en el municipio.

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