Madrid
En 2018, el Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol, en coalición con Podemos y los soberanistas de la MES, rubricaba una Ley de Vivienda en la que legislaba la figura de la expropiación de la propiedad privada. En el texto, publicado en el BOE el 13 de julio de 2018, el documento explicitaba que a la Administración autonómica de Baleares le corresponde el ejercicio de determinadas competencias entre las cuales se encuentra la potestad de expropiar. Además determina que esta misma actuación se puede llevar a cabo con los grandes tenedores -al menos 10 viviendas- con la posibilidad de entrar en las viviendas desocupadas.
Ya en 2017, Armengol subrayaba que una de sus prioridades en la legislatura se fundamentaría "en una ambiciosa política" de vivienda social, advirtiendo de la puesta en marcha de la captación de la vivienda privada, durante nueve años, para transformarla en alquiler social.
Además, se comprometió a a recalificar viviendas que estaban en régimen de compra para que estén en régimen de alquiler, así como una firma o acuerdo con la Sareb para que cedieran pisos.
Después de este recorrido, con el turismo desplomado por los suelos, los hoteles y la vivienda destinada al turismo vacía, el Govern de Francina Armengol ha resuelto iniciar la expropiación de 56 viviendas privadas, durante siete años -dos años menos de lo incialmente previsto en las promesas electorales-, y cuyo precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda.
El coste total de esta operación se eleva para el Ejecutivo de las Islas Baleares a 1,8 millones de euros.
