El abanico de protección del Ingreso Mínimo Vital va creciendo a lo largo de los meses y ya son más de 680.000 personas y 260.000 hogares, pero una gran parte de las solicitudes se siguen denegando a los potenciales beneficiarios de esta ayuda.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de los 1.023.703 solicitudes tramitadas se denegaron 747.617, es decir, un 73% del total. Otras 65.209 están pendientes de subsanación y previamente se desecharon 113.234 solicitudes por duplicidades.
El propio Ministerio de Seguridad Social informa de que la mayoría de las denegaciones han tenido lugar por incumplimientos de los límites de renta y/o patrimonio. Ya en marzo, José Luis Escriva aseguraba que más de la mitad de las solicitudes denegadas por aquel entonces superaban los umbrales de renta en más de un 50%.
En función del tipo de unidad familiar del que se forme parte, estos límites serán mayores o menores, y aparecen recogidos en esta tabla.
Además, el Ministerio también informa de que aproximadamente un 10% de los informes denegados se deben a "la falta de acreditación de la unidad de convivencia". En este punto, se informa de "la modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales".

Estas situaciones a las que se refiere el organismo son las relacionadas con el acceso a esta ayuda de las personas sin hogar, para las cuales se suprimió el límite de personas por vivienda, atendiendo a los supuestos de los ciudadanos que viven en centros residenciales de carácter no permanente.
También se incluyó a las "personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda", lo que en la práctica vino a incluir a los temporeros, y también a las unidades familiares transitorias, es decir, las que se tienen que mudar a otro domicilio por razones de violencia de género, separación o divorcio, desahucio...