Madrid
Los impuestos, sus bonificaciones, exenciones, el dumping y la armonización fiscal están en la batalla política que los adversarios y candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el próximo 4M, tienen presentes en su discursos, entrevistas y mítines.
Como era previsible, la pelea por este asunto ha dividido a los contrincantes en dos bloques: aquellos -básicamente el centro-derecha- que son partidarios de rebajar la presión fiscal, porque entienden que de este modo la economía se hace más competitiva y por ende se crea más empleo, frente a los que opinan que -socialistas y comunistas-, a mayores impuestos, más justicia social y mejores servicios públicos.
La fiscalidad europea
A propósito del impuesto de Patrimonio -con el que elEconomista abre esta serie de piezas relativas al 4-M-, salvo España, este tributo apenas existe en la Unión Europea. Es más, se puede decir que prácticamente está en desuso.
Francia, uno de los últimos países en aplicar este tipo de fiscalidad, viene de retirar este impuesto por las enormes críticas recibidas y por el fracaso de su recaudación. Así que en 2108, decidió transformar el Impuesto Solidario de la Fortuna (ISF), y cambiarlo por el Impuesto de la Fortuna inmobiliaria (IFI).
La distinción de un impuesto u otro no es baladí, porque en este último caso solo (IFI) se gravan bienes inmuebles o activos inmobiliarios por encima de 1,3 millones de euros, mientras que aquí, en España, el impuesto de Patrimonio -cabe recordar que este tributo está delegado a las competencia de la Comunidades Autónomas- se grava sobre todo tipo de bienes y derechos.
Hay que retrotraerse a la década de los 90 para recordar que fue en esa etapa cuando 12 países del Continente europeo contaban con este impuesto que ha ido decayendo, quedando en la actualidad solo Noruega, Suiza, Bélgica y España.
Más Madrid y Unidas Podemos ya han adelantado que evitarán una guarida para los ricos en Madrid
En cuanto a Noruega y Suiza, que no están dentro de la UE, el impuesto está planteado de manera que, en Noruega existe el Impuesto sobre la Fortuna, y donde el Estado recauda el 0,15% de los patrimonios superiores a un 1,5 millones de coronas noruegas; mientras que en Suiza, el impuesto de Patrimonio es cantonal y grava todo el patrimonio de cada persona física.
Bélgica, por su parte, el IP es el está dentro del IRPF, y en efecto, no deja de marcar una tendencia defendida por hacendistas como Piketty y Zucman.
En Italia, donde no existe impuesto de Patrimonio, sí se aplica una fiscalidad sobre los activos financieros y sobre los inmuebles que los residentes tienen en el extranjero.
De España a Madrid
En España, es la Constitución de 1978 quien regula la cesión de determinados impuestos a las Comunidades Autónomas. Eso es lo que posibilita que estas administraciones determinen qué exenciones y bonificaciones aplicar, o que gravámenes elevar.
En cuestión de Patrimonio, la Comunidad de Madrid es la única del régimen común que ha decidido bonificar este impuesto al 100% y por tanto no recaudar nada. Igual que Madrid, pero dentro del régimen foral, están Álava, Guipúzcoa y Navarra. En el lado opuesto, es decir, donde más pagan los contribuyentes Patrimonio es en Aragón, Extremadura y Cataluña.
Hasta hace unos años, la competencia fiscal entre CCAA no era tema de discusión. En realidad, es una competencia que existe en cualquier régimen federal, modelo al que se asemeja España. Pero de un tiempo a esta parte, esa competencia ha derivado en 'dumping fiscal', es decir, el componente de deslealtad que reprochan esas comunidades que son proclives a mantener los impuestos más altos.
Precisamente en esa clave se encuentra Cataluña. Formaciones como la independentista Esquerra Republicana, socio de Pedro Sánchez en la legislatura, ha exigido para apoyar los Presupuestos Generales de 2021 la imposición de una cuota nacional. A la espera del momento apropiado, esa iniciativa legislativa está congelada, si bien el Gobierno ya ha creado un Consejo de Expertos con las vista puesta en una futura armonización fiscal.
Entretanto, en Madrid, los partidos del centro-derecha se manifiestan a favor de mantener Patrimonio tal y como está, en otras razones porque entienden que este impuesto es confiscatorio, y "la rentabilidad de los activos es menor que lo que se paga simplemente por mantener el patrimonio (en Extremadura el tipo máximo es de 3,75%, muy superior a los tipos de interés actuales".
Del otro lado están los socialistas y los comunistas. El candidato del PSOE-M, por ahora, prefiere no tocar la fiscalidad de Madrid. Pero no es esta la posición de Más Madrid y de Unidas Podemos. La candidata de Más Madrid, Mónica García, ya ha declarado abiertamente que quiere gravar Patrimonio para evitar que Madrid sea la guarida de los millonarios. Por su parte, Pablo Iglesias, inclinado a cambiar el impuesto de Patrimonio por un nuevo impuesto que grave las Fortunas de los ricos. La idea inicial es aplicar el impuesto para quienes tienen una riqueza de más de 1 millón de euros, incrementando la exclusión del valor de la vivienda habitual hasta los 500.000 euros.
Zapatero, el precursor de la bajada fiscal a la 'fortuna'
En la precampaña electoral de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero, defensor de las subidas fiscales, irrumpió con una promesa inédita para la izquierda. Y es que prometió congelar el impuesto de Patrimonio y guardarlo en el baúl de los recuerdos, argumentando que ese impuesto crea desigualdad, penaliza el ahorro, y es un tributo que recae en las clases medias, porque las altas ya encuentran fácil camino de elusión. Un argumento muy utilizado por la derecha. De hecho, el presidente del Gobierno dijo que este tributo estaba en vías de extinción en Europa. En aquel momento, The Wall Street Journal manifestó que esta supresión fiscal era "la mejor idea propuesta" en materia económica por el Gobierno español.
Pero en 2011, unos años más tarde, y con motivo de una petición expresa de Alfredo Pérez Rubalcaba, ya candidato del PSOE a las generales, Zapatero cambió de rumbo y volvió a recuperar el impuesto de Patrimonio, con la pretensión de convertirlo en un impuesto estatal.
