Madrid
Malos tiempos para Podemos. De días de casos ante la justicia, archivados para la formación morada, a días de reaperturas de antiguas investigaciones, de señalamiento por parte de la Fiscalía y, de nuevas imputaciones como la de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. La situación que se dio ayer se suma a todas estas, y cerca al partido de Pablo Iglesias con la reapertura del caso de la 'Caja B' de Podemos.
En efecto, este martes la Audiencia Provincial de Madrid reabrió la investigación de la Caja de Solidaridad de Podemos. Se trata de la Caja creada en 2018 por Rafael Mayoral, diputado nacional y secretario de Sociedad Civil de un partido que hoy está bajo sospecha.
El juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivó esa parte de en octubre
La justicia cree que una transferencia de Podemos a una asociación pudo servir para operar al margen de la inspección del Tribunal de Cuentas. Es decir, que la consabida Caja, presuntamente funcionaba como un coladero para desviar fondos a empresas fantasmas.
En su origen, el fin de esa 'Caja B', al menos en sus estatutos, era servir de herramienta para pagar, gracias a las donaciones de los dirigentes de Podemos, las donaciones a colectivos necesitados, o al pago de los procesos litigiosos.
Esta nueva decisión judicial sorprende -a una semana de la imputación de Podemos y de Monedero-, porque llega después de que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivara esa parte en octubre. Ahora, y tras el recurso presentado por Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Legea, la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelve que el magistrado que instruye la causa en la que se investiga la financiación de Podemos, Juan José Escalonilla, debe continuar indagando si hubo o no una administración desleal de la Caja.
La investigación sobre ese aspecto concreto de las finanzas partía de la denuncia realizada por el que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, quien sugirió una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.
En el auto, con fecha de 16 febrero, el tribunal señala que el resultado de las gestiones practicadas por la brigada de la policía judicial adscrita al juzgado "viene a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de un delito". Y añade la Sala que se ha constatado que una asociación -#404 Comunicación Popular- solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad del partido y que éste le transfirió 30.000 mediante tres transferencias entre octubre de 2019 y junio de 2020.
#404 Comunicación Popular
Como ya informó elEconomista el 2 de agosto de 2020, en la anterior investigación del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, queda de manifiesto que las investigaciones del letrado Calvente se inician tras las sospechas de trabajadores de la casa (Podemos) que encuentran que hay alguien metiendo la mano en la caja. Y así, y sobre eso, en investigación interna, Calvente se topa con un caso como el de #404 Comunicación Popular, una entidad que recibió 50.000 euros de la Caja de Solidaridad, para un proyecto de carácter social.
Pues bien, tirando del hilo, Calvente concluye que #404 Comunicación Popular es una web que controla Christian Ruiz Navarro -asesor de Podemos en el Parlamento de la UE- e, Idoia Villanueva, trabajadora de Mayoral, y hoy secretaria de Internacional de la nueva cúpula de Podemos.
Además, en un segundo auto, ese mismo tribunal estima el recurso interpuesto por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas contra la decisión del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid de no admitir su personación como acusación particular. Canovas argumenta ser víctima de los delitos de administración desleal y malversación por el uso irregular de los fondos que se "exigían" a los cargos públicos.
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