Madrid
La mayoría que socialistas y podemitas tienen en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados se ha hecho valer este martes para rechazar en bloque y veto directo a 85 enmiendas parciales del Partido Popular, entre las cuales se encuentran iniciativas como bajada de impuestos, un plan de apoyo a los autónomos, el fondo adicional para los ayuntamientos, apoyo a la hostelería, al turismo, una subida del sueldo de funcionarios de Prisiones, complementos retributivos para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado o, complementos para fiscales y jueces en Cataluña.
El argumento utilizado en este caso es que estos gastos no contribuyen a hacer efectiva la política económica del Gobierno. En concreto, el rechazo a estas enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular, cuya portavoz es Cuca Gamarra, han dado carpetazo a una prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad hasta el 31 de mayo de 2021. Y supone el cerrojazo también a un Plan de Choque para el turismo de las Islas Canarias de 50 millones de euros, entre otras enmiendas.
El veto de la mesa de la Comisión presupuestaria, presidida por Podemos, con otros dos miembros más del PSOE y dos del PP, no ha sido tal en el caso de las dos enmiendas presentadas por ERC-EH Bildu-Unidas Podemos, en las cuales piden que se prorrogue la prohibición de los desahucios hasta finales de 2022, o el 1 de enero de 2023.
Según el documento oficial firmado por los letrados de la cámara, documento al que ha tenido acceso elEconomista, las dos enmiendas antidesahucios, la 3778 y 3779, señalan que son enmiendas que afectan al derecho privado, "lo que no tendría conexión directa con ingresos y gastos".
La vía del real decreto
Sin embargo, ambas enmiendas han pasado el filtro de Podemos. Si bien el entorno del partido indica que están muy esperanzados en que dicha iniciativa se eleve en pocos días a real decreto-ley y, finalmente se amplíe la prórroga de la prohibición de desahucios, que a día de hoy concluirá el próximo 31 de diciembre. Según ha podido saber elEconomista, de no pasar esto, Podemos no está dispuesto a retirar la enmienda desde ningún punto de vista.
A pesar del citado informe, la presidenta de la Comisión de Presupuestos y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, aseguró este martes que los letrados del Congreso de los Diputados no se refirieron específicamente a la invalidez de la enmienda sobre desahucios presentada por Unidas Podemos, ERC y Bildu, sino a "muchas enmiendas que no cumplen con los requisitos" para ser incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.
Asimismo, señaló que desde la Mesa de la Comisión "hemos decidido que vamos a seguir un criterio flexible como se hace en muchas ocasiones" para que todas esas enmiendas "sigan su tramitación y que los diferentes grupos decidan sobre su futuro, y no a partir de la opinión de un grupo de letrados".
