El 60% de 7.000 millones de ayudas a pymes, sin repartir tras cuatro meses

Cuatro meses después de que el Congreso de los Diputados diese luz verde al fondo de ayudas directas para pymes y autónomos de 7.000 millones, la realidad sobre el reparto del dinero transferido a las comunidades autónomas dista de la previsión del nivel de cobertura que se esperaba lograr. Concretamente, el 60% de estos fondos aún siguen retenenidos en las haciendas autonómicas, unos 4.200 millones de euros. De modo que solo 2.800 millones han llegado en los últimos meses a paliar las necesidades del los trabajadores del colectivo más afectado por las restricciones aplicadas en los momentos más duros de la pandemia, y que también acusan las medidas coyunturales en los momentos de repuntes.

Más allá, el estancamiento del reparto de las ayudas persiste a pesar de que a tenor de las condiciones previstas por el Ministerio de Economía, a mediados del pasado mes de mayo se aprobó una extensión de los sectores a los que se le podía conceder esta financiación. Sin embargo, denuncia el colectivo, la dificultad en el cumplimiento de los requisitos a los posibles beneficiarios; el desconocimiento de la realidad de nuestro colectivo; la nula comunicación de la Administración con las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos, que, además, podrían haber participado en el diseño junto al Ministerio, "ha desencadenado la tormenta perfecta para hacer de estas ayudas un verdadero fiasco".

Tal y como apunta Eduardo Abad, presidente de UPTA, "ya lo avanzamos en su momento, el diseño de esta ayuda no podría llegar a la inmensa mayoría de los autónomos que han sufrido pérdidas de facturación. Se ha castigado a gran parte del colectivo que ha sufragado con recursos propios el pago a sus proveedores, descapitalizándose totalmente y agotando en muchos casos hasta su último céntimo para abordar la situación económica".

Denuncian en este punto desde la asociación representante del colectivo que el desempeño real de la ayuda está resultando totalmente contrario a la naturaleza de una financiación que pretendía llegar directamente al bolsillo de los autónomos y pymes más afectados por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, la necesidad de justificar una deuda activa para la recepción provoca que, en muchos casos, los trabajadores y pequeños empresarios que la reciben la utilicen para hacer frente a sus créditos bancarios, e incluso a los solicitados a través del ICO.

Los autónomos piden extender el dinero para quienes han tirado de ahorro durante la pandemia

La organización critica que este fondo de ayudas está diseñado para recuperar cuanto antes la inversión realizada por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del ICO, por el cual han sido concedidos miles de pequeños créditos con aval público. Para UPTA, es necesario establecer un sistema compensatorio para todos los autónomos que han hecho frente a la crisis económica con recursos propios y que cumplen los criterios de pérdida de facturación que se han establecido en las ayudas publicadas. "Es una discriminación injustificada que aquellos que han reinvertido sus ahorros en salvar su negocio, no puedan acogerse a esta ayuda. Miles de ellos se han gastado hasta el último euro", critica Eduardo Abad a cerca del diseño.

Plan alternativo

Con este plantel y ante el final de la temporada estival que acarreará en el mes de septiembre un nuevo rejón al empleo y la apertura de negocios, principalmente en las zonas de alta intensidad turística, desde el colectivo reclaman a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, una vuelta de tuerca al diseño del fondo. "La supervivencia de negocios perfectamente asentados y con una situación económica normal antes de la crisis, debe ser una de las prioridades, y los fondos sobrantes de esta ayuda deberían reorientarse poniendo en marcha un segundo plan al que puedan acogerse la mayoría de los autónomos y pequeñas empresas que estén en esa situación de perdida de facturación y que hoy continúan pasando un calvario económico", apuntan.

Así, UPTA planteará al ministerio de Asuntos Económicos un nuevo plan de ayudas directas para autónomos con pérdidas de facturación de al menos el 50%, entre los años 2019 y 2021. "Es de justicia, nuestro colectivo necesita una inyección económica o miles de actividades desaparecerán de nuestros pueblos y ciudades", apunta Abad.

Recuerda en este punto el presidente de la organización que no solo se trata de sostener a quienes se han endeudado altamente en estos últimos meses para sostener sus negocios y empleos, sino también a quienes pese a no haber accedido a financiación bancaria adicional, sí que han tirado de sus propios ahorros para superar el bache.

Los requisitos

El texto deja claros los requisitos que han de cumplir autónomos y empresas para optar a estas ayudas: que el volumen de ingresos declarados en el IVA o tributo equivalente haya caído más de un 30% en 2020 comparado con 2019; no tener la residencia de la empresa en un paraíso fiscal; no haber parado la actividad en el momento de la solicitud y mantenerla al menos hasta junio de 2022; no estar en concurso de acreedores; no repartir dividendos ni aumentar el salario de los directivos durante dos años; estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y la administración tributaria. Y además, incluye un nuevo supuesto: las comunidades podrán incluir a determinadas empresas o autónomos "atendiendo a circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 justificadas".

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