El Gobierno se ha propuesto usar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para dar un nuevo empuje a la lucha contra el fraude fiscal y, buscando la colaboración con los autónomos, pymes y el resto de empresarios, reducir dicho fraude y la economía sumergida.
En el documento enviado a la Comisión Europea, el Ejecutivo apuesta por toda una batería de medidas que tendrán como referencia una "relación cooperativa entre la Agencia Tributaria, grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales, pymes y autónomos" con el objetivo de generalizar "unas buenas prácticas tributarias".
Esta delaración de intenciones se plantea desde el Gobierno como una relación en la que, de la mano de Hacienda, los diferentes colectivos aporten detalles o ideas para mejorar la recaudación del Estado e "incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias".
Pero no solo eso. En el marco del contexto de lucha contra el fraude, el Ejecutivo señala varios puntos, de los cuales algunos afectan concretamente a los autónomos, como la utilización de 'software de doble uso' con los que se pueden maquillar o disimular ciertos ingresos.
En este apartado de medidas también se incluye la limitación de pagos en efectivo, que tiene el objetivo de facilitar "la trazabilidad de las operaciones y dificultando comportamientos defraudatorios". En este sentido, el Congreso de los Diputados va a intentar reducir el pago máximo para determinadas operaciones de 2.500 a 1.000 euros.
El plan del Gobierno es comprobar y controlar "aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas", según apunta el Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2021, que ya enfoca a ese objetivo, que puede afectar a sectores como la hostelería, construcción, comercio o la recogida de fruta, entre otros.
Además, la Agencia Tributaria realizará una operación de reforma, aumentando los recursos humanos necesarios para la detección de ingresos no declarados, modernizar sus sistemas informáticos y mejorar la atención al contribuyente.
En este último apartado, el organismo se marca como objetivos "un nuevo modelo de asistencia integral" que primará y perfeccionará la atención no presencial, la mejora de datos fiscales sobre el Impuesto de Sociedades, un servicio de ayuda a la autoliquidación del IVA (modelo 303), la importación de los datos de los libros de registro en el IRPF o el establecimiento de un sistema único de atención tributaria que se complemente con una aplicación destinada al pago de deudas con la Administración.
