
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el viernes un presupuesto de gasto público por valor de 6 billones de dólares para el año fiscal 2022, que comenzará el próximo 1 de octubre. Esta factura se postula como la mayor desde la II Guerra Mundial.
Además, el demócrata apuesta por seguir aumentando la partida hasta alcanzar los 8,2 billones para 2031. Con este desembolso su Administración busca impulsar prioridades de inversión en infraestructura, cuidado infantil y otras obras públicas en un esfuerzo de reconstrucción nacional.
Sin embargo, la onerosa cifra no deja de ser solo una propuesta dado que le corresponde al Congreso aprobar proyectos de ley de gastos. Aunque los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes sólo controlan de manera limitada un Senado dividido a partes iguales, con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris como única opción para desempate.
La inflación se calienta
Todo ello coincidió además con los datos ofrecidos por el Departamento de Comercio, que indicó que los precios del consumo subieron en abril y la medición de inflación subyacente superó el objetivo de 2% de la Reserva Federal con su lectura anualizada más alta desde 1992, reflejando el repunte de la demanda interna tras la reapertura de la economía. En los 12 meses hasta abril, el PCE subyacente avanzó un 3,1% tras haber registrado un alza del 1,9% en marzo.
Al acecho de la inflación, que la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, insisten que será transitoria, el gobierno de Biden presiona a sus aliados internacionales para lograr un acuerdo sobre el impuesto mínimo global a las multinacionales. Un paso clave para la financiación de su ambicioso gasto público.
La mayor reforma del sistema tributario mundial en un siglo está cada vez más cerca de hacerse realidad, ya que los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de las Siete principales economías avanzadas (G7) está a punto de acordar un tipo impositivo mínimo para las multinacionales. Al menos así lo determinaron en la reunión virtual mantenida este viernes antes del encuentro en persona previsto la próxima semana en Londres.
Reino Unido, presidente de turno del G7, tiene como objetivo que durante la comitiva prevista para el 4 y el 5 de junio, justo antes de la Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de Carbis Bay, en Cornwall, que se celebrará siete días después, los responsables económicos concreten avances sustanciales en la reforma del impuesto de sociedades a nivel mundial.
En estos menesteres también se incluye la garantía de que las grandes empresas tecnológicas paguen impuestos en los países en los que operan, además de las propuestas lideradas por EEUU de un impuesto mínimo mundial.
A día de hoy se espera que los ministros de Economía y Finanzas del G7 acuerden mantener los tipos impositivos para las empresas por encima de un determinado nivel, probablemente el 15%. Una propuesta encabezada por la Administración Biden, que está comprometida a frenar la evasión fiscal de aquellas empresas que suelen trasladar sus beneficios a países de baja tributación para reducir sus pagos fiscales.
Un respaldo claro y concreto dentro del G7 ayudaría a solidificar las negociaciones en curso entre los 139 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición del G20.
Desde su confirmación en el cargo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha apoyado las ventajas que conllevaría un tipo mínimo global del impuesto de sociedades que, según ella, disuadiría a las empresas a trasladar sus sedes fiscales a otros países para reducir sus cargas tributarias aunque la mayoría de sus operaciones estén en EEUU.
Aún así, los países con un impuesto de sociedades más bajo que la media aún no han manifestado su acuerdo. El ministro irlandés de Economía, Paschal Donohoe, ha subrayado que los países más pequeños deben poder seguir utilizando la tributación de las empresas como una herramienta competitiva. En declaraciones a Sky News, Donohoe aseguró que se mantendrá firme a la hora de defender el tipo impositivo del 12,5% que rige en Irlanda y que le "preocupan mucho" los planes de Biden.