La portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Trabajo, Isabel Franco, confirmaba en sede parlamentaria, durante la última comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo que ya era un secreto a voces en los círculos políticos y empresariales, la connivencia de Podemos con los sindicatos mayoritarios para promover una campaña de movilizaciones contra el equipo económico del presidente Pedro Sánchez.
Una "huelga general", fue entonces la amenaza de la portavoz de la formación morada, que tiene su primer episodio con las concentraciones que CCOO y UGT realizaron este jueves frente a las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias españolas -en Madrid eligieron el Ministerio de Asuntos Económicos-, con tres objetivos principales en el punto de mira: la reforma del sistema de pensiones, la reforma laboral, y la subida del salario mínimo interprofesional.
Los mensajes lanzados fueron claros. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, advirtió: "Empezamos a estar hartos de promesas que no llegan al BOE". Su homólogo en CCOO apuntó: "No se puede decir que solo se legislará si hay un acuerdo, porque es dar un veto a las patronales".
Tres objetivos calientes que ambos promotores personifican en otros tantos miembros del Ejecutivo: el citado Escrivá como máximo responsable de la Seguridad Social, la vicepresidenta Carmen Calvo y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Con Nadia Calviño ya lo intentaron, pero se han convencido de que es misión imposible porque Sánchez sabe que es su única garantía de credibilidad ante Bruselas. Sin embargo, son también conscientes de que descabezando a sus apoyos en el Gabinete la ministra de Economía perdería capacidad de influencia y maniobra.
Es por ello que miembros destacados del Grupo Parlamentario Socialista empiezan a hablar de unas 'movilizaciones trampa' dirigidas a presionar al ala socialista del Gobierno y promovidas desde el bando podemita, si se tiene en cuenta que las reivindicaciones de los sindicatos coinciden plenamente con las demandas de Pablo Iglesias y los suyos y alimentan esa estrategia de minar al Ejecutivo desde dentro mientras se dedican a la propaganda olvidando la gestión.
Podemos es "un partido que nació en la calle y, como la cabra, tira al monte", recuerdan, mientras apuntan que "Iglesias sabe que está acabado políticamente si se pone al lado de una reforma que reduzca el gasto en pensiones o si no se deroga la reforma laboral". De ahí que aluda continuamente al pacto que dio lugar al Gobierno de coalición y que dice textualmente que "derogaremos la reforma laboral".
La sucesión de Iglesias
Y aquí es donde los objetivos de Podemos entroncan con la ministra de Trabajo. No porque Díaz no comparta algunos de los puntos claves de Podemos respecto a la reforma como la generalización del contrato indefinido, la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, la ultraactividad de los convenios o la regulación de los contratos de formación y en prácticas, que sí los apoya; sino porque desde el ala podemita de la coalición morada se considera a Díaz como un verso suelto y una amenaza a los planes sucesorios de Pablo Iglesias.
Díaz no es de Podemos, como le recordaba recientemente a Escrivá, sino de Izquierda Unida, pero además el creciente protagonismo y la valoración que de su gestión hacen las encuestas -en contraste con la de sus colegas de Consumo, Universidades e Igualdad- la convierten en firme candidata a suceder a Iglesias en el liderazgo de Unidas Podemos, rompiendo así los planes del líder morado que tiene reservado ese puesto para su pareja, Irene Montero, para que todo quede en familia y bien atado.
Por ello el empeño que desde la dirección de UP se hace para vincular cada vez más a la ministra de Trabajo con el ala moderada del Gobierno y sus acusaciones de complicidad con los grandes grupos empresariales. Además de que Yolanda Díaz ha sido el único miembro podemita del Gobierno en desmarcarse de las declaraciones de Iglesias sobe la calidad democrática de España, asegurando que nuestro país "destaca en las listas de las democracias más plenas" y pidiendo "cuidar y mimar a las instituciones".
Pero estas movilizaciones 'sindicalpodemitas' amenazan también seriamente las esperanzas de recuperación de la economía, del crecimiento y del empleo y atentan contra la llegada de los dineros desde Europa que son el elixir en el que el Gobierno fía la salida de la recesión. Recordar que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han firmado ya el reglamento del fondo de recuperación y resiliencia, del que a España corresponden más de 140.000 millones. Documento este en el que las instituciones comunitarias han acordado que no se desembolsarán los dineros hasta que se compruebe la ejecución de las reformas, entre las que son prioritarias esas que los sindicatos mayoritarios y Podemos quieren derogar. Acuerdo que se suma al aviso lanzado por las autoridades de Bruselas sobre el fin de las subidas salariales en Europa, dentro de un contexto en el que España está entre los países más amenazados por el estallido de una crisis social por el aumento desbocado de la deuda, un déficit público descontrolado, la destrucción del tejido empresarial y más de cinco millones de parados.
