El Gobierno ya ha puesto fecha para la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos: la reforma del Reta estará aprobada en la primera mitad de 2022 y será efectiva desde entonces.
De este modo, se pondrá fin a una de las cuestiones que llevan rumiando los diferentes ministros de Seguridad Social desde hace un lustro. Y que supondrá además, otra piedra del Gobierno sobre la reforma de pensiones que incluye este nuevo modelo de aportaciones de empleados por cuenta propia, además de la activación de un fondo público para favorecer el ahorro de pymes y autónomos.
Uno de los aspectos reveladores del nuevo sistema de cotización que ya adelantó elEconomista esta semana en base al plan elaborado por el Ejecutivo, está en la regularización que llevará a cabo la Tesorería de la Seguridad Social al final de cada año de la cotización del trabajador por cuenta propia, así como hace la Agencia Tributaria con el IRPF de los asalariados en la Declaración de la Renta.
De este modo, la Seguridad Social fiscalizará estas aportaciones realizadas en el conjunto del año cotejándola con el nivel de ingresos repercutido, de modo que si las aportaciones han sido inferiores a lo correspondiente por el nivel de rendimiento se deberá de ingresar la diferencia, mientas que si la aportación es mayor en proporción a los beneficios obtenidos será la Tesorería pública la que devolverá la diferencia al trabajador autónomo.
Trámite parlamentario
Esta misma semana, el ministro Escrivá reconoció que las negociaciones del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos están "muy avanzadas" y que aspira a poder traer el nuevo modelo al Senado y al Congreso "pronto". El ministro asegura que va a buscar el "máximo consenso" en el marco del diálogo social, ha apuntado que si se hiciera ahora mismo el cambio a los tramos que se están negociando, "el 70% de los autónomos cotizaría menos a la Seguridad Social de lo que cotiza hoy".
A finales del pasado mes de febrero en el encuentro que el Ministerio mantuvo en el marco del diálogo social y con organizaciones de autónomos para abordar el nuevo Reta, el Gobierno presentó una propuesta en la que recogía que los trabajadores autónomos podrían elegir entre 13 bases de cotización provisionales a la Seguridad Social en función de su previsión de rendimientos netos, como adelantó este medio. En la propuesta que está estudiando el Gobierno estarían recogidos los autónomos societarios, los que tributan por estimación directa, objetiva y atribución de rentas, y faltaría por determinar lo que pasa con los familiares colaboradores y los religiosos.
Cambio cada tres meses
Además, el Ejecutivo siguió manteniendo la idea presentada en noviembre de que los autónomos podrán cambiar de base de cotización trimestralmente para ajustarla a sus rendimientos. De esta forma, como se ha apuntado, los autónomos, cada año, enviarán a la Tesorería General de la Seguridad Social en noviembre sus rendimientos reconocidos de las declaraciones tributarias, la Tesorería comparará las bases de cotización provisionales con los rendimientos netos y pasará a su regulación mediante la devolución de cuotas de oficio o mediante el ingreso de las diferencias.
Por último, el ministro Escrivá también valora positivamente que la afiliación de autónomos al Reta, "a diferencia de lo que sucedió en la anterior crisis", tiene ahora más afiliados que antes del inicio de la pandemia.
El Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social
Por el lado contrario, al tratarse de un sistema que prevé bascular las aportaciones de los autónomos según sus ingresos, si más de dos millones de afiliados al Reta tiene en estos momentos rendimientos por debajo del SMI, el Gobierno prevé que la medida suponga un aumento de la cuota que pagan más de medio millón de autónomos cada mes, obteniendo ingresos superiores a 30.000 euros al año.
Con todo ello, el Gobierno prevé que la reforma del Reta eleve en un 20% la recaudación de la Seguridad Social a través de las aportaciones que realizan los trabajadores por cuenta propia, es decir, unos 2.000 millones de euros más cada año, que se sumarían a los 10.000 millones de media que suponen las cotizaciones de todos los autónomos a lo largo de un año para las arcas públicas del Estado.
Preocupa la economía sumergida
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, recalca su preocupación por el aumento de la economía sumergida ante la crisis sanitaria. Advierte de que "en momentos de dificultad en el empleo es cuando asoma más" la economía sumergida. Al valorar el papel de los asesores fiscales y los técnicos tributarios durante los meses más duros de pandemia, con "momentos de complicación normativa" para el colectivo de autónomos, señala que el impacto económico de esta crisis está siendo "muy duro" para las pymes y autónomos.
"Esta crisis está siendo desigual según sector e incluso provincia, pero también ha influido el tamaño empresarial", asegura. También traslada su preocupación por que el 46% de los autónomos personas físicas cuentan con un rendimiento neto inferior al salario mínimo interprofesional (SMI).
