
Junts per Catalunya no tiene prisa por acordar con ERC un gobierno catalán que presidan los republicanos, aunque el plazo para una rápida investidura se está agotando, ya que expira esta semana. La formación liderada por Carles Puigdemont argumenta que no quieren limitarse a un acuerdo de investidura que dé lugar a un Govern inestable, sino que persiguen un acuerdo de legislatura que incluya un proyecto común de Presupuestos de la Generalitat y el resto de prioridades en todos los ámbitos de gobierno. Pero las diferencias en esos aspectos son numerosas y los días pasan.
Laura Borràs, como presidenta del Parlament, abrirá este martes ronda de consultas con los grupos políticos para anunciar el jueves el candidato a la presidencia de la Generalitat con más opciones, que se enfrentará el viernes al primer pleno de investidura. Si el elegido no consigue mayoría absoluta, el pleno se repetirá el domingo, y si entonces no consigue más apoyos que rechazos, se abrirán dos meses de plazo para un nuevo intento antes de tener que repetir elecciones autonómicas.
Pere Aragonès es quien está mejor posicionado para ocupar el Palau de la Generalitat a través de su alianza con Junts y la CUP -con un preacuerdo con los anticapitalistas que las bases asamblearias deberán ratificar el miércoles-, pero las discrepancias con Junts dejan todavía abiertas el resto de opciones.
Mientras tanto, a Junts se le ha abierto una nueva batalla judicial, ya que el Consorcio del Palau de la Música Catalana le reclama pagar las multas y responsabilidades asociadas a la condena de CDC por el desfalco a la institución musical, que ascienden a 6,6 millones de euros y que no han satisfecho ni CDC -en concurso de acreedores- ni el PDeCat. Para evitar embargos, Junts alegará no tener ninguna relación con CDC ni con el PDeCat porque son un nuevo partido que debió presentar avales para las elecciones del 14-F.
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