Madrid
Sánchez cerró en Salamanca el curso político -a expensas de la reunión sectorial de Hacienda y de la bilateral con Cataluña el lunes con la misma sensación de buen balance que manifestó el jueves de esta semana donde se autodió una medalla a la vacunación y otra a la recuperación económica. Pero lo cierto es que el curso se apaga con más sombras que luces y con un horizonte desconcertante, ya que lo hace con el techo de gasto más elevado de la serie histórica, con una deuda pública disparada, sin reglas fiscales, con la creación de 30.000 nuevos empleos públicos, la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional en este momento y, con un paquete de reformas sin resolver, entre ellas, la laboral, pensiones, financiación autonómica, reforma fiscal o Ley de Vivienda. Se trata de reformas, donde, con algunas de las cuales España se juega la llegada de los fondos europeos, un tema que provocó mucho ruido y distorsión en la Conferencia de Presidentes que se celebró en la ciudad del Tormes.
Allí, en Salamanca, el presidente del Gobierno apeló de nuevo a la unidad, y anunció que de los 19.000 millones que España recibirá de Bruselas de los fondos Next Generation, el 55% será gestionado por las CCAA. Ahora bien, no explicó cómo y de qué manera, mientras trascienden cambios de criterio e incluso actuaciones de adhesión a la posición del Gobierno, en caso de querer recibir las ayudas europeas.
En ese entorno, Sánchez también anunció la llegada en agosto de 3,4 millones de vacunas Pfizer. Pero la divulgación de las vacunas no apagó la llama en este encuentro con los barones autonómicos, donde quedó de manifiesto el desacuerdo con el cambio de criterio utilizado en el último reparto de ayudas adicionales de 13.412 millones de euros, desterrando la aplicación del 1,1 del PIB, por el de población ajustada.
El incremento del SMI este año ha provocado la respuesta contraria de la empresa
En este periodo estival, la subida del SMI ha sido sin duda una de las últimas controversias. Llega cuando todo hacía presagiar que Nadia Calviño había impuesto su criterio de contención al gasto público, a la espera de un mejor momento económico para los empresarios, que son los que soportan las cotizaciones sociales de los trabajadores. Pero era esta semana cuando la propia vicepresidenta primera, titular de la cartera de Economía, abría el espacio que demanda Yolanda Díaz, y por el que se pueda colar otra subida del SMI.
Daños al empleo
En ese sentido, Funcas ya alerta de la incidencia que puede tener en el sector servicios, que es donde los sueldos son bajos, por lo que considera que este anuncio, ahora mismo, constituye un error. Opina Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que la subida del SMI traerá daños al empleo, porque aun, muchos autónomos y pequeñas empresas no han visto el horizonte de la recuperación, y subir el SMI para algunas actividades es contraproducente. Para Miguel Garrido, presidente de la patronal CEIM, lo primero es la recuperación, de manera que, "subidas de sueldos a los funcionarios, de las pensiones, del SMI, incremento del techo de gasto y 30.000 nuevos empleos públicos", no aportan más riqueza.
Sin acuerdo
Por lo pronto, en modo atasco se encuentra la reforma laboral. Sin dialogo social, hasta la fecha, la patronal nacional de empresarios, CEOE, se opone al último planteamiento hecho por la ministra de Trabajo. Es más, su presidente, Antonio Garamendi, llegó a decir que es una reforma inaceptable, ideológica e intervencionista, y con otra perspectiva, demanda que dicha reforma se alineara con la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, y también de acuerdo con las recomendaciones de país de la institución europea.
El problema no es menor. Se trata de la primera gran reforma de la que Europa reclama acuerdo y consenso de los agentes sociales a cambio de recibir los nuevos fondos europeos que corresponden a ese hito. Porque de no lograrlo, España podría dejar de percibir esa ayuda.
En similiares circunstancias se encuentra la reforma de pensiones. Dicha reforma empieza de manera real en 2022; porque hasta ahora solo se han acordado aspectos amables de la reforma, fáciles de acordar y que suponen más gasto para el Estado. Es decir, a sensu contrario de lo que pide Europa a cambio de los fondos. Por tanto, ahora se comienzan a negociar las medidas que pueden suponer variaciones a la baja de la pensión. La primera piedra de toque estará en la negociación del nuevo factor de equidad intergeneracional que se han dado de plazo hasta 15 de noviembre y que ya tiene el rechazo de patronal y sindicatos. Y así, y de cara a 2022, queda pendiente la extensión de periodo de cálculo de la pensión y, la reforma de cotización de autónomos.
La otra gran asignatura es la reforma fiscal, pendiente como está del informe del Consejo de Expertos, creación que se cuenta como un objetivo enviado a la UE a cambio de las ayudas Next Generation. Pues bien, a tenor de las declaraciones de los miembros del Gobierno, la previsión es que el Ejecutivo acabe imponiendo una armonización fiscal -como quiere su socio de investidura, ERC-, restando competencias a las autonomías. Así, y según estudios de fiscalistas, de aplicar esta armonización, empleando la receta del catalán, cada hogar madrileño acabaría pagando 2.001 euros al año.
Cabe recordar que el Comité de Expertos dedicado a estudiar la reforma fiscal en España está formada por un nutrido grupo de profesores universitarios, y su presidente es Jesús Ruiz-Huerta, presidente de la Fundación Alternativa, laboratorio de las políticas económicas del Partido Socialista, razón por la que se entiende que entre las conclusiones estará la armonización fiscal con subida de impuestos e intervención estatal.
No en vano, el Gobierno está gestando entre otros impuestos, ya para la segunda etapa del año el mínimo global para el impuesto Sociedades, gravamen a los peajes, plásticos, residuos, así como la tasa Google y la Tobin, cuyo permiso ya ha dado para su cobro al Gobierno vasco
La otra de las reformas, que a día de hoy tiene enfrentadas a comunidades con otras es la de financiación autonómica. Sobre este asunto, fuentes del Ministerio de Hacienda -justo mientras el presidente estaba reunido con los presidentes autonómicos- señaló que espera que en el segundo semestre del año se avance en algunos conceptos de la reforma del sistema de financiación autonómica tales como la composición y el peso de las variables de la población ajustada.
En este apartado de reformas inacabadas se encuentra la Ley de Vivienda, atascada en las negociaciones entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, cuando la intención era haberla aprobado en marzo. Sin trámite aun en el Congreso, la fijación del precio del alquiler está siendo el gran obstáculo, máxime cuando Europa pide seguridad jurídica.
