La Agencia Tributaria (Aeat) persigue a los administradores de las empresas para cobrar y ha aumentado los procedimientos de "derivación de responsabilidad" contra ellos y otras figuras un 119% en 2020. La Aeat utiliza esta figura legal para exigir el pago de deudas o sanciones no atendidas por las empresas a sus administradores.
Los fiscalistas destacan el contraste de las medidas facilitadas por el Ejecutivo en materia de insolvencia empresarial frente a las adoptadas en materia tributaria. Moncloa permitió retrasar las solicitudes de concurso de acreedores durante este periodo de pandemia y avaló la subsistencia de sociedades con déficit de fondos propios. A su juicio, esto provocará derivaciones de responsabilidad "cuasi-automáticas" a los administradores de dichas sociedades, siempre y cuando no acrediten que han hecho lo necesario para su pago o que no hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.
En el contexto actual de la pandemia y para evitar situaciones de litigiosidad e inseguridad, la Aedaf pide que se establezcan directrices claras que permitan a los administradores acreditar que se dan las circunstancias excluyentes de su responsabilidad que sean consideradas suficientes por Hacienda.
Destacan también los casos en los que, declarado el concurso de acreedores calificado por el juez de fortuito -lo que acredita la diligencia de los administradores-, la Hacienda Pública inicia severos procedimientos de derivación de responsabilidad frente a éstos, exigiéndoles una diligencia más exhaustiva, lo que, según los asesores fiscales, genera dos diferentes "raseros" de medición del comportamiento de los administradores mercantiles de difícil comprensión.
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